Moncloa se reserva acciones contra la Generalitat si incumple la legalidad

Moncloa reacciona con prudencia ante la decisión de la Generalitat de crear un “fondo complementario de riesgos”, con una aportación inicial de 10 millones -el doble del montante de 5,4 millones reclamado por el Tribunal de Cuentas- para el rescate de los “servidores públicos en el ejercicio de su cargo” -entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras- que tienen que hacer frente a una fianza por los gastos destinados a promocionar el «procés» en el plano internacional entre 2011 y 2017.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha querido esperar a “conocer el acuerdo” alcanzado por la Generalitat y hacerlo en profundidad, ya que ha reconocido que “simplemente hemos visto titulares”. En todo caso, sí ha querido dejar claro que “el Gobierno de España vela por la legalidad existente y todas las normas son pasadas por ese filtro”. En este sentido, en Moncloa se emplazan a que, “una vez visto y estudiado el texto”, se pueda tomar cualquier “consideración”.

En concreto, desde el Parlament, los partidos de la oposición, entre ellos, el de los socialistas catalanes, ya alertan sobre la posibilidad de que se incurra en un delito de malversación, si la Generalitat deposita la fianza. Hoy mismo, la portavoz Alícia Romero ha reclamado que se “actúe dentro de la legalidad”, en la línea de la postura mantenida por Moncloa. Y ha puntualizado que si la ley permite estos avales, los respetarán, aunque advirtiendo inmediatamente de que hay “dudas”, porque se han manifestado dentro del propio Govern. “Hay disputa sobre la idoneidad de dar estos avales”, ha afirmado Romero, que tampoco ha querido profundizar demasiado porque no conoce todos los detalles aún.

En Moncloa mantiene su “absoluto respeto de las investigaciones que está llevando a cabo el Tribunal e Cuentas” y recuerdan que “no han llegado a sus conclusiones definitivas”, que, en todo caso, podrán ser recurridas en el ámbito judicial. En el Gobierno transmiten cautela y no quieren caer en una valoración precipitada antes de conocer el texto. “Estamos disponibles en colaboración hasta que esta investigación culmine”, destacan. Sobre la posibilidad, como apuntaban desde el Parlament, de que se haya incurrido en delitos de malversación, desde el Gobierno aseguran que “no les corresponde a ellos juzgar si una determinada cuestión es un delito u otro”, porque “para eso están los tribunales”.