Podemos presiona al PSOE a investigar al Rey emérito

Podemos retoma su estrategia contra la Corona. Tras meses de silencio, el partido morado vuelve a insistir en investigar los supuestos negocios opacos del rey emérito. Vía Congreso de los Diputados se alía con los socios parlamentarios de Pedro Sánchez -ERC, JxCAT, PDeCAT, CUP, Bildu, Compromís, Más País y BNG- para solicitar una comisión de investigación sobre la venta de armas a Arabia Saudí.

El objetivo es que la citada comisión, que debe ser calificada y aprobada por la mesa del Congreso de los Diputados, abra una comisión que investigue “la opacidad en la venta de armas a países no democráticos y las comisiones ilegales vinculadas”, en relación con el padre del Rey Felipe VI, con el objetivo de que se depuren “responsabilidades éticas y políticas”. Sin embargo, como en el resto de ocasiones, lo previsible es que el órgano con poder de decisión en el Congreso tumbe la comisión con el respaldo de PSOE, PP y Vox.

Como en todas las ocasiones anteriores en las que se ha solicitado la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre los negocios de Juan Carlos I, es previsible que la Mesa del Congreso vuelva a tumbar esta petición con los votos del PSOE, PP y Vox.

Según fuentes moradas, la comisión se basa en “el indudable interés público que tiene la decisión del Rey emérito de solicitar, por segunda vez en pocos meses, una regularización tributaria millonaria y la obligación que tiene el Congreso de los Diputados, como sede de la soberanía popular, de arrojar luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas”.

El 13 de julio, los mismos partidos firmantes a excepción de Unidas Podemos, ya registraron en el Congreso una solicitud de comisión parecida para aclarar si el rey emérito fraguó su fortuna a través de una empresa dedicada al tráfico de armas y qué papel ha desempeñado en la sociedad Alkantara Iberian Exports.

También en la solicitud que han formalizado este martes, los firmantes ponen el foco en esta empresa que, según señalan en el texto de la iniciativa, fue promovida por Juan Carlos I en 1977 y financiada a un 50 por ciento por una compañía árabe y por fondos públicos pertenecientes al Estado español.

Los socios de Sánchez consideran que es el momento de reconsiderar la ley de secretos oficiales ya que creen que existen “indicios de impunidad sobre el tráfico de armas con países no democráticos y evasiones fiscales” aparte de que se está utilizando “como impedimento del legítimo ejercicio democrático del poder legislativo”.