La Audiencia mantiene investigados a los periodistas que dieron a Villarejo una copia de la tarjeta de Dina

Los dos periodistas de Interviú que entregaron a Pablo Iglesias una copia de la tarjeta de su ex asesora Dina Bousselham seguirán investigados en el “caso Dina”. Así lo ha decidido la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha desestimado la petición de su defensa de archivar las actuaciones respecto a Alberto Pozas, ex director general de Información Nacional de Moncloa (cargo al que renunció tras su imputación) y Luis Rendueles, que eran director y subdirector de la citada revista, respectivamente, cuando se produjeron los hechos. Los magistrados de la Sección Tercera confirman así la decisión del juez Manuel García Castellón -que llegó a pedir al Tribunal Supremo que imputase al ex líder de Podemos, a quien señala como responsable de la destrucción de la tarjeta- de negarse a acordar el sobreseimiento.

La defensa de los dos periodistas -investigados por un delito de descubrimiento y revelación de secretos- argumentó que “la única actuación” que se les atribuye es haber entregado al comisario jubilado José Manuel Villarejo un archivo con información personal de Dina Bousselham, que Pozas decidió no publicar y que se entregó a Iglesias, a quien afectaba el contenido (incluía un chat entre dirigentes de Podemos en el que Iglesias aseguró que azotaría “hasta que sangrara” a la periodista Mariló Montero)a través del entonces presidente del Grupo Z Antonio Asensio.

Defienden que la entrega al ex comisario fue legítima

Pero los dos periodistas insistían en que la entrega, antes de abril de 2016, a Villarejo fue “legítima” porque existió un requerimiento policial y era notorio que había investigaciones policiales y judiciales en curso sobre la financiación de la formación morada. Además, su defensa esgrime que desconocían que la tarjeta se hubiese obtenido de forma ilícita (fue robada a Bousselham en noviembre de 2015 en un centro comercial).

Pero la Sala -en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Fraile, avala la argumentación que expuso el instructor en su resolución de septiembre del pasado año para mantener las imputaciones, pues de la misma se desprende “claramente” la existencia de indicios de la comisión del delito que se les atribuye. Para el tribunal, al haber entregado a Villarejo “datos reservados de carácter personal que habían extraído del dispositivo informático que los contenía” habrían incurrido en esa conducta delictiva.

Además, los magistrados insisten en que facilitaron a Villarejo esa información “sin que tal entrega estuviese justificada por una solicitud oficial formulada en el curso de una investigación policial o judicial”. Si, como mantienen los ya procesados, no fue así, deberán probarlo en el juicio, mantiene la Sala.

Su defensa criticó la actuación de Iglesias

Para la Audiencia, que ambos desconociesen que esos datos se habían obtenido de forma ilícita”no es óbice para la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos”, pues basta la “mera utilización” de esa información para que se cometa el delito. “No es preciso tampoco un ánimo específico de causar perjuicio al titular de los datos reservados”, añade.

El tribunal también rebate la argumentación de la defensa respecto a la falta de voluntad de denunciar los hechos o de ejercer acciones penales contra los dos periodistas de Iglesias y su ex asesora y les recuerda que la defensa de estos dos últimos ha solicitado que se desestime la petición de archivo respecto a ambos.

En el archivo en el que su defensa pedía el sobreseimiento de las actuaciones, el letrado no ahorraba críticas a la actuación procesal como perjudicados tanto de Iglesias como Bousselham. De hecho, les reprochaba que hubiesen “obstaculizado gravemente los mecanismos de la Administración de Justicia que ellos mismos activaron”, y de haber “regateado al Estado los medios de averiguación de la verdad”. Hasta tal punto que tachaba su actuación en la causa de “esquizofrénica e incongruente”.