El PP mide el «sí» al estado de alarma que blinda a Sánchez

Génova dejó para hoy el anuncio oficial de su posición ante el nuevo estado de alarma aprobado por el Consejo de Ministros por una duración de 15 días, aunque la intención del Ejecutivo es prorrogarlo durante seis meses. Pablo Casado se enfrenta a su primera prueba de fuego tras la ruptura sentimental con Vox, que formalizó en el Congreso la pasada semana durante el debate de la moción de censura contra Pedro Sánchez.

El Ejecutivo tiene asegurados los apoyos de la prórroga por el acuerdo alcanzado con Ciudadanos y con el PNV, pero la posición del PP es clave en la lectura sobre cuál es la política de oposición de Casado tras su choque con Santiago Abascal. Y porque, además, por medio está el interés de las comunidades gobernadas por el PP, en su mayoría necesitadas del toque de queda al que da cobijo el nuevo estado de alarma por la cifra de contagios, igual que les está ocurriendo a las autonomías socialistas. El virus no distingue de color político y Cataluña y País Vasco también necesitan de este amparo nacional.

La dirección del PP valoraba ayer condicionar el «sí»" a un cambio legislativo y a una limitación temporal de la vigencia de la alarma. En sí, el anuncio de Sánchez fue recibido en Génova como «una burrada», consecuencia de que Sánchez «se haya negado a cambiar las leyes». «En el resto de Europa no es necesario el estado de alarma porque las leyes permiten adoptar medidas sin necesidad de llegar tan lejos», insisten, en la línea de lo que vienen diciendo desde el primer estado de alarma. Una exigencia de reforma legislativa que ha caído en saco roto, incluso a pesar de que formó parte de los compromisos firmados con Ciudadanos para su apoyo al Gobierno durante el confinamiento de la pasada primavera. E incluso a pesar de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció que tenía listos los borradores de esa reforma de la legislación ordinaria en julio, y dijo también que quería aprobarla a la vuelta del verano.

Por eso, en Génova han debatido la posibilidad de condicionar el apoyo a un estado de alarma que dure mucho menos tiempo del anunciado por Sánchez y hasta que esté lista la reforma de la legislación sanitaria que garantice y proteja legalmente las restricciones y confinamientos. Es decir, ofrecer un posible apoyo en primera instancia, pero condicionado a sentarse ya con Carmen Calvo y preparar la reforma legislativa prometida.

En las comunidades del PP, salvo Madrid, acogieron ayer con alivio contenido, para no chocar con Génova, la decisión del Consejo de Ministros ante la gravedad de la situación sanitaria que tienen que administrar. En Castilla y León ya se habían anticipado al toque de queda, y Andalucía y Murcia ven también necesario avanzar con el apoyo de esta restricción, como última salida para evitar el confinamiento. Galicia acumula malas cifras en los últimos días, pero el gran interrogante es Madrid, que actuará en coordinación con Génova, y que este viernes anunció nuevas medidas para evitar el toque de queda que ya estuvo encima de la mesa del Consejo Interterritorial de Salud.

Ante la mala evolución sanitaria de la pandemia la necesidad de aumentar las restricciones no es debatible. Pero igual que ocurrió en primavera con las prórrogas del estado de alarma, que el PP dejó de apoyar pese a ser necesario continuar con el confinamiento, ahora también hay margen para una discusión política, justificada en cuestiones jurídicas y competenciales, que el PP tiene que medir hasta dónde puede jugar. El líder de la oposición y el presidente del Gobierno conversaron ayer, pero, según confirmó Génova, Casado no adelantó a Sánchez su postura ante el Real Decreto. La primera impresión política que trasladaban ayer tarde desde Génova era que la prórroga de seis meses es en sí «infumable». «Seis meses en estado de alarma con Sánchez a las manos es un peligro. Hay que aclarar que el estado de alarma en España no tiene nada que ver con el resto de países de la UE porque concede al Gobierno poderes infinitos. Por eso venimos exigiendo la reforma de la Ley de Salud Pública, e incluir la alarma sanitaria, como en la UE».

Más allá del debate político, y de los escaños necesarios para sacar adelante la prórroga, la gravedad de la situación hace aconsejable que el Gobierno busque el acuerdo con el PP para una decisión tan a largo plazo y evitar situaciones como el último choque con la Comunidad de Madrid. El debate es una cuestión de Estado.