Suspenso al Gobierno Sánchez

Si el cambio de Gobierno que ha anunciado Moncloa como medida para reforzar al presidente, Pedro Sánchez, dependiese de los españoles, del Gabinete se caerían seguro la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y en bloque todos los representantes de Unidas Podemos. Son los que peor nota reciben por su gestión, según la encuesta realizada por NC REPORT justo esta misma semana, entre el 1 y el 4 de junio. Este periódico adelantó el pasado martes la intención de Sánchez de promover una remodelación del Gobierno una vez que el Consejo de Ministros apruebe los indultos a los líderes del «procés».

De los 22 miembros del Gobierno, una estructura condicionada por la coalición con Unidas Podemos, sólo la ministra de Defensa, Margarita Robles, consigue el aprobado. A una décima de ese aprobado se queda la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y en un 4,5 el ministro de Ciencia y Tecnología, Pedro Duque. La nota más baja de todo el Gobierno la recibe la titular de Asuntos Exteriores, que ha estado estas últimas semanas en el centro de la polémica por la gestión de la crisis con Rabat. Su mayor problema no es su desgaste ante la opinión pública, sino que hay presiones en su contra dentro del propio Gobierno por parte de otros ministros afectados por la crisis diplomática: la responsabilizan a ella de los principales errores cometidos. «Si Sánchez quiere recuperar la interlocución con Rabat debe entregar una cabeza», se escucha decir dentro del Gobierno para justificar la caída de la máxima responsable de la diplomacia.

En la parte final de la lista la acompañan todos los representantes de la cuota Podemos y también la titular de Educación, Isabel Celaá, protagonista de la reforma que lleva su nombre. El pacto con Podemos y su representación en el Gobierno son un lastre para Sánchez, pero una necesidad para mantener el acuerdo de investidura. Hasta un 67,2 por ciento de los encuestados defienden la ruptura de ese pacto que sostiene al PSOE en La Moncloa. La crisis de Ciudadanos (Cs) deja a Sánchez sin alternativa de estabilidad, pensando en el presente y también ante el escenario de unas nuevas elecciones generales. Y esta hipoteca limita su capacidad de rectificar sus alianzas, una de las razones de su desgaste.

La nota del Gobierno en su conjunto es de un 3,8. Un 58,1 por ciento no apoya la política económica, y este rechazo se eleva al 60,6 por ciento cuando se pregunta por la política exterior. El electorado más crítico con Sánchez es el de los mayores de 55 años.

En este contexto, un 49,8 por ciento apoyaría que se adelanten las elecciones, mientras que el 44,1 por ciento lo rechaza, en una división de opiniones que probablemente está muy condicionada por la crisis sanitaria y la necesidad de atender las consecuencias económicas y sociales de la misma sin perder energías y recursos en otros debates.

La radiografía demoscópica confirma también que son mayoría los que preferirían un Gobierno de la Nación que no dependa del independentismo. Más del 65 por ciento de los encuestados defienden que Sánchez rompa sus acuerdos con ellos, y también es mayoritario el rechazo a la concesión de los indultos a los dirigentes que lideraron el «procés». Ni pactos ni indultos, justo en un momento en el que el Gobierno ha señalado como una de sus prioridades post pandémicas transitar por ese camino. El electorado con más edad es el más crítico con la negociación con los independentistas y con la medida de gracia para Oriol Junqueras y demás presos condenados por el Supremo. El peso de este rechazo preocupa en algunas de las principales baronías socialistas mientras en Moncloa confían en que el tiempo y el resultado de esa negociación borre el coste en términos de rédito electoral de esta política. Y que lo que ganen en Cataluña compense, además, las posibles pérdidas en el resto del territorio nacional.

Sánchez tiene que gestionar su plan para reflotar su liderazgo con el peso de sus compañeros de viaje, que no puede rectificar, y confiando en que la remodelación de su Gabinete tenga un efecto taumatúrgico, que le ayude a limpiar su imagen, recuperar crédito y confianza. Los rumores sobre esas crisis de Gobierno, en la estrategia «monclovita» de liberar al jefe del Ejecutivo de las responsabilidades del desgaste y trasladarlas sobre su equipo, tienen efectos contraproducentes al agitarse por adelantado. La salida de Pablo Iglesias del Consejo de Ministros ha silenciado el ruido interno, y la relación con la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, funciona con normalidad, y en buenos términos en el trato directo de Pedro Sánchez con ella. Pero las especulaciones sobre los cambios, que han alimentado desde la propia Moncloa en el momento de mayor debilidad de Sánchez, son una operación con cierto riesgo. Desestabilizan internamente por la incertidumbre, no mejoran la coordinación interna por los recelos que provocan dentro del Consejo de Ministros respecto a quién estará en la lista de bajas, y, además, si no llegan a ejecutarse, generarían una frustración que redundará aún más en perjuicio de la imagen del presidente del Gobierno. Dentro del Gabinete atribuyen al «marketing» de la fontanería del presidente la operación. «Quieren vender la idea de cambio de ciclo, cueste lo que cueste, y ya hay precedentes de que primero se cuenta lo que supuestamente se va a hacer, y luego se miden las consecuencias».