Moncloa descarga toda la presión por Juan Carlos I en Zarzuela y la Fiscalía

Las noticias que, con cierta regularidad, devuelven al rey emérito al primer plano de la actualidad por su incierto horizonte judicial obligan inmediatamente a fijar la atención en el Gobierno, ante la falta de concreción de esa «hoja de ruta» basada en la «renovación de la Corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad» que el propio Pedro Sánchez anunció hace casi un año. Según las palabras –cuidadosamente ambiguas y prudentes– del presidente del Gobierno, el Rey estaba ya «trabajando», con el apoyo de Moncloa, para alumbrar avances en este sentido. Unos avances que, sin embargo, no acaban de materializarse.

El Gobierno se encuentra en una situación comprometida en lo que concierne a Don Juan Carlos. Por un lado, porque se ha enfrentado a sus socios –dentro y fuera de la coalición–, rompiendo la dinámica de bloques ideológicos, para construir un cortafuegos en torno a la figura de Felipe VI y tratar así de preservar la institución monárquica de los escándalos que la cercan y de los embates de la izquierda parlamentaria. A esta situación controvertida en el ámbito político, se suma también la percepción de parte de la opinión pública de cierta inacción por parte de la Agencia Tributaria. Un aparente inmovilismo contra el que se revuelven desde Hacienda, asegurando que siguen trabajando en validar las regularizaciones efectuadas hasta ahora por el emérito (por valor de más de cinco millones de euros) porque estas «no presuponen» que no exista delito fiscal, si no se establece que han sido «completas y veraces».

En este contexto, en Moncloa intentan despachar toda la presión y lo hacen en dos direcciones. La primera, hacia el ámbito judicial, poniendo el foco en la labor de la Fiscalía y pidiendo dejar que sus investigaciones y actuaciones «lleguen hasta el final». Aunque desde el Gabinete no esconden que las informaciones relativas a Don Juan Carlos son «preocupantes» o «inquietantes y perturbadoras», como las definiría el propio Sánchez, lo cierto es que también se felicitan por el hecho de que se demuestre que la Justicia está trabajando y se demanda que se le permita seguir en esta línea. La otra dirección en la que descargan posibles actuaciones es en la Casa Real, a la que otorgan gran protagonismo en este asunto. En Moncloa miran al Palacio de la Zarzuela para los pronunciamientos que tengan que ver con Don Juan Carlos, como –por ejemplo– su eventual vuelta a España. Un regreso que en el Ejecutivo no ocultan que no es procedente, porque «las circunstancias que motivaron su marcha, no solo no han desaparecido, sino que se han agravado», y que –en todo caso– está irremediablemente ligado a la resolución de su horizonte judicial.

El Gobierno también se acompasa al ritmo que marca la Casa Real, que no se deja contaminar por la premura que marca el pulso mediático, en lo relativo al marco legislativo. En concreto, en el Ejecutivo rechazan impulsar una Ley de la Corona –que reconocen que conlleva cierta complejidad jurídica– y apuestan por abordar una serie de reformas puntuales, a iniciativa y pactadas con Zarzuela, que permitan avanzar en un proceso de «renovación, ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas». Gobierno y Casa Real avanzan de la mano en esta cuestión, pero desde Moncloa dejan muy claro que es el Rey quien «marca el paso y los tiempos».

Desde el Gobierno sí anticipan a este diario que se producirán «gestos» de Zarzuela en sus «normas internas». «Quizá no serán todo lo ambiciosos que cabría esperar, pero sí serán una muestra del compromiso y el rumbo con que quiere dirigirse la Jefatura del Estado, hacia una Monarquía del siglo XXI», aseguran las citadas fuentes. Un discurso que concuerda con el que el propio Sánchez sostiene también en público, y que desplegó por última vez, tras despachar con Felipe VI en el Palacio de Marivent este verano.

Entre las posibilidades que se barajan y que encajan con esta voluntad de dotar de mayor transparencia y ejemplaridad estaría una reforma en la ley de Presupuestos para establecer un mayor control sobre las cuentas de la Casa Real, de manera que se arrojara luz sobre algunos gastos que a día de hoy no pueden ser controlados por las Cortes. Otro de los aspectos sobre los que el propio Sánchez se ha mostrado dispuesto a avanzar es la revisión de la inviolabilidad del Rey y circunscribirla únicamente a su ámbito de actuación como jefe de Estado. En todo caso, más allá de la opinión del Gobierno, el hecho de que cualquier movimiento sea pactado con Zarzuela deja a Felipe VI la última palabra.

La negativa del Gobierno a abordar una Ley de la Corona obedece a que el contexto para ello no es el más propicio y temen que acabe convertida, de facto, en una suerte de referéndum entre Monarquía y República. En este flanco tampoco existe una posición compacta dentro de la coalición, ya que desde Podemos se trabaja en su propia legislación en este sentido y los morados se han alineado con el resto de partidos de la izquierda en el Congreso en todas las iniciativas para abrir comisiones de investigación al emérito. El PSOE, por su parte, ha unido sus votos a PP y Vox para tumbarlas. En este caso, el eje Moncloa-Zarzuela pesa más que el eje PSOE-Podemos.