El PP no ve posible un acuerdo para el CGPJ antes de Navidad

Gobierno y PP están lejos de encontrarse en nada en este nuevo curso político. Se ha visto en la crisis de Afganistán y ésta es la tónica que seguirá presidiendo las relaciones entre los dos partidos. Debajo de los discursos públicos, sometidos al pulso por ver quién convierte al otro en responsable del desencuentro, la realidad es que las dos partes tienen bastante asumido que en el nuevo trimestre no cambiará nada en su relación. Mejor dicho, en su no relación.

Sin embargo, en instancias judiciales quieren confiar en que el acto de apertura del año judicial, que se celebrará el próximo lunes, sea esta vez utilizado como punto de partida para desencallar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estas expectativas las enfrían desde el PP, con la justificación de que los «imputs» que reciben del Gobierno no les llevan a confiar en que pueda haber un acuerdo «antes de Navidad». Así lo expresa uno de los interlocutores de la negociación con el Ejecutivo, que está, además, en permanente contacto con las asociaciones judiciales. Su mensaje a Génova es que «tiene pocas señales de que esto pueda resolverse antes de Navidad».

Al PP no le aprieta el zapato, sí al Gobierno, y ésta es la razón de que los populares no vayan a moverse de su exigencia de una reforma legislativa que cambie las reglas de juego, para actualizarlas al «marco europeo», alegan. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha multiplicado las reuniones durante este mes de agosto para tomar contacto con el mundo judicial, y ayer volvió a presionar al PP para que «desbloquee» la negociación. También anunció que se retomarán de inmediato los contactos.

Pero la realidad es que entre Gobierno y PP está ya todo prácticamente hablado, hasta en lo que toca a los nombres de los elegidos para el reparto, y el desbloqueo depende de que el Ejecutivo acepte asumir «compromisos firmes y sólidos» sobre esa modificación legislativa que exige al PP. Puede hacerlo sumándose a una iniciativa de los populares en el Congreso, la que presentaron el pasado otoño la tumbó la mayoría de investidura; haciendo suya esa reforma y registrándola en la Cámara; o, incluso, la dirección popular asegura que está dispuesta a buscar «otras fórmulas». Pero todas suponen que se acepte su cambio en el modelo, teniendo claro, advierten, de que no van a aceptar un pacto al estilo de los de investidura, es decir, compromisos que se queden en documentos sin valor ejecutivo inmediato.

El PP ha encontrado en Bruselas la coartada perfecta para justificar su posición, después de que el choque con el Gobierno arrancara con el desencuentro sobre la posibilidad de que Podemos participara en la negociación o tuviera representantes en el nuevo Poder Judicial. En Genova dicen que ven al Gobierno «con pocas ganas de avanzar hacia el estándar europeo», y en el Gobierno sostienen que es el PP el que no quiere dar su brazo a torcer para que no cambien las mayorías que les benefician.

Pero en medio de ese diálogo de sordos hay quien gana más y quien pierde más. El PP asegura que el «Poder Judicial funciona, los juzgados de instrucción funcionan, y el problema lo tiene el Ejecutivo». «Si les aprieta el zapato, que lo demuestren con hechos», afirman en Génova, como posición de partida para retomar por enésima vez la negociación de las vacantes judiciales.

Gobierno y oposición esperan que este lunes el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, haga otra vez una referencia explícita a la renovación de un órgano que va para los tres años en funciones. Lesmes pronunciará, al lado del Rey Felipe VI, su octavo discurso por su condición de presidente del CGPJ, cuando, de acatarse los plazos, su salida de la institución debería haberse ejecutado a los cinco años de su elección.

La propuesta de reforma a la que se aferra al PP para condicionar el desbloqueo de la negociación plantea «cumplir con el mandato constitucional de que los jueces elijan a los jueces». Ese mandato constitucional lo modificó el PSOE en 1985, y con muy pequeños cambios se ha mantenido en vigor hasta la actualidad. El órgano de los jueces lo acuerdan por mayoría reforzada los partidos con representación parlamentaria. La propuesta del PP es que los magistrados elijan directamente a los 12 vocales del turno judicial, y que el Congreso y el Senado sigan eligiendo a los ocho vocales del turno de juristas de reconocido prestigio. Esta reforma debería ser válida para el próximo sistema de elección, pero el PP condiciona el desbloqueo actual a que se ponga ya en marcha.

El pasado mes de julio la Comisión Europea publicó su segundo informe sobre el Estado de Derecho. Además de celebrar que el Gobierno hubiera aparcado la reforma del sistema de elección del CGPJ que rebajaba la mayoría parlamentaria necesaria, ante la falta de acuerdo con el PP, también urgió la renovación de la cúpula judicial y de los órganos constitucionales españoles con un sistema en el que el órgano de gobierno de los jueces fuese elegido parcialmente por los propios magistrados.

El Poder Judicial es el síntoma de una realidad política sometida a las nuevas imposiciones del multipartidismo, y que ha asfixiado por completo los márgenes de diálogo y de entendimiento entre Gobierno y la alternativa de Gobierno. Moncloa necesitaría pactar primero con Podemos, y, a su vez, el PP actúa condicionado por el análisis demoscópico que apunta que los acercamientos al Gobierno les penalizan entre su electorado en la competición con el partido de Santiago Abascal. En la renovación del Poder Judicial no habrá acuerdo si el Gobierno no se mueve. El PP está convencido de que no necesita hacerlo.