Turull esgrime que era “imposible” prever que por organizar el 1-O serían condenados a penas tan graves

El ex conseller Jordi Turull alega ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que la condena por sedición a los líderes del “procés” era “absolutamente imprevisible” y denuncia que con la instrucción de la causa y la posterior sentencia del Tribunal Supremo -que le condenó a doce años de prisión- se han vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, a la libertad de expresión, a un proceso con todas las garantías y a un tribunal imparcial.

En el recurso presentado hoy por sus abogados, Jordi Pina y Francesc Homs, Turull se queja de que ha sido condenado por “promover una actuación ciudadana que no era delictiva”, una pena de prisión que en su opinión solo se explica por “la voluntad de intimidar al movimiento independentista catalán y evitar la expresión pacífica y democrática de sus anhelos políticos”.

Para el ex conseller de Carles Puigdemont, la aplicación a los hechos que se le imputaron del delito de sedición resultaba “absolutamente imprevisible” porque el delito de convocatoria ilegal de referéndum fue derogado en 2005 y la consulta soberanista del 9-N “había sido solo sancionada como desobediencia sin penas de prisión”. “En los tiempos recientes la sedición no había sido aplicada nunca en España” y las manifestaciones de protesta más violentas (entre las que cita el asalto al Parlament en junio de 2011, que acarreó un máximo de tres años de cárcel a los condenados) “se habían sancionado como desórdenes públicos” con penas muy inferiores.

Todas estas circunstancias, subraya, hacían “imposible prever por parte de los procesados que, si organizasen la consulta, podían acabar condenados por un delito tan sumamente grave como la sedición a penas de más de diez años de prisión”.

Critica la actuación policial

“Resulta sorprendente”, se queja su defensa, que Turull y otros miembros del Gobierno catalán que presidía Puigdemont hayan sido condenados por “promover un alzamiento cuando ningún ciudadano de Cataluña ha estado acusado por este delito”. Los votantes del 1-O, defiende Turull, “no llevaban en ningún momento la iniciativa insurreccional, como parece exigir un auténtico alzamiento sedicioso, sino que se limitaron a resistir ante la actuación policial que pretendía impedirles votar mediante el uso de la fuerza física, sin que en ningún lugar de Cataluña se esgrimiesen armas ni ningún agente sufriese lesiones graves”.

Para el ex conseller, la falta de una “mínima precisión en la definición de la conducta sediciosa y las graves penas previstas provocan un efecto claramente desincentivador en el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de reunión pacífica”.

En su recurso ante el TEDH, Turull cuestiona la competencia del Tribunal Supremo para investigar y enjuiciar los hechos porque los que acarrearon su condena, subraya, “tuvieron lugar íntegramente en territorio catalán” cuando era diputado del Parlament. Para asumir la competencia (que el Supremo justificó porque determinados actos del plan soberanista, como la promoción exterior del “procés”, se desarrollaron en el extranjero) el Alto Tribunal -señala- “recurrió a una interpretación absolutamente innovadora sobre cuál es el lugar de comisión de un delito”.

“Culpables antes de dictar sentencia”

En sustento de su argumento llama la atención sobre el hecho de que la primera querella de la Fiscalía por estos hechos se interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y hace hincapié en que “la voluntad de que la causa se juzgase, fuese como fuese, en Madrid y no en Barcelona ha sido reconocida públicamente por altos representantes de la Justicia española”.

En esa sucesión de denuncias, Turull también niega que fuesen imparciales tanto el instructor, Pablo Llarena, como algunos integrantes del tribunal, que según él “tenían interés en la condena de los acusados a penas muy graves”. Y subraya que cuatro magistrados que formaban parte del tribunal se integraban en la Sala que en octubre de 2017 admitió a trámite la querella de la Fiscalía contra los líderes del proceso independentista en Cataluña.

Pero la defensa de Turull va más allá e incluso carga contra el Gobierno español por emprender “una campaña propagandística supuestamente pensada para informar en el extranjero de los hechos que se estaban juzgando” -a través de la Secretaría General por la España Global del Ministerio de Exteriores- que incluyó “diversas declaraciones y documentos en los que abiertamente ya se consideraba a los procesados culpables de los hechos enjuiciados antes de dictar sentencia”.