La fiscal que desinfló la investigación sobre la financiación de Podemos asesoró a Justicia en la nueva Ley Penal

Se opuso a que se investigara la reforma de la sede de la formación de Iglesias, que costó el doble de lo previsto, al no ver indicios de delito

Gorka Velle Bergado (c), abogado de Unidas Podemos en la causa que investiga los contratos suscritos por Unidas Podemos con la consultora pol�tica Neurona con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid
Gorka Velle Bergado (c), abogado de Unidas Podemos en la causa que investiga los contratos suscritos por Unidas Podemos con la consultora pol�tica Neurona con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, en los Juzgados de Plaza de Castilla, en MadridEduardo Parra Europa Press

El Ministerio de Justicia prevé remitir en breve -incluso es posible que sea mañana mismo- el borrador de anteproyecto de ley de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se contempla otorgar la investigación de los procedimientos penales a la Fiscalía y la instauración de la figura del Juez de Garantías, encargado de velar por el respeto de los derechos de todas las partes y que todos actúen en plena igualdad. Además, se prevé la supresión de que los partidos políticos y sindicatos puedan personarse en las causas como acción popular, como ha sucedido en no pocas ocasiones -basta recordar el PP en el “caso de los Ere de Andalucía o el PSOE en “Gürtel”-.

Para la elaboración de ese borrador de anteproyecto, el ministerio de Justicia, del que es titular Juan Campo, designó el pasado diez de mayo a los integrantes de una Comisión formada por cinco fiscales, tres magistrados y dos profesores de Derecho Procesal integraban el grupo de expertos, coordinado por el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, quien presidirá la comisión.

Entre los que han formado parte de la misma se encuentra la fiscal Lorena Álvarez Taboada. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ya en 2011 formó parte también del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, cuando al frente del Ministerio se encontraba Francisco Caamaño y del que Juan Carlos Campo era secretario de Estado.

Lorena Álvarez está asignada al Juzgado de Instrucción de Madrid que investiga la presunta financiación irregular de Podemos. En la fase de instrucción se ha opuesto a que el juez Juan José Escalonilla investigara la reforma de la sede de Podemos al no apreciar indicios delictivos en unos trabajos licitados por 649.000 euros y por los que el partido de Pablo Iglesias desembolsó finalmente el doble, 1,3 millones. Álvarez Taboada pidió al magistrado que investiga la supuesta financiación de la formación morada que acotara la investigación a la contratación de la consultora Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Contrato con Neurona

En su escrito, atribuía el resto de denuncias del ex abogado de Podemos José Manuel Calvente -entre ellas la existencia de una supuesta “caja B” y el pago de sobresueldos a altos cargos del partido- a meros “rumores, sospechas o suspicacias” e incluso a la “clara” animadversión del letrado respecto al partido, que le despidió cuando estaba investigando supuestas irregularidades (junto a la entonces también abogada de la formación Mónica Carmona) e incluso le denunció por acoso, una causa que ha sido archivada.

Para la Fiscalía los sobresueldos no estaban acreditados, por lo que concluía que no se podía deducir que hubiesen cobrado “más de lo que les corresponde”, aunque el cobro de cantidades por encima de las fijadas por el partido como límite ético podía ser -admitía- “discutible” con su normativa interna en la mano,

Sí vio “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo” en el contrato con Neurona al no haberse acreditado en su opinión “la justificación de este gasto” (363.000 euros) y al sospechar que se trata de una empresa “creada “ad hoc” para la prestación del servicio” en cuyas cuentas no constan “gastos de personal, medios materiales o locales” propios de una actividad empresarial”.

La fiscal respaldó el pasado 20 de octubre que Podemos siguiese como imputado en la causa por resultar “más garantista” para el partido morado pues, según argumentaba “le permite tener conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias”. La representante del Ministerio Público se oponía así a la petición de archivo de Podemos, negando que su imputación por el contrato con Neurona fuese “absurda o arbitraria”.

Más recientemente, la fiscal se opuso a que agentes de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía investiguen sin restricciones el contrato de Podemos con Neurona Comunidad, adhiriéndose parcialmente al recurso interpuesto por Podemos contra la decisión del instructor de autorizarles a recabar cualquier información y documentación que consideren necesaria en relación al polémico contrato. Para la representante del Ministerio Público esa “autorización general” a la unidad policial resultaba «excesiva».