La Fiscalía denuncia que el cartel de Vox genera “hostilidad” y “rechazo social” hacia los “menas”

La Fiscalía cree que el cartel de Vox en el que compara la inversión pública necesaria para el mantenimiento de un “menor extranjero no acompañado” (“mena”) con la pensión de una “abuela” constituye una “estigmatización negativa, intolerante y prejuiciosa” de este colectivo.

Así lo asegura en el recurso de apelación que ha presentado ante la Audiencia de Madrid contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 53 de la capital, en funciones de guardia, de denegar la retirada cautelar del polémico cartel, como solicitaba el Ministerio Público.

Y es que la Fiscalía insiste en que caracterizar a esos menores de esa manera genera “hostilidad” y “rechazo social” hacia los “menas”, así como su “cosificación y deshumanización”, constituyendo un “ataque a la dignidad de todo el colectivo”.

En el escrito se hace hincapié en que el cartel traspasa la libertad de expresión del partido político y se ha difundido, además, de manera pública al colocarlo “en una de las estaciones de Metro de mayor afluencia de usuarios del servicio público de transporte” madrileño (Sol).

Imagen de un menor extranjero “delincuente”

El Ministerio Público considera, en contra de la apreciación del juzgado, que los hechos revisten apariencia delictiva porque el mensaje que se intenta difundir con esa imagen es “ahondar en la idea del coste social que supone un mena, enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal”. Y trasladando, en definitiva, “una imagen totalmente prejuiciosa de un menor extranjero y delincuente, dado que la imagen de una persona joven de piel oscura embozado y encapuchado es un concepto social común y estereotipado”.

Para la Fiscalía, la imagen utilizada por Vox en el cartel no es casual, puesto que resulta “evidente que lo buscado es la obtención de la predisposición social negativa hacia este colectivo, su deshumanización, basada en la idea prejuiciosa del carácter delincuencial de estos menores que a su vez impide la convivencia normalizada en las zonas en las que se encuentran, formando esta idea parte del discurso mantenido por algunos grupos sociales”.

Por estos motivos, reitera su petición de retirada cautelar de ese cartel electoral y de “todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocados por el anunciante denunciado”. Porque, hace hincapié, el carácter “básico” y “sustancial” del derecho a la libertad de expresión “no tiene un carácter absoluto cuando entra en liza con bienes jurídicos igualmente protegidos constitucionalmente”.

Proteger su “dignidad” y ”seguridad”

Retirando esos carteles, añade, la “dignidad” y “seguridad” del colectivo vulnerable de los “menas” quedaría protegida sin vulnerar el derecho de Vox a realizar propaganda electoral, puesto que “el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada solicita, puede volver a ser ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña”.

La Fiscalía había pedido la retirada cautelar “en el plazo más breve posible” del cartel electoral en el que Vox compara la inversión pública que supuestamente se requiere para el mantenimiento mensual de un menor extranjero no acompañados, unos 4.700 euros al mes, con los que recibe una pensionista, que sitúa en 426 euros mensuales.

Según su argumentación, la medida de urgencia estaba justificada por el hecho de que estos menores “carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional”, lo que les convierte en un colectivo “doblemente vulnerable”, tanto por la edad como por el desarraigo estructural motivado por su origen extranjero, “lo que no solo exige una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos”.