Laya rectifica y dice al juez que se autorizó la llegada de Ghali dos días antes

Ni sabía queBrahim Ghali estaba siendoinvestigado por la Audiencia Nacional por genocidio, torturas y detención ilegal ni se enteró de que se registró con una identidad falsa en el hospital de Logroño donde permaneció ingresado mes y medio con el aval del Gobierno. La ex ministra de Exteriores Arancha González Layase enrocó ayer durante una hora ante el juez que investiga la entrada del líder del Frente Polisario en España el pasado abril, escudándose una y otra vez en la ley de secretos oficiales y en un acuerdo fantasma del Consejo de Ministros de octubre de 2010 que declaró materia reservada los quehaceres de la diplomacia española, esa intrahistoria de contornos difusos de la geopolítica.

Sí aportó dos fechas hasta ahora desconocidas: la petición de Argelia de que se acogiera a Ghali llegó el 14 de abril y la decisión de acceder a la misma se tomó dos días después, el 16 –48 horasantes de su llegada a España–. Pero según contó al juez el ex jefe de gabinete de Laya, Camilo Villarino, no fue hasta el mismo 18 cuando la titular de Exteriores le confirmó que «se había tomado la decisión», pues el 16 únicamente le trasladó que se había recibido la petición de un tercer país y se limitaron a valorar los pros y los contras. Por lo que ahora cuenta Laya, ese mismo día ya había plácet a la llegada del líder polisario.

La precisión de la ex ministra se conocer después de que trascendiera que el responsable de la unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Pedro de Logroño (donde Ghali estuvo ingresado del 18 de abril al 1 de junio) declaró a la Policía que el gerente del centro le trasladó ese mismo día 16 de abril que había que buscar una cama en la UCI para un paciente Covid procedente del extranjero.

Pero ante el parapeto de la normativa de secretos oficiales, las preguntas del magistrado Rafael Lasala cayeron una y otra vez en saco roto. Hasta al menos en tres ocasiones, según las fuentes consultadas, el instructor intentó sin éxito que la ministra pusiera nombre y apellidos a las personas o persona que adoptaron la decisión de permitir que Ghali entrara en nuestro país eximiéndole del control de pasaporte y documentación en la base aérea de Zaragoza, donde aterrizó su avión procedente de Argel el pasado 18 de abril.

El juez, a Laya: “Yo me rijo por el principio de legalidad”

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 llegó a exasperarse ante la insistencia de la ex ministra en escudarse en ese acuerdo del Gobierno de Zapatero de 2010 (al que en su declaración judicial el ex jefe de gabinete de Laya se refirió con un enigmático «no publicado»).

«Yo no se nada del acuerdo del consejo de ministros –llegó a replicarle el juez Lasala visiblemente molesto, según fuentes presentes en el interrogatorio–, yo me rijo por el principio de legalidad».

Pero Laya (que como imputada no tenía obligación de contestar a las preguntas) siguió recurriendo una y otra vez a ese carácter supuestamente reservado de las decisiones que se adoptaron en el seno del Ejecutivo para avalar la acogida de Ghali por razones «humanitarias». Un gesto que provocó una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos (que hizo la vista gorda en la frontera de Ceuta propiciando la llegada de una avalancha de inmigrantes en la ciudad autónoma).

De hecho, cuando el magistrado intentó que la ex ministra revelase la identidad y el cargo de la autoridad argelina que pidió a Exteriores que España acogiese al líder del Frente Polisario enfermo de Covid, volvió a escuchar la misma respuesta», pues Laya se aferró de nuevo al supuesto carácter «secreto» de esas actuaciones.

La ex jefa de la diplomacia española –que se negó a contestar a los letrados de las acusaciones populares, a las que la Abogacía del Estado ha intentado expulsar sin éxito– defendió en todo momento quela decisión de acoger a Ghali por razones humanitarias fue «un acto político» y no un acto administrativo (por lo que, en definitiva, no debería de ser revisado por un órgano jurisdiccional) fruto de una petición de un tercer país (Argelia).

Laya hizo asimismo hincapié en que el asunto se llevó con discreción para evitar problemas con terceros países (Marruecos, aunque no lo citó expresamente), pero siempre dentro de la legalidad.

Preservar su «intimidad»

Y como ya hizo su subordinado Villarino cuando compareció ante el juez, se remitió al Reglamento de Schengen para justificar que se eximiera del sellado del pasaporte a una personalidad extranjera como Ghali, del que tenían constancia de que viajaban con pasaporte diplomático argelino. Se trataba, además, explicó, de preservar «su intimidad» al tratarse de un enfermo de Covid. Pero, «¿y su hijo? ¿por qué no se le requirió la documentación?», le inquirió uno de los abogados de la acusación, ante lo que Laya insistió en que viajaba con un permiso de residencia.

Tras declarar ante el juez, la ex ministra aseguró que todo se hizo «conforme a la ley» y que acudió a la cita judicial con «mucha tranquilidad» y con voluntad de «transparencia» (ley de secretos oficiales mediante) para aportar «todas las explicaciones que puedan ayudar» al instructor en la investigación.

Laya defendió en todo momento la legalidad de su actuación y se mostró confiada en que el instructor archive la causa contra ella por prevaricación y encubrimiento: «Espero que llegue a la misma conclusión», dijo esperanzada.

El pasado 13 de septiembre, el ex jefe de gabinete de González Laya aseguró al juez que fue la entonces ministra de Exteriores quien le trasladó el mismo 18 de abril que «se había decidido» autorizar la entrada del líder del Frente Polisario en España «por razones humanitarias». El diplomático dijo que la primera noticia que tuvo sobre esa posible llegada de Ghali se produjo el 15 de abril, cuando recibió una llamada de la entonces jefa de gabinete de la vicepresidenta Carmen Calvo preguntándole si sabía algo al respecto.