Las comunidades presionan para empezar a confinar ya

Las Comunidades en su conjunto, con independencia de que el Gobierno sea socialista o de la coalición PP-Cs, han comenzado a trasladar en privado al Ministerio de Sanidad la exigencia de que prepare la cobertura legal necesaria para poder decretar, como muy lejos en un par de semanas, el confinamiento domiciliario. Asturias, como había hecho el día anterior Melilla, se atrevió ayer a hacer pública su petición formal, que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desestimó porque cree que hay que esperar más tiempo hasta comprobar si hacen efecto las medidas amparadas en el nuevo estado de alarma.

La situación es «kafkiana». La semana pasada el Gobierno aprobó una discutida prórroga de un estado de alarma, que ya parece que se ha quedado viejo, o que, al menos, no cubre las necesidades de todas las comunidades para responder a día de hoy a su crisis sanitaria. Desde hace días, desde distintos Gobiernos autonómicos se está haciendo llegar a Sanidad el mensaje de que es necesario que vayan preparando la cobertura legal para el confinamiento domiciliario, por entender que el decreto de estado de alarma, que permite reducir la movilidad con cierres perimetrales y limitar los encuentros sociales, no es suficiente. Sanidad dice que sí, y que hay que esperar porque con las medidas en vigor será posible controlar la mala evolución de la curva. En cualquier caso, el margen se agotaría en diez o quince días, que es lo que está establecido que se tarda en comprobar los resultados.

Asturias ya ha dado el paso al frente, y desde el Principado advierten de que las autoridades de Madrid se hacen responsables de lo que ocurra en los próximos días en el sistema sanitario asturiano si no atienden su petición de que se les facilite el paraguas legal para imponer un confinamiento domiciliario por quince días. El momento es crítico, y así lo piensa también Melilla, que el domingo formalizó la misma petición que Asturias. Y sin llegar a solicitarlo de manera formal, en la misma línea advierten desde Castilla y León y Andalucía, por ejemplo, con Gobierno del centro-derecha. «El sistema está en serio riesgo de colapsar», dice la advertencia autonómica. A lo que el ministro de Sanidad contestó ayer que hay que tener paciencia para ver los resultados. «Ahora no prevemos ni estamos trabajando en ello. Consideramos que el abanico de medidas que se ha puesto a disposición de las comunidades es suficiente».

En nuestro entorno europeo el confinamiento domiciliario está de nuevo en vigor, incluso con tasas de incidencia de contagio inferior a la española. Y diga lo que diga Sanidad, las comunidades sí prevén y sí trabajan ya en esta medida, que creen, además, que debería adoptarse con carácter nacional para «no seguir corriendo cada uno por nuestro lado como pollo sin cabeza». En la gestión autonómica sanitaria se hacen la pregunta de «qué sentido tiene el tiempo y los esfuerzos perdidos en sacar adelante un estado de alarma que en días se ha quedado obsoleto». La norma no contempla una medida similar a la adoptada entre marzo y junio, y requeriría una ampliación y revisar también su fiscalización parlamentaria. Son seis meses con un control cada dos, sin votación, cuando, según la Constitución las prórrogas del estado de alarma deben votarse cada quince días en el Congreso. El Ejecutivo, sin embargo, descartó ante la segunda ola de la pandemia una medida tan dura, que ayer solicitó formalmente el presidente asturiano, Adrián Barbón Rodríguez, quien también anunció que cerrará todas las actividades comerciales no esenciales y adelantará el toque de queda. Illa ha convocado al Gobierno asturiano esta mañana a una reunión telemática.

Para el Gobierno de coalición es un nuevo problema político tener que diseñar un nuevo instrumento legal para establecer la permanencia en los domicilios por las dificultades para encontrar socios parlamentarios que se lo validen. El estado de alarma entró en el pulso político desde que el PP dejó de apoyarlo en primavera y el Gobierno asumió con Cs el compromiso de revisar la legislación sanitaria, y hasta hoy no ha ejecutado la palabra dada a los naranjas. El estado de alarma prevé que se restrinjan los derechos fundamentales, pero no que se supriman. De ahí la necesidad del control parlamentario de las medidas que recoge.