Un poder legislativo confinado

La parálisis legislativa que vive nuestro país es preocupante. Es el síntoma de un problema mucho más profundo: el del declive del poder legislativo frente al poder ejecutivo. Esta parálisis, lejos de haberse revertido en los últimos años se ha incrementado, a pesar de la promesa que hiciera desde la tribuna del Congreso el actual presidente del Gobierno en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pedro Sánchez ejerce, desde que fue investido Presidente, como un legislador nato. Su ritmo para dictar leyes que emanan del Ejecutivo está siendo frenético, incluso, diabólico. Un total de 39 decretos leyes fueron dictados por su Gobierno en 2020, algo inaudito.

Cuatro procesos electores y una pandemia han dibujado un panorama realmente difícil para aprobar leyes. El año de la repetición electoral, 2016, fue el menos productivo desde el punto de vista legislativo de la Democracia. Tan solo se aprobaron 10 leyes frente a las 115 del año 1980. Es cierto que al inicio de la Transición fue necesario desarrollar un nuevo marco legislativo acorde con los nuevos tiempos, pero sirve para ofrecer una radiografía nítida de la parálisis legislativa en la que estamos estancados. En 2017 el Congreso solo aprobó 13 leyes. Fue el año con menos desde 1982. Solo en 2004 y 2008 –con siete y seis leyes, respectivamente–, cuando ganó José Luis Rodríguez Zapatero, España vivió años legislativos más pobres. 2018 se saldó con 16; 2019, ocho leyes y el año pasado, 14; entre ellas la reforma educativa, conocida como Ley Celáa y la Ley que despenalizó la eutanasia.

Mientras se estanca el poder legislativo, la aprobación de leyes que emanan del Ejecutivo se dispara de manera preocupante. Finalizado el primer año de coalición, con el menor apoyo de todos los gobiernos constituidos en las catorce legislaturas, –167 diputados a favor y 165 en contra–, su tarea se aventuraba complicada, sin embargo, la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma durante catorce semanas y posteriormente prorrogado desde noviembre hasta mayo, han permitido al Ejecutivo de Sánchez gobernar con la mayor concentración de poder que ningún otro gobierno ha disfrutado hasta el momento. A la circunstancia excepcional de la crisis sanitaria, hay que sumar el confinamiento total o parcial del resto de poderes: el judicial y legislativo.

En este sentido, pese a existir una falsa sensación de frenética actividad en el Hemiciclo, lo cierto es que la gran mayoría de la regulación aprobada durante 2020 emana del Ejecutivo que ha abusado de los Real Decreto. Así, en 2020 se aprobaron un total de 39 decretos, que sitúan al presidente Sánchez como el indiscutible «rey del decreto» ya que durante los seis primeros meses de gobierno no ha habido prácticamente una semana en la que el BOE no haya llevado al menos uno.

La Constitución establece que el Real Decreto se reserva para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad» porque permite simplificar al máximo los plazos y el debate parlamentario dado que entra en vigor inmediatamente tras su publicación en el BOE, normalmente tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Bajo este paraguas se han aprobado decretos ley como el del estado de alarma, el ingreso mínimo vital, los ERTE , el del teletrabajo, los desahucios y más recientemente las medidas para hacer frente al Brexit.

Otra consecuencia de la pandemia ha sido el confinamiento del Congreso que ha derivado en una auténtica sequía legislativa ya que durante los meses de marzo y mayo se paralizaron todas las iniciativas parlamentarias y todas las proposiciones que no tuvieran que ver el coronavirus. De hecho, durante las 14 semanas que estuvo en vigor el estado de alarma no se abordó prácticamente otro asunto que no estuviera relacionado con la emergencia sanitaria, a excepción de los decretos del Ejecutivo.

Cuando el Congreso empezó a retomar su actividad en el mes de abril lo hizo bajo mínimos dado que la presencia de los diputados se redujo y la inmensa mayoría acudió telemáticamente. No en vano, también en aquel entonces la pandemia ocupó la mayoría de los debates, especialmente la ampliación del estado de alarma.

Con el fin de la época estival y el inicio del nuevo curso, se retomaron algunas de las leyes que se metieron en el cajón. La más importante: los Presupuestos Generales del Estado. Fue entonces cuando la maquinaria legislativa se desengrasó y funcionó a toda marcha para aprobar las Cuentas antes de que finalizase el año. De la noche a la mañana, esos debates que fueron paralizados por los decretazos volvieron a la Carrera de San Jerónimo, evidenciando que si hay voluntad, hay debate legislativo. Algo parecido sucedió con la reforma de la Ley de Educación o la Ley de Eutanasia. En cuestión de semanas, el Hemiciclo recuperó su vida, sin embargo, nunca abordó otras propuestas urgente como la reforma de las pensiones.

Por último, otro motivo que explica esta preocupante parálisis legislativa es el multipartidismo y la dificultad para sumar mayorías. Con la irrupción de los nuevos partidos (Podemos, Ciudadanos y Vox) desapareció el bipartidismo y con él la estabilidad para llegar a acuerdos. El desembarco de los nuevos partidos ha hecho saltar por los aires el sistema político tradicional muy acostumbrado al juego de mayorías. El Ejecutivo elaboraba leyes y las mayorías parlamentarias las aprobaban con pequeñas enmiendas o retoques de los nacionalistas si sus votos eran necesarios. Ese escenario es ahora más volátil. Con Esquerra Republicana y Bildu como socios, el precio es más alto. Más presupuesto para Cataluña, reforma de delitos penales, acercamiento de etarras... es el cambio de fichas en el que se ha movido el Ejecutivo cuando no ha aplicado un decretazo.