El TC desmonta Frankenstein

Pedro Sánchez se ha vestido de estratega para asegurar el resto de la legislatura con unos nuevos Presupuestos. Y, justo ahora, PSOE y PP han logrado una entente que desenreda la renovación de cuatro relevantes órganos de nuestra Carta Magna: el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos.

Lo que hace unos días parecía imposible se ha logrado de forma súbita. Y ello aunque, políticamente hablando, el pacto desmonta el mantra con el que el Gobierno ha justificado su alejamiento del PP o sus decisiones unilaterales en temas cruciales para el país, como la educación, la reforma laboral o las pensiones, por mencionar algunos asuntos que van más allá del mero interés partidista y en los que jamás se debería obviar al centro derecha, que representa a una buena mayoría de españoles.

Además, este espíritu de acuerdo entre socialistas y populares adquiere mayor relevancia por coincidir con una nueva entrega de esos “episodios nacionales” del dúo Pimpinela gubernamental que coloca al Consejo de Ministros en la picota. De hecho, si no fuera porque está firmemente instalada la creencia de que ambos coaligados no desean que la legislatura se acorte, podría decirse que vivimos un ambiente de adelanto electoral.

¿Puede verse mayor tensión?Que Podemos anuncie denunciar penalmente a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, por cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que ha inhabilitado a quien fuera número tres de los morados, Alberto Rodríguez; que una ministra, líder de los morados, Ione Belarra, acuse de “prevaricar” a los jueces, no son meras trifulcas dentro del guirigay ideológico constante en el que vive el PSOE con los socios y costaleros que eligió Sánchez para perdurar en La Moncloa. Es impensable tratar de aguar la gravedad de este salto político.

No es lógico pensar que Sánchez desee romper la coalición que firmó para ser investido presidente. Tampoco le interesa la ruptura al combativo trío de mujeres que lidera el comunismo populista: Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero. Pero si lo hiciese, el presidente tendría dos caminos, ambos arduos para él: el de afrontar las urnas para medir la opinión de los españoles o el de buscar una nueva mayoría parlamentaria, como ha hecho para renovar los órganos constitucionales, que le permitiese moderar sus políticas y discurso.

Porque el pacto PSOE-PP para renovar, por ejemplo, un órgano tan vital como el Tribunal Constitucional en los tiempos que corren, con Podemos que busca imponer desde el mismo Gobierno un modelo que no cabe en la Constitución, deja en cueros las necesidades con las que Sánchez juguetea para justificar su gusto por abrazar a la izquierda radical y al independentismo. No es que Sánchez no disponga de otra opción que el bloque Frankenstein: es que ésa es su apuesta. De hecho, en el Congreso de los Diputados el presidente sólo ha dirigido su mirada a Pablo Casado para trámites en los que necesita mayorías cualificadas. Léase, por ejemplo, el CGPJ. Y ello tras explorar la tentativa de rebajar dicha mayoría.

Los pactos de Estado entre el Gobierno y el principal partido de la Oposición no existen porque Sánchez los desprecia. Su mandato depende de Podemos, ERC o Bildu, las formaciones antisistema, porque él así lo quiere. La voluntad del presidente del Gobierno ha elevado a esas fuerzas a la condición de costaleros preferentes, con blanqueo incluido del líder de izquierda abertzale Arnaldo Otegi, personaje de largo recorrido de militancia terrorista en ETA.

Lo sorprendente es que, para remontar el vuelo, Sánchez pretenda enarbolar la bandera socialdemócrata con sus alianzas tóxicas. De la mano del populismo comunista y el secesionismo, el plan está abocado al desastre. Obliga al país a correr enormes riesgos. Muy claros, además, pues implican la ruptura de nuestras reglas de convivencia llevando España a la crispación, el frentismo y la inestabilidad política.