¿Quién es Dina y qué le debe a Iglesias?

El futuro del vicepresidente depende de su ex asesora, quien dirige un periódico afín a los morados y desde el que carga contra los medios críticos con la gestión de Unidas Podemos y contra la oposición

La exasesora de Podemos Dina Bousselham a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid, en mayo de 2020
La exasesora de Podemos Dina Bousselham a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid, en mayo de 2020Luca PiergiovanniEFE

Todo girará a partir de ahora entorno a ella. Dina Bousselham, la ex asesora de Pablo Iglesias. Su nombre ha copado múltiples titulares de prensa en el último año, a causa del polémico robo denunciado de su tarjeta de teléfono en 2015 y que tras la investigación pertinente, la Audiencia Nacional decidió elevar al Tribunal Supremo, vinculando al ahora vicepresidente segundo del Gobierno en la substracción. El Tribunal Supremo, ahora, ha declarado el archivo de la causa contra Pablo Iglesias por el denominado ‘caso Dina’ y deja en manos de la decisión de su ex asesora el caso. Sobre ella pesa ahora la decisión de confirmar si denuncia los hechos relacionados con el delito de descubrimiento y revelación de secretos. La expectación se centra ahora en sí Dina Bousselham reafirmará su denuncia o no. Si no lo hace, el caso podría cerrarse. De momento, las opciones de que el vicepresidente segundo sea imputado en la causa, desaparecen.

¿Pero, quién es Dina y qué le debe a Pablo Iglesias?

Dina Bousselham, tangerina, de 30 años, llegó a Podemos en el momento de su nacimiento. Emigró a España con 18 años. A los 24 conocería al ahora vicepresidente. Era su profesor en la facultad de Ciencias Políticas, en Somosaguas, el germen de donde desembocaría el partido morado y sus principales apoyos.

Su trayectoria profesional está totalmente ligada a Podemos y a Pablo Iglesias. Pronto, ambos establecerían una relación personal, primero conformarían un tándem en el programa televisivo “La Tuerka”, y poco después el también líder de Podemos la ficharía como asesora en Bruselas cuando el partido logró cinco europarlamentarios. Ella misma se describía como “asistente estratégica en comunicación política” y entre sus funciones estaba la “elaboración de argumentarios para el eurodiputado (Pablo Iglesias)”, así como la gestión de “viajes y agenda del eurodiputado” . A su vuelta a Madrid, pasó a encargarse del Área de migraciones de la Comunidad y de la Secretaría de Comunicación, por lo que formaba parte del Consejo de Coordinación de Podemos, un puente que después la situaría en la dirección de Podemos Madrid.

A finales de mayo del año pasado dimitía de sus funciones dentro de Podemos Madrid para crear un nuevo medio: “La Última Hora”. Un digital que fue anunciado a bombo y platillo por toda la cúpula actual de Podemos, pero que generó malestar dentro de la formación por la fama que él mismo se ha creado: un medio oficioso, favorecedor para el partido. Varios ex cargos del partido evidenciaban su malestar y pasaron a criticar el hecho de usar webs “de intoxicación desde partidos en el Gobierno”. El medio digital, de hecho, carece de escrúpulos a la hora de atacar a los medios de comunicación y a los partidos que cargan contra el vicepresidente o sus dirigentes.

El caso judicial

En noviembre de 2015, la ex asesora denunció el robo de su móvil. En la tarjeta SIM del dispositivo móvil había fotos de carácter íntimo de ella. Ya en enero de 2016, el director del grupo Zeta, Antonio Asensio le entrega la tarjeta de memoria de un móvil a Pablo Iglesias. Esta tarjeta de memoria había llegado a la revista Interviú y contenía capturas de mensajes privados que después publicó OK Diario.

Según el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, Pablo Iglesias tuvo en su poder la tarjeta de memoria mucho antes de las copias que se encontraron en poder de Villarejo. En el 2016 el diario OK Diario publica las capturas de las conversaciones de Telegram que contenía la tarjeta de memoria entregada a Pablo Iglesias por el empresario Antonio Asensio.

Tras la publicación de las capturas, Dina Bousselham pide que se investigue quién tiene su teléfono, pero no es hasta enero de 2017 cuando el ahora vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, le comunica a Dina que tiene la tarjeta de memoria y se la devuelve pero no puede acceder al contenido porque la tarjeta está deteriorada.

Bousselham trató de recuperar el contenido de la tarjeta de su teléfono. El juez de la Audiencia Nacional libró una orden internacional de investigación ante las autoridades de Reino Unido para obtener datos de esa empresa a la que se dirigió Dina.

En marzo de 2019 Pablo Iglesias se personó como perjudicado en la Audiencia Nacional en la pieza secreta que investiga el hallazgo de ese teléfono. Entonces el partido comienza a hablar de una operación para destruir a su líder. La ex asesora cambió varias veces su declaración ante el juez. En mayo de 2020 aseguró que las capturas de pantalla las hizo ella personalmente. Entonces, la Audiencia Nacional ya le había retirado a Iglesias la condición de perjudicado en la causa.

Meses después, la policía científica remitió un informe a la Audiencia Nacional asegurando que los daños hallados en la tarjeta SIM fueron provocados por “el lijado de la cubierta protectora” que “sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria” con una técnica que coincide con la “empleada por los laboratorios especializados” en este tipo de trabajos. Por lo cual, desvinculaba a Iglesias de los daños de la tarjeta.

El pasado 16 de septiembre la Audiencia Nacional corrigió al juez y devolvió al vicepresidente la condición de perjudicado en la causa.

Sin embargo, el 7 de octubre el juez toma la afirmación de que las «hipótesis alternativas» deberían, en su caso, ser investigadas por otra instancia y eleva exposición razonada al Supremo en la que acusa a Iglesias de dirigir un montaje para sacar «rédito político». Esta acusación se basa en la declaración de Calvente que el magistrado considera «minuciosa».

El juez toma la afirmación de que las “hipótesis alternativas” deberían, en su caso, ser investigadas por otra instancia y eleva exposición razonada al Supremo en la que acusa a Iglesias de dirigir un montaje para sacar “rédito político”. Esta acusación se basa en la declaración de Calvente que el magistrado considera “minuciosa”. El juez pide igualmente en base a esa declaración que se investigue a la ex responsable de estrategia jurídica de Podemos Gloria Elizo, a la persona que ocupa ese cargo actualmente, Raúl Carballedo, y a la abogada Marta Flor. También pide imputar a Bousselham y su ex marido por falso testimonio