El monumento en memoria a los caídos de «uno y otro bando» en la batalla del Ebro tiene los días contados, según el proyecto de la Generalitat de Cataluña, que prevé empezar su desmantelamiento el próximo 18 de julio, a lo largo de tres semanas y con un coste de 200.000 euros. Sin embargo, el comienzo de unas obras de preparación del terreno el lunes y unas declaraciones el pasado viernes de la consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, anunciando que la retirada se iba a adelantar, han puesto en alerta alColectivo para la Reinterpretación del Monumento de la Batalla del Ebro (Corembe).

El Juzgado Contencioso Administrativo número dos de Tarragona ha paralizado los trabajos mientras no se resuelvan las medidas cautelares solicitadas por Corembe, colectivo también conocido como Tortosinos por el Monumento, que en mayo recogió más de 1.400 firmas de vecinos de Tortosa para que no se elimine.

La excavadora y los camiones que se vieron el lunes en la zona donde se instalará una grúa de 300 toneladas de peso para desmontar el monumento ya no volvieron al día siguiente, y la inactividad continúa, según ha comprobado LA RAZÓN, en cumplimiento de la medida judicial.

Alejandro Hernández, abogado que representa a Corembe, resume en tres claves los hechos que han llevado a este inminente desenlace: «Se ha usado el Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) en fraude de ley para servir a intereses políticos; el anuncio de la retirada se hizo en plena campaña electoral y los políticos de Tortosa han cedido a los intereses de Barcelona».

Corembe nace en 2016, cuando una amenaza que puede ir más allá de las críticas empieza a tomar forma. En mayo de ese año, el Ayuntamiento de Tortosa convoca una consulta popular, en la que más del 68% de los participantes opta por mantener y reinterpretar el monumento. Esta asociación «transversal, con gente muy diversa», se aferra a defender el «mandato popular» de aquel referéndum con el objetivo de salvaguardar una obra que ya forma parte del paisaje urbano a su paso por el río, desprovista de inscripciones y simbología franquista.

Se extiende Hernández en lo que sucede a continuación. «Por presiones de la Generalitat, el Consistorio cede y procede a descatalogar el conjunto», que había sido declarado en 2003 Bien Integrante del Patrimonio Cultural Catalán (BIPCC) y, como parte de una iniciativa de la coalición política entre ICV y PSC, el ex alcalde socialista Joan Sabaté decidió incluirlo en el Plan de Ordenación Urbana Municipal. Recuerda el letrado que fue «avalado por el informe de un arquitecto reconocido y se le dio la consideración de bien protegido. Ahora lo que se ha hecho es revisar el POUM parcialmente para excluir la ficha 154, que corresponde al monumento».

Sin embargo, apunta el letrado, «esto requiere una serie de requisitos formales que no se están cumpliendo», puesto que «el propio POUM establecía que no se podía descatalogar» sin «un informe motivado de por qué se ha perdido el valor artístico para eliminarse la protección, cosa que no se ha hecho». En su opinión, «el informe del arquitecto municipal es una vergüenza, con solo media página en la que se recomienda la descatalogación, y nada más». Es una decisión recurrida en el Tribunal Superior de Justicia en Barcelona, al que se pidieron medidas cautelares que fueron desestimadas, y se han vuelto a reclamar en base a los nuevos hechos, la inminente retirada, pero sin resolución por el momento.

En segundo lugar se ha recurrido en un procedimiento contencioso en Barcelona el anuncio de la licitación y la adjudicación de las obras «por una serie de irregularidades, la más grave a nuestro juicio que la Generalitat no es competente para licitar esos trabajos, porque no es la titular del monumento». Aclara Hernández que «uno de los grandes misterios es quién es el propietario», y «a nuestro juicio es el Estado, actualmente el Ministerio de Política Territorial de Miquel Iceta, pero no está claro». Las medidas cautelares están pendientes de resolver también en este punto. El abogado de la Generalitat «se ha opuesto, pero subsidiariamente ha pedido que se acuerden con caución de 166.000 euros, el montante del contrato».

Por último, se encuentra recurrida la licencia de obra que el Ayuntamiento de Tortosa otorgó a petición del Centro de Iniciativas para la Reinserción del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña (CIRE), y se han reclamado medidas cautelarísimas y cautelares. Este es el procedimiento en el que la magistrada Natalia Jimenez ha dictado una providencia por la que mientras no se resuelvan las cautelares no se permite ningún acto de ejecución del acto impugnado, la propia licencia, que es lo que ha detenido las obras que empezaron el lunes. Se trata de una medida provisional, pero sería indicativo de que la titular del juzgado es muy garantista, o que podría estimar finalmente las medidas cautelares, en la lectura más optimista.

Sin embargo, no parece que estos movimientos hayan alterado los planes del Govern. La consejera Ciuró deseó ayer en declaraciones a la Cadena Ser que la jueza no tenga «problema en poderlo retirar, porque es un monumento fascista que honra a un bando, el que ganó la guerra, y se tendría que quitar». Ciuró confía en que la situación se pueda «desencallar» antes del 18 de julio, cuando está previsto que empiecen los trabajos para desmontar el monolito del monumento a la Batalla del Ebro. Precisamente, y no por casualidad, 85 años después del estallido de la Guerra Civil.

Por su parte, la Asociación de Memoria Histórica Raíces, que encabeza otro frente en aras de la salvación del conjunto, denunció esta semana en un escrito al Ministerio de Cultura el comienzo del «expolio» que a su juicio supone el inicio de las obras de allanamiento previas al proceso final. En este documento se explica que la propiedad «no es de la Generalitat catalana sino del Estado español, tal y como se acredita en el expediente de construcción del monumento, según consta en el archivo provincial de Tarragona». La obra «fue iniciativa del gobernador civil en 1964, que era el presidente de la Junta pro monumento y todas las autorizaciones vinieron desde Madrid, como consta en el expediente. Es decir, la Generalitat está expoliando un monumento de gran valor artístico e histórico que ni siquiera es propiedad suya».

Apelan desde la entidad a la Ley 16/1985, sobre el Patrimonio Histórico español y, entre otros, a su artículo treinta y siete, por el que «la Administración competente podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra ointervención en un bien declarado de interés cultural».

El abogado de Raíces, Guillermo Rocafort, advierte de que dará «traslado de este expolio a la Comisión Europea, así como a la Unesco y demás organismos internacionales de defensa del Patrimonio». Así mismo, solicita a Cultura que «dicte urgentemente una orden ministerial sobre la situación en que se encuentra» el monumento y «en la que se ordene a la Generalitat que paralice el expolio previsto, y en el caso de que no cese en sus intenciones, imponga la fuerza del Estado español».

«Es un tema que toca mucho la fibra, que da mucho juego, y, posiblemente, han ido más al ruido que a los hechos en sí», lamenta por su parte el portavoz de Corembe, Joan Otero. Todas las partes disponen de un plazo de cinco días para presentar alegaciones. «El plazo será breve y veremos qué se decide», apunta el portavoz, apelando a la «prudencia» y a la necesidad de actuar «partido a partido» a la espera de las inminentes resoluciones judiciales.

En el otro lado, los sectores que reclaman desde hace años el desmantelamiento del monolito han exigido que se haga efectiva la retirada. La Comisión por la retirada de los símbolos franquistas de Tortosa ha pedido que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Tortosa «respondan con celeridad» a los requerimientos de la juez para que se puedan levantar las medidas cautelarísimas.

Mientras, aguardan su destino, en medio del Ebro, el águila y elsoldado que, según el proyecto inicial, coloca el astro a la esfera celeste en lo más alto del monolito.