Los socios del Gobierno exigen desterrar el español

El primer pago del Gobierno a ERC fue incluir en la reforma de la Ley de Educación la eliminación del castellano como lengua vehicular en las escuelas. Ahora, los socios de Pedro Sánchez van un paso más allá en su hoja de ruta dirigida a reducir la presencia de la lengua oficial en todo el país y exigen «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal». Esto es, minimizar el uso del español en las instituciones públicas y aumentar el uso de las lenguas coficiales para acabar «con las discriminaciones linguísticas».

Unidas Podemos, ERC, Bildu, junto a JxCAT, CUP, el PNV, Más País, Compromís y el BNG vuelven a situar el castellano en el foco político para ahondar su estrategia rupturista. Registraron ayer una proposición no de ley (PNL) en el Congreso con el objetivo de instar al Ejecutivo a que se permitan en las instituciones nacionales el uso de las lenguas coficiales del Estado, «con independencia de su ubicación», alegando que existe una discriminación a los hablantes de estas lenguas. Consideran así que el Gobierno debe «asumir la realidad plurilingüe» del país.

Piden que las lenguas cooficiales «gocen de los mismos derechos y deberes que el castellano. Además, nacionalistas e independentistas demandan al Ejecutivo que garantice «el deber de conocimiento por parte del funcionario que preste servicios en territorio con lengua propia».

Los partidos firmantes reclaman el uso de todas las lenguas en instituciones como las Cortes Generales, así como en el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y empresas públicas como RTVE. En su exposición de motivos, las fuerzas políticas aseguran que el Estado debe ser «excluyente» de las discriminaciones linguísticas y le llaman a ser «consciente de la situación de discriminación a la que han sometido los hablantes de estas lenguas». Ven necesario «generar políticas activas de recuperación de su dignidad y autoestima». Piden «impulsar y apoyar reformas estatuarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan».

A juicio de estos partidos «la imposición legal exclusiva del castellano» afecta de «manera frontal al ámbito económico». Apuestan por «emprender una política decidida para acabar con las discriminaciones lingüísticas y para difundir el conocimiento y el respeto por todas las lenguas del Estado».