«¿Cuántas vidas tiene que costar la Presidencia de la Generalitat?», la dura pregunta a Illa para que tome medidas

Si se atendiese estrictamente a las cifras de contagios y a la evolución de la saturación de los hospitales, Murcia necesita el confinamiento domiciliario. Valencia, también. Castilla y León ha adelantado el toque de queda y Andalucía lo ha solicitado, sin recibir el apoyo inicial del Gobierno central, como solución in extremis por no tener al alcance el mecanismo legal del confinamiento.

Madrid no se rectifica, pero en las comunidades limítrofes advierten de «la que se les viene encima a los de la capital» por «seguir restringiendo las medidas, en vez de los movimientos y la interacción social».

La situación de la lucha contra la pandemia es caótica y las conversaciones y movimientos de estos últimos días de presidentes autonómicos y autoridades sanitarias confirman el coste de la decisión del Gobierno central de sacudirse las competencias. De lo cual pueden estar ahora arrepentidos porque, al final, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, no le quedó ayer más remedio que rectificar su «no» y abrir la puerta a las peticiones de ampliar el toque de queda. En Castilla y León, la delegación del Gobierno anunció el apoyó de las Fuerzas de Seguridad del Estado para velar por su cumplimiento.

«¿Cuántas vidas tiene que costar la Presidencia de la Generalitat?». Esta dura pregunta la lanza uno de los presidentes autonómicos más afectados por la tercera ola de la pandemia, y la está sintiendo estos días sobre sus espaldas el ministro de Sanidad. Ante la petición de auxilio de los presidentes autonómicos, la respuesta del ministro por vía privada ha incluido hasta la maniobra de desviar el balón con la excusa de que las mayorías parlamentarias son muy frágiles y el estado de alarma vigente no es fácil de ser modificado. También ha utilizado a segundos niveles para presionar a los «barones» que están levantando la voz con un grito de auxilio porque ven cómo se multiplican los contagios, las víctimas y el colapso de sus urgencias, mientras la política nacional sigue en una realidad paralela donde pesan más los debates jurídicos y la pelea mitinera que la eficiencia en el combate de la pandemia.

Illa sí atiende al teléfono, a diferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ni responde a las cartas que le trasladan desde alguna de las Presidencias autonómicas. Los gestores en primera línea de las comunidades empiezan a sentir que el suelo se les mueve bajo los pies igual o peor que en el mes de marzo. Pero el presidente Sánchez no se mueve.

La situación actual tiene una salida sencilla si el sentido común se impusiera sobre las prioridades políticas. Éstas, solo éstas, son las que condicionan la respuesta a una situación que ha empezado a compararse con la que se vivió en los duros meses de la primavera pasada. Ahora, lo que más empieza a desestabilizar es la cepa británica, diga lo que diga el médico epidemiólogo Fernando Simón, y así lo confirman desde consejerías sanitarias como la andaluza. La economía no se salvó en verano y tampoco se ha conseguido salvar en Navidad, mientras que los hechos han ratificado, «una vez más, que es un error dejar en manos de la responsabilidad individual una crisis sanitaria».

La salida sencilla pasaría porque el Consejo de Ministros aprobara una modificación del actual estado de alarma, que ya convierte a los presidentes autonómicos en las autoridades delegadas, es decir, con el mismo poder que el Consejo de Ministros en sus respectivas autonomías. Y que esta modificación amplíe la cobertura del estado de alarma a la posibilidad de que los presidentes autonómicos decreten confinamientos domiciliarios o estiren, sin dudas jurídicas ni intervenciones «a posteriori» del Tribunal Supremo, los toque de queda.

En esta nueva intensificación de la crisis sanitaria hay una importante diferencia con las discusiones anteriores sobre el estado de alarma, y es que el presidente del PP, Pablo Casado, está receptivo a apoyar cambios que faciliten a los presidentes autonómicos hacer frente al descontrol del virus. Casado está hablando con los barones de su partido más perjudicados en esta tercera ola y la sensación que les traslada es muy diferente a la que manifestó cuando se votó el actual estado de alarma o cuando decidió dejar de apoyar las prórrogas del largo confinamiento del pasado mes de marzo.

Si Sánchez se moviera, esta vez Casado le apoyaría. Con duras críticas, pero cree que la situación obliga «a hacer algo». Pero Sánchez sigue sin dar señales de que quiera moverse en esa dirección, a pesar de que se le acumule la presión a su alrededor. La «cruz» política del presidente del Gobierno es que este recrudecimiento de la pandemia ha hecho saltar por los aires su estrategia en la campaña catalana, ha volatilizado el llamado «efecto Illa» y amenaza con contaminar todas las decisiones que en una situación tan grave debe tomar el titular de Sanidad.

Ayer Illa insistió en que no ve necesario el confinamiento domiciliario, a la vez que rectificaba el «no» a la ampliación del toque de queda del día anterior. Y mientras, en privado, ha estado usando a los delegados del Gobierno para amenazar a los presidentes autonómicos que piden apoyo para actuar con más dureza contra el virus. Estos «enviados» les han acusado de dejar de ser hombres de Estado por no someterse al criterio de Sanidad, cuando lo que lleva haciendo Sanidad, y, sobre todo, Moncloa, es quitarse de en medio desde julio para ver si se manchan lo menos posible con la gestión de la Covid.

También han cargado contra ellos, en las conversaciones privadas, por tomar decisiones supuestamente de manera unilateral, cuando el Gobierno ha dejado hace meses de hacer uso de sus competencias y se ha mantenido quieto hasta ahora, ante la insistencia al alza de la incidencia de los contagios. El martes hay Consejo de Ministros, y el Gobierno todavía está a tiempo de rectificar y aprovechar lo que dicen que son «horas cruciales».