El Gobierno iniciará las devoluciones en caliente en Canarias tras el aval del Tribunal Constitucional

El Gobierno estaba pendiente del Tribunal Constitucional para tener el paraguas jurídico que respaldará la entrega de los irregulares que permanecen hacinados en Canarias a sus países y a mediodía salía el dictamen. El Pleno del TC ha avalado la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana salvo el «uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» prevista en el artículo 36.23 de esa norma. Todo apunta a que el Ministerio del Interior aplicará esta medida pese a que los dos partidos que forman parte del Gobierno de coalición la rechazaban.

La sentencia desestima así la mayoría de las impugnaciones del recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Gobierno del PP por PSOE, IU, Grupo Mixto y UPyD y avala, por tanto, también las devoluciones en caliente. Hay que recordar que los socialistas recurrieron la normativa ante el TC porque consideraban que “vulneran el derecho a la dignidad, a la intimidad de las personas, a la libertad de información, a la tutela judicial efectiva, y el derecho de reunión y el de manifestación”, mientras que el socio minoritario, Unidas Podemos, siempre ha insistido en la necesidad de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite esta práctica.

La versión oficial desde La Moncloa es que “este gobierno acatará las resoluciones judiciales”, por lo tanto el dictamen del TC abre la puerta a esta práctica como solución a las crisis migratoria en el muelle de Arguineguín, donde permanecen hacinados más de 2.000 inmigrantes desde hace varias semanas.

Sin embargo, esta medida amenaza con abrir otra grieta entre los dos socios de la coalición ya que los de Pablo Iglesias consideran que un gobierno progresista no puede aplicar estas devoluciones en Canarias. Sin ir más lejos, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, pidió este martes poner fin a “la práctica de abrir la puerta de la valla y expulsar” a las personas que entran irregularmente a España. Además, Unidas Podemos Canarias pidió ayer la dimisión del titular de Interior, Fernández Grande Marlaska, al igual que el Partido Popular y Coalición Canarias.

No en vano, ya en el mes de febrero el PSOE y Unidas Podemos ya protagonizaron por la decisión del titular de Interior de endurecer el derecho de asilo y elevar la vallas de Ceuta y Melilla para contener los saltos en sendas fronteras y disuadir a los inmigrantes.

El Tribunal Constitucional prevé aprobar hoy el dictamen que avalará la práctica totalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno del PP en mayo de 2015 bajo el impulso de quien entonces era ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. La ponencia de la sentencia, elaborada por el presiente del TC, Juan José González Rivas, contará con un aval muy mayoritario en el seno del tribunal.

Entre los puntos que cuestionó el PSOE y otros diputados de la entonces oposición figuraba el relativo a la previsión en la citada Ley de las “devoluciones en caliente” de aquellos migrantes que llegasen a nuestro país de forma irregular. En el recurso se sostenía que ese criterio conculcaba el derecho de los afectados a solicitar asilo, refugio y protección internacional. Sin embargo, el Alto Tribunal rechazará tal tesis y vendrá a concluir que esa medida no vulnera derechos constitucionales.

En este punto, el Tribunal Constitucional incorporará como otro argumento para ratificar la constitucionalidad de esa medida de la sentencia de febrero de este año del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) donde se consideraba que esa medida, con independencia del uso o no de la fuerza para llevarla a cabo, no vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En la primera redacción del borrador de sentencia, realizada por Fernando Valdés, se venía a concluir en que dicho precepto era inconstitucional; pero a la vista de esa decisión del TEDH el TC prevé concluir justo lo contrario. Por tanto, ha existido un giro radical en este aspecto.

La práctica de las devoluciones en caliente comenzó en 2005. Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy las amparó con la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, tanto el PSOE como Unidas Podemos han prometido desde la oposición que acabarían con ellas, sin embargo gobierne que gobierne utiliza esta práctica.