La Fiscalía del Supremo abre una segunda investigación al Rey emérito

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierta una nueva investigación al Rey emérito por hechos sucedidos a partir de 2014, año en que abdicó y, por tanto, perdió la prerrogativa de la inviolabilidad penal que le otorgaba la Constitución como Jefe de Estado.

La Fiscalía General del Estado, en una breve nota de prensa informaba que la fiscal general, Dolores Delgado, firmó esta mañana un decreto para que la Fiscalía Anticorrupción remitiese “con efectos inmediatos” a la Fiscalía del Tribunal Supremo unas nuevas diligencias de investigación, que se sumarán a las abiertas desde hace meses que están relacionadas con las presuntas comisiones pagadas por la construcción del Ave de Medina a La Meca. Estas diligencias, las relacionadas con el esas supuestas comisiones ilegales, serán previsiblemente archivadas y, por tanto, no se interpondrá ninguna querella contra Don Juan Carlos ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Sin embargo, el Ministerio Público no ha detallado con qué hechos están relacionados la nueva investigación al Rey Don Juan Carlos.

Este martes Eldiario.es publica que Anticorrupción investiga a Juan Carlos I, a la reina emérita Sofía y a varios de sus familiares por el uso de tarjetas opacas, cuyos fondos proceden del extranjero y que se utilizaron desde una cuenta en la que ninguno de ellos aparece como titular entre 2016 y2018, es decir, después de la abdicación del primero.

Fuentes oficiales de la Fiscalía han explicado que la nuevas diligencias son reservadas, con lo que no han confirmado si corresponden a lo publicado este martes, al tiempo que otras fuentes fiscales han apuntado que esa información “no es exacta” en todos sus términos.

La nota de la Fiscalía General también especifica sobre la nueva investigación que, una vez recibido un informe de Anticorrupción sobre este asunto “y constatada la identidad de algunos de los extremos publicados con el contenido de las Diligencias de Investigación”, que no mencionan en ningún momento, han tenido que incoar “diligencias de naturaleza gubernativa” para “comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes”.

Además, la Fiscalía también ha abierto una investigación para intentar determinar la filtración de este asunto a un medio de comunicación y los hechos se han comunicado al Delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General “a los oportunos efectos”