La Policía corrige a Laya: el hijo de Ghali no entró en España con permiso de residencia en vigor

El hijo de Brahim Ghali no entró en España el pasado 18 de abril con un permiso de residencia en vigor, como aseguraron al juez tanto la ex ministra Arancha González Laya como el que fue su jefe de gabinete, Camilo Villarino. De hecho, ese documento -que ambos esgrimieron, junto al pasaporte diplomático argelino del líder del Frente Polisario, para justificar por qué se le eximió del control de pasaporte en la base aérea militar de Zaragoza,- no se expidió hasta el 23 de abril, cuando Ghali ya llevaba cinco días ingresado en el hospital San Pedro de Logroño, donde permaneció hasta el 1 de junio convaleciente de una neumonía causada por el Covid.

Para la acusación popular que ejerce el abogado Antonio Urdiales -que insta al instructor a reclamar a la Policía el expediente completo de ese permiso de residencia- la información facilitada ahora por la Policía acredita que tanto Laya como Villarino “han mentido de forma descarada e indecente” ante el magistrado.

La Brigada de Información de la Jefatura Superior de Aragón contesta así al magistrado Rafael Lasala, que le instó a aclarar la fecha de expedición de ese permiso de residencia y a esclarecer si se le expidió algún documento de viaje antes de su llegada a nuestro país procedente de Argel.

Ahora, la Policía contesta al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza que, una vez consultados los archivos de las bases de datos, recurriendo incluso a las unidades policiales de Extranjería y Fronteras, se ha constatado que la fecha de expedición del permiso de residencia de Luali Brahim Sid el Mustafa, de 40 años -y cuya tarjeta está en vigor hasta el 14 de marzo de 2026- es el pasado 23 de abril.

“Con algún tipo de residencia en España”

Según declaró Villarino ante el juez el pasado 13 de septiembre, el mismo 18 de abril, cuando Laya le trasladó que “se había decidido” acoger a Ghali en España por motivos “humanitarios”, le comentó que estaba “gravemente enfermo” y que aterrizaría en Zaragoza acompañado de su hijo. El primero, le especificó según su versión, venía “con pasaporte diplomático argelino” y su hijo “con algún tipo de permiso de residencia en España”.

De hecho, el diplomático especificó que en base a esa información (que supuestamente trasladaron autoridades argelinas a las que se negó a identificar) se decidió esa misma tarde eximirles del control de pasaportes. “Lo lógico es que efectivamente llevara encima ese pasaporte igual que su hijo llevaba la tarjeta de residencia, porque en ningún momento se les había dicho que no se les fuera a solicitar”, dijo.

Tanto Laya como Villarino esgrimieron que en base al Código de Fronteras de Schengen no era necesario requerir documentación alguna a Ghali y a su hijo dado que se trataba de una “personalidad extranjera”, una potestad de los estados que el diplomático definió en su declaración judicial como “puertecillas traseras que permiten eximir de ese control”.

“Sabiendo como sabía quiénes venían, creyendo como creía con razones fundamentadas que traían la documentación de la que nos habían informado, y a qué venían, al hospital de Logroño, a atender a uno de ellos que estaba gravemente enfermo, entendí que la decisión era razonada, razonable y ajustada a derecho, por más que yo pueda comprobar a posteriori que pueda ser objeto de controversia jurídica”, defendió Villarino.

“Han mentido de forma descarada”

La Abogacía del Estado aportó al juez (igual que había hecho Villarino antes) una copia de ese permiso de residencia, sin embargo, solo adjuntó una fotocopia del anverso, y no del reverso (donde figura la fecha de expedición), lo que llevó a la acusación popular antes referida a instar al magistrado a reclamar a la Policía ese dato, como efectivamente hizo el instructor.

La Policía también informa al magistrado que al hijo de Ghali se le habían expedido con anterioridad dos documentos de viaje (que facultan a su titular a viajar por cualquier país del mundo y regresar a España hasta la fecha de su caducidad). El primero fue expedido el 6 de abril de 2016 por la Unidad de Extranjería y Documentación de Granada y caducó el 15 de abril de 2021 (es decir, tres días antes de su llegada a España). El segundo, se expidió el 7 diciembre de 2017 por la Unidad de Extranjería de Almería, pero la Policía deja constancia de que no puede adjuntar una copia “al no conservarse copia del mismo”.

Ahora, Urdiales insta a Lasala a que reclame a la Policía una copia del expediente íntegro sobre ese permiso de residencia concedido “cinco días después de llegar el vuelo”. Además, el letrado quiere que el instructor ordene la intervención del móvil de Villarino para que los agentes intenten identificar a la persona que le remitió por correo electrónico el pasaporte argelino de Ghali, a quien se negó a identificar -según trasladó al juez la Abogacía del Estado- amparándose en el carácter “secreto” y “reservado” de esas gestiones.

Para la acusación popular, la información facilitada ahora por la Policía acredita que tanto Laya como Villarino “han mentido de forma descarada e indecente” ante el magistrado. “Si bien tienen el legítimo derecho de no declarar, si declaran, siendo funcionarios del máximo nivel, lo que no tienen derecho es a faltar a la verdad de esta forma tan torticera ante un magistrado”.