Cataluña

El Tribunal de Cuentas duplicará la factura del “procés”

El órgano fiscalizador cifra en al menos otros cuatro millones de euros el supuesto desvío de dinero público para promocionar el desafío soberanista en el exterior entre 2011 y 2017

Joan MateuAP

La factura del “procés” sigue engordando. A los 4,1 millones que ya tuvieron que afianzar los líderes del desafío soberanista y ex altos cargos de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas por la organización del 1-O se sumarán ahora los gastos por la promoción exterior del “procés” a través de Diplocat y de las “embajadas” catalanas, que un informe del organismo fiscalizador sitúa en más de cuatro millones de euros.

Los representantes legales de los ex presidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, de los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y más de una treintena de altos cargos de la Administración catalana están citados el próximo martes ante el Tribunal de Cuentas para que se les notifique la liquidación provisional de los gastos de esa acción exterior, una supuesta desviación de dinero público que terminará previsiblemente con su enjuiciamiento por alcance contable.

Entre ellos también deberán rendir cuentas los delegados de la Generalitat en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, EE UU, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea.

Sobre la mesa, el informe de fiscalización efectuado por el propio tribunal en el que considera que el 74,3% de las actividades desarrolladas por Diplocat, el brazo diplomático de la Generalitat, entre 2013 y 2017 (558 de las 751 organizadas) tuvo como fin último “publicitar, impulsar, promover, y promocionar el proceso soberanista”.

Diplocat FOTO: T. Nieto

La posición de Fiscalía y Abogacía del Estado

Aunque al tratarse de una exigencia de responsabilidad contable el procedimiento no está afectado por los indultos, tras la concesión de la medida de gracia a los condenados del “procés” la exigencia soberanista se centra ahora en desmontar las causas periféricas aun abiertas por el desafío soberanista, entre las que esta fiscalización tiene singular importancia por la exigencia de afianzar las cantidades supuestamente desviadas.

Será, en todo caso, la primera vez tras la concesión de los indultos en que la Abogacía del Estado y la Fiscalía deban pronunciarse en un procedimiento relacionado con el proceso soberanista en el que, además, la Generalitat no ejerce la acusación al no considerarse perjudicada. Si la Abogacía del Estado -cuya legitimación cuestiona la Generalitat- y el Ministerio Público dieran un paso atrás, la acusación quedaría en manos de la acción popular que ejercen Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución.

En ese exhaustivo informe, de más de 700 folios, en el que el Tribunal de Cuentas examinó al detalle los desembolsos de la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017, el organismo fiscalizador concluyó que el total del gasto ascendió a 416,8 millones, de los que 27 correspondieron a las “embajadas” catalanas y otros 15,8 millones a Diplocat.

Consultoras, “think tanks” y visitantes internacionales

Fue en ese análisis pormenorizado en el que afloraron los primeros gastos que se habrían desviado a la promoción del plan soberanista fuera de nuestras fronteras. El coste de las principales actividades vinculadas al “procés” que señala expresamente el Tribunal de Cuentas asciende a 3,7 millones de euros (ver gráfico adjunto). Destaca por su cuantía los casi 1,4 millones que desembolsó Diplocat entre 2013 y 2015 a la consultora Independent Diplomat (ID) (a quien también recurrió la “embajada” de la Generalitat en EE UU) para ayudar al Govern a avanzar en sus “objetivos diplomáticos” en el marco del “proceso para el ejercicio del derecho a decidir”.

Esta empresa fue seleccionada por “su pericia en relaciones internacionales y cuestiones de secesión” y debido a su experiencia en la representación de “gobiernos no soberanos” y en cuestiones de autodeterminación. Pero según se encargó de recordar el organismo fiscalizados, esos objetivos “son ajenos al ámbito de las competencias de una comunidad autónoma e invaden las competencias que corresponden en exclusiva al Estado”.

No fue el único gasto que el Tribunal de Cuentas vinculó con el “procés”. Además, el informe recoge que Diplocat destinó otros 644.904,40 euros” a reuniones institucionales, organización de actos en centros universitarios y “think tanks” de Europa y de EE UU, mesas redondas y conferencias”, así como 543.014,10 euros más a diferentes “programas de visitas internacionales” tanto de políticos y líderes de opinión como de periodistas.

Al menos 327.736 euros de las embajadas

Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas detectó otros 308.530,29 euros más desembolsados en la elaboración de documentos y argumentarios con información sobre “la dimensión internacional del proceso político catalán”.

Pero es en el ámbito de la comunicación donde la Generalitat se empleó más a fondo en esa campaña soberanista fuera de nuestras fronteras: el 99,7% de esas actividades estuvieron relacionadas con el proceso independentista y el gasto total ascendió a 86.088,79 euros. Destinados, sobre todo, a la publicación de artículos en las principales cabeceras de la prensa internacional, en ruedas de prensa y en encuentros con corresponsales extranjeros como los que tuvieron lugar en noviembre de 2015 en la Delegación de la Generalitat en Madrid o el celebrado con la presidenta del Parlament el 2 de febrero de 2017 en un céntrico hotel de la capital.

El Tribunal de Cuentas también destaca el gasto de 451.171,11 euros en la web Catalonia Votes, inicialmente concebida para publicitar la consulta del 9 de noviembre de 2014, pero que se mantuvo activa hasta el referéndum soberanista del 1-O tres años después. Asimismo, el organismo fiscalizador identificó diversas contrataciones sospechosas de Diplocat todas ellas vinculadas al 1-O (equipos de expertos electorales y visitas de parlamentarios y eurodiputados coincidiendo con el referéndum ilegal), que supusieron pagos por un total de 305.789,01 euros.

Por último, el tribunal cifra al menos en 327.736 euros el dinero empleado por las «embajadas» en difundir el «procés» y buscar apoyos a la causa independentista.