Casado ofrece replantear su “no” al estado de alarma para confinar

El PP se plantearía ahora apoyar un nuevo estado de alarma que facilite a las comunidades el confinamiento domiciliario para hacer frente a la mala evolución de la pandemia. Después de haber votado contra las últimas prórrogas antes del verano, y de abstenerse en el que está ahora en vigor, en Génova abren la puerta a respaldar esta medida para atender la necesidad de las autonomías. Tres gobernadas por el PP y Ciudadanos ya han instado al Gobierno a que actúe y les facilite este mecanismo, que no entra dentro de las previsiones recogidas en el actual marco jurídico. «Algo hay que hacer. Lo lógico es que si una comunidad autónoma lo pide, pueda actuar y tomar todas las medidas que considere necesario, ya que al fin y al cabo los gobiernos autonómicos son los que tienen más conocimiento de la situación».

El estado de alarma se ha convertido en un arma más de la lucha política. Y ahora entran además en juego los intereses electorales del ministro-candidato, Salvador Illa, en Cataluña. Illa se opone al estado de alarma y su condición de candidato «in pectore», sin abandonar el Ministerio de Sanidad, da pie a interpretar que está usando su cargo para poner piedras en una decisión que va en contra de los intereses de su campaña. Los socialistas catalanes han sido los únicos que se han posicionado con meridiana claridad a favor de que no se retrasen las elecciones catalanas, y se celebren el 14-F, a pesar de las malas cifras que se dan en Cataluña. Moncloa y el PSC comparten ese plan estratégico que apuntaba a que las elecciones tuvieran lugar en esa fecha, en la previsión, confirmada por el análisis que hacen también en el ámbito independentista, de que el tiempo juega a favor de los intereses de JxCat y de Carles Puigdemont. Además, en su condición de ministro, puesto que ha dicho que no abandonará hasta que se inicie la campaña, la prolongación de este escenario rebajará el llamado «efecto Illa» y, además, cargará al ministro con el posible desgaste que se derive de una mayor complicación de las cifras de contagios y de víctimas.

Desde que dejó de apoyar la prórroga del estado de alarma, en la pasada primavera, el PP ha reclamado siempre la aprobación de un «marco nacional», al que ayer volvió a apelar Pablo Casado, que pase por la modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública para que se dote a las autonomías de la seguridad jurídica necesaria para decretar confinamientos domiciliarios sin necesidad de decretar el estado de alarma. Es un debate político y jurídico, pero que en nada cambia el resultado final, la restricción de movimientos para contener la interacción social y la expansión del virus.

De hecho, en la última prórroga del estado de alarma antes del desconfinamiento de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a comprometerse con Cs, para conseguir su apoyo, a promover esa reforma legislativa, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, anunció incluso que estaría lista para el nuevo curso político. Pese a este compromiso, hasta hoy el Gobierno no ha movido nada en relación a este proyecto. El Plan B al estado de alarma duerme en el cajón de la vicepresidenta, si es que algún día llegó incluso a plantearse ponerlo en marcha, y la realidad es que, a día de hoy, con una situación sanitaria de nuevo sobrepasada por la incidencia del virus, el debate político corre el riesgo de volver a quedar empantanado en la misma discusión jurídica que se arrastra desde junio.

La dirección popular siente sobre ella la presión de sus baronías, y exige, al mismo tiempo, al jefe del Ejecutivo que asuma su responsabilidad de coordinar la gestión de la pandemia. También es verdad que, en la política de confrontación entre Comunidad de Madrid y Gobierno de la Nación, las decisiones nacionales sobre la pandemia no han sido nada fáciles. Y a esto se une la estrategia del marketing político de Moncloa de preservar la figura del presidente del desgaste de las decisiones impopulares que, obligatoriamente, todavía tienen que acompañar a la administración de esta crisis sanitaria de primer nivel.

El resultado de la Navidad confirma que la apuesta por buscar un equilibrio entre salud y economía no ha servido para salvar la economía, como ocurrió en verano, y trae muy malos resultados en el ámbito sanitario. «La salud pública no se puede dejar en manos de la responsabilidad individual», se lamenta un presidente autonómico. En este juego de tirar la pelota y que sea otro el que se manche al recogerla, en el que también han entrado las comunidades, hay ahora autonomías con una muy mala evolución del virus y que no levantan la mano para pedir el estado de alarma porque están a la espera de que sean otros los que asuman el coste y a ellos les caiga en la mano el fruto del resultado.

Casado acusó ayer al Gobierno de no hacer nada en la tercera ola y de negar la mitad de los fallecidos. También pedirá en el Congreso un fondo de 50.000 millones para las empresas afectadas por la pandemia. «El Gobierno debe articular un marco nacional que deje un margen de actuación a las comunidades autónomas y entes locales dependiendo de la incidencia del coronavirus que tengan». Desde las comunidades que se están viendo con más problemas para atajar el fuerte incremento de casos de coronavirus advierten de que la política nacional no puede permitirse el lujo de perderse «en estériles debates políticos y jurídicos cuando están en juego muchas vidas».