Sombras y dudas en la adjudicación de la escuela de estudios penitenciarios donde los funcionarios de prisiones cursarán estudios de “postgrado y desarrollo profesional con estructura modular”. Se trata de un convenio de Instituciones Penitenciarias con la UNED donde se oferta títulos o diplomas de máster, especialista o experto para aquellos que tengan formación universitaria, algo que por otra parte constituye un amplio número de funcionarios de prisiones.

Sin embargo, algunas fuentes consultadas destacan la “opacidad” y desconcierto que genera alguna falta de información con respecto a la puesta en marcha de dicha escuela que iniciará el curso 2021-2022.

Por un lado, se ofertan un número cerrado de plazas, sin embargo, en el convenio suscrito con la UNED la administración se compromete a que puntúe en los concursos de traslados -de destino-el tener dicho curso algo que estaría vulnerando el principio de igualdad, mérito y capacidad en el caso de que no todos puedan acceder al mismo precisamente por ese número de plazas limitadas. Además, con ello, la administración ha adquirido un compromiso “no pactado” con las organizaciones sindicales, ya que en el baremo consensuado quedó abierta la posibilidad de que estos cursos se tuvieran en cuenta, “pero sin establecer en qué medida y, sobre todo, dejando claro que solo se haría cuando el alcance de estos cursos fuera general a todo el funcionariado”, según ha podido saber este periódico de fuentes consultadas.

Por tanto, surge el desconcierto ante la falta de transparencia que pueda existir en los criterios a la hora de seleccionar al alumnado.

Altos cargos docentes

Otra de las “curiosidades” de este curso de formación es que, entre los colaboradores externos que impartirán las materias se encuentra un amplio número de altos cargos de instituciones penitenciarias entre los que figuran el subdirector general de recursos humanos, la subdirectora general de planificación y gestión económica, el gerente de entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo, la subdirectora general adjunta de medio abierto y penas y medida alternativas o el exdirector general de ejecución penal y reinserción social, todos ellos, con sueldos superiores a los 60.000€ anuales y en algún caso por encima de los 70.000€ ; también están incluidos en la lista otros cargos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y algún directivo de los centros penitenciarios, donde surge la duda de si, además de sus altas remuneraciones por sus puestos institucionales, reciben retribuciones extra por su participación docente -lo que podría chocar con la ley de incompatibilidad a la que están sometidos todos los empleados públicos-.

Universidad en Cuenca

Igualmente, la adjudicación de la ubicación del centro de estudios penitenciarios ha estado envuelto en un halo de dudas ya en un principio estaba pensado que estuviera situado en Madrid, concretamente en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, pero, finalmente se decidió que no tuviera su sede en la capital. Para ello se barajaron ciudades como León, Burgos, Soria o Cuenca y, finamente, la adjudicación se la llevó Cuenca de donde es el secretario general de instituciones penitenciarias. Según algunas fuentes dichas ciudades “no compitieron con las mismas condiciones” ya que la secretaría general de Instituciones Penitenciarias no habría comunicado las condiciones que necesitaba. Por ello, León ofreció un terreno al lado del CIS, Burgos basó su proyecto en la excelencia educativa con el apoyo de la universidad mientras que, por el contrario, Cuenca ofreció una residencia universitaria para el alojamiento que los trabajadores de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias que realicen el proyecto además de un edificio para remodelar donde las nuevas promociones de funcionarios podrán realizar su periodo formativo de 18 meses. “Curiosamente”, destacan algunas fuentes, Cuenca “acertó con lo que pedían”.