Los juristas ven «un burdo fraude de ley»

Un delito para enmendar otro delito. Los juristas consultados por LA RAZÓN ven «un burdo fraude ley» detrás de la artimaña de la Generalitat y subrayan que es una decisión bajo la sombra de la prevaricación y la malversación.

Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional en el CES Cardenal Cisneros, pone en cuestión las palabras pronunciadas ayer por el consejero de Economía del nuevo Gobierno catalán, Jaume Giró, en las que aseguró «que no hay ni desplazamiento patrimonial ni malversación», ya que, a su juicio, «hay un desplazamiento patrimonial innegable y supone un burdo intento de fraude de ley forjado en el seno del propio gobierno de Cataluña». «Una filfa que supone en sí misma la comisión de un posible delito de malversación». Insiste en que «en función de la fórmula que se utilice, podría comportar una malversación dado que «cualquier fórmula que comporte poner en riesgo fondos públicos para que el banco cubra esa fianza, pues entiendo que podría entrar en el ámbito de la malversación». El experto también se refiere a la fórmula del decreto por la que la Generalitat ha optado para poner en marcha este instrumento. «La extrema urgente necesidad está justificada, otra cosa es que el supuesto habilitante esté basado en la legalidad».

Por su parte, el abogado Ignacio Fuster Fabra señala que desde un punto de vista jurídico-penal, «actuar abiertamente en contra de las resoluciones judiciales continúa siendo un delito de prevaricación, tipificado en el artículo 404 y concordantes del Código Penal, si el que lo hace ostenta el carácter de autoridad, y el elemento del indulto no resta tipicidad al mismo». El letrado añade que «podría tal actuación ser igualmente constitutiva de un delito de malversación, –dado el importe del que hablamos, sería además agravada– tipificado en el artículo 432 y siguientes, siempre y cuando con ello se desvíe efectivamente, ya sea directa o indirectamente, dinero público hacia tal fin, máxime si tenemos en cuenta que las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su jurisdicción contable presuntamente traen causa precisamente del previo mal uso por los ex cargos de la Generalitat del erario público, por presuntas irregularidades en la acción exterior entre los años 2011 y 2017».

También es muy crítico el catedrático de Derecho de la Universidad de Granada Miguel Ángel Recuerda, quien sostiene que la creación por la Generalitat de Cataluña de un mecanismo para garantizar el cumplimiento de las condenas al reintegro de fondos públicos que se han usado indebidamente «es un fraude de ley porque persigue un resultado que está prohibido por el ordenamiento jurídico». Según sostiene «el Código penal prohibe que se realicen actos de administración del patrimonio público que sean perjudiciales, como es el caso de la asunción de obligaciones que no corresponden a la Administración». Según describe, por la Generalidad se ha alegado el principio de indemnidad desconociendo su propio significado: «El principio de indemnidad solo exige el resarcimiento de los daños causados a las autoridades y funcionarios cuando estos han actuado para satisfacer el interés general, pero no cuando han cometido delitos. El interés general se cumple respetando la ley».

Además, en su opinión «tampoco se justifica ese fondo en las limitaciones de los seguros de responsabilidad que tienen contratadas las Administraciones, porque la Ley del Contrato de Seguro excluye precisamente las prestaciones cuando los siniestros se producen por acciones u omisiones realizadas de mala fe».

Muy crítico se muestra también el catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos José Manuel Vera Santos, para quien “resulta evidente que el Gobierno catalán colabora con los delincuentes recién excarcelados y sus adláteres independentistas”. “Hoy un Gobierno regional avala ¡a sus propios acreedores, a aquellos que le deben dinero malversado!”, llama la atención el jurista, para quien con decisiones como ésta la Generalitat “desprecia a la mitad de los ciudadanos que no quieren la independencia” y “esquilma su dinero para pagar sueños etnicistas”.

Para Vera Santos, editor de www.constitucionparatodos.com, “aún más preocupante resulta que el Gobierno de Sánchez, que debería ser de todos los españoles, avale políticamente esta evidente responsabilidad contable de los implicados en el caso Diplocat, atacando al Tribunal de Cuentas”. “Vamos, que si el aval económico, malversación o prevaricación mediante, lo presenta el Gobierno regional de Cataluña (imagínese el lector que eso ocurriera en Madrid, Castilla La Mancha o Murcia ¡qué escándalo!) el verdadero avalista político de esta historia es, lamentablemente, el Gobierno de España”.

El catedrático denuncia el “menoscabo” de las instituciones que acarrean decisiones como ésta. “Primero fue el Rey, luego el Congreso de los Diputados, posteriormente la justicia ordinaria y la constitucional. Hoy es el Tribunal de Cuentas y mañana... con el permiso de esta tan piadosa Conferencia Episcopal, Dios dirá”.