Los empresarios que lavaron su dinero en el Trump Palace

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega Serrano, ha propuesto juzgar a tres de los integrantes de la familia rusa Kokorev, que también tienen la nacionalidad española, por blanqueo de capitales procedente presuntamente de la venta de armas a la dictadura de Guinea Ecuatorial, según consta en un auto de 18 de mayo. En la resolución, la magistrada especifica que a cambio de importantes mordidas abonadas a cuatro familiares del dictador Teodoro Obiang Nguema, estos empresarios obtuvieron unos beneficios que superaron los 100 millones de euros, con los que “adquirieron múltiples propiedades, tanto en España (Madrid y Las Palmas de Gran Canaria); Reino Unido y en Estados Unidos (Nueva York)”.

Según la Policía, esta familia habría acumulado activos inmobiliarios con un valor superior a los 43,7 millones de euros. Precisamente una de las 45 empresas que estos empresarios habrían creado “para poder convertir en legal el dinero procedente de sus actividades ilícitas” es “Kilgore Catering Corporation”, que fue utilizada por Vladimir Kokorev para adquirir por 2,8 millones de dólares el apartamento 22B del edificio de Nueva York denominado “Trump Palace”, un inmueble promovido por la Corporación del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, pero que era propiedad de una ciudadana puertorriqueña.

Según consta en el sumario, estos empresarios de origen ruso también compraron, utilizando las compañías Prelag y Rainier Group LLC, una propiedad en Panamá, en concreto en la urbanización “Trump Ocean Club”. Según un informe suscrito por el auditor Peter Wicksteed este sí era propiedad de una de las empresas de la Corporación del expresidente de EE UU, aunque fue vendida a los Kokorev por la firma panameña Río Lora Holding Corporation por un precio de al menos 343.000 dólares.

Durante el registro de las propiedades de los procesados la Policía descubrió varios documentos electrónicos sobre la adquisición de los inmuebles al conglomerado empresarial del expresidente norteamericano. Como por ejemplo un correo electrónico, de 29 de mayo de 2011, en el que Vladimir Kokorev alude a una transferencia de dinero realizada “a Trump. Pero hasta ahora nadie nos ha confirmado si recibieron el dinero y están contentos. por favor, si puedes averígualo. Y pregunta si necesitan algo más de nosotros”, completa el ‘email’ requisado.

En un informe patrimonial realizado por la Policía se completa que en un inmueble situado en el madrileño Paseo del Pintor Rosales también se halló “mucha documentación sobre contratos de prestación de servicios, y de compra/venta de bienes de naturaleza militar, en la que están involucradas sociedades mercantiles estrechamente vinculadas, según las pesquisas, a los investigados (familia Kokorev). Entre estas mercantiles se encuentran las empresas Volgen Trading; Trump Investment Corporation, Prelag e Intracoastal”, completa el dosier policial.

En el resto de la documentación encontrada en el inmueble madrileño también aparecen otras alusiones a la palabra “Trump”, según especifica la Policía. En concreto, se halló un documento Excel, denominado “Cuadro yate” en el que “se hace alusión a métodos para eludir el pago de impuestos, mediando en ello la figura de un ‘broker”, completan los agentes.

Canarias y Madrid

Según la juez, “son múltiples las evidencias informáticas y documentales halladas en esta causa, reveladoras de tal tipo de actividad ilícita de compraventa de armas”. Además, realizaron “ficticios contratos navales, en los que ocultar sus ventas de armamentos militares y el sobrecoste de ellos, y poder mover ese dinero obtenido por múltiples países”.

Asimismo adquirieron, con empresas radicadas en Delaware (EEUU) e Islas Vírgenes Británicas, controladas por supuestos testaferros españoles, propiedades de lujo en las Islas Canarias y en Villaviciosa de Odón (Comunidad de Madrid).

Vladimir Kokorev; su mujer, Julia Maleeva, y el hijo de ambos, Igor Kokorev, han venido realizando entre 1999 y 2011, según la juez, “operaciones ilegales o clandestinas de ventas de armas [...] al Estado de Guinea Ecuatorial, que ha reportado un trasvase de dinero de más de 450 millones de euros, desde cuentas titulares del Tesoro del Estado guineano a entidades bancarias”, relata la resolución judicial, que completa que las operaciones bajo sospecha, y que perjudicaron los intereses de Guinea Ecuatorial, consistieron “en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos y armamento militar de doble uso”.