Las grietas del bloque independentista sobre el que se asienta el Govern de Cataluña se conciben como una oportunidad para Moncloa. Una oportunidad para reforzar la entente con ERC y estrechar su relación de dependencia mutua, ligando sus destinos en Barcelona y Madrid. Si hasta ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez se percibía como rehén de los soberanistas, cuya debilidad parlamentaria les obliga a depender de los votos de ERC en cada votación trascendente en el Congreso; en Moncloa buscan ahora dar la vuelta a la situación y presentarse como «salvavidas» de Pere Aragonès, explotando al máximo las diferencias que existen en el seno de su gobierno en virtud de sus intereses.

A falta de cuatro días para que se celebre la primera votación de los presupuestos –el lunes se votan las enmiendas a la totalidad–, Aragonès continúa sin los apoyos suficientes, porque la CUP, socio prioritario, sigue insatisfecho con la propuesta de la Generalitat. Ante este escenario, el presidente de la Generalitat ha tenido que arremangarse y ponerse en primera línea a negociar con los anticapitalistas junto al conseller de Economía, Jaume Giró, para tratar de atar algún acuerdo, porque si no, deberán entregarse a los brazos de Comunes, marca catalana de Podemos, o del PSC.

Un escenario que allanan desde Moncloa –donde muestran su plena disposición–, pero que Esquerra quiere evitar a toda costa, porque arruinaría su estrategia. Los republicanos pretenden mantener una posición de fuerza en sus negociaciones en Madrid con el Gobierno y, por ello, rechazan quedar hipotecados en Cataluña con acuerdos con el PSC de tanto calado como los presupuestos: son conscientes que un intercambio de apoyos les debilitaría. La relación de interdependencia que busca el Gobierno central les privaría de la capacidad de presión que actualmente ejercen sobre Sánchez. A futuro, también pondría mucho más difícil a Esquerra su pugna con los socialistas en las elecciones municipales de 2023, ya que tienen votante fronterizo y los republicanos quieren penetrar en el área metropolitana de Barcelona, importante bastión socialista.

Las reticencias de ERC chocan con los intereses de Moncloa, que ven en la tramitación de los presupuestos en Cataluña la ocasión perfecta para atar a ERC en Madrid, donde también se negocian las cuentas públicas –la próxima semana se producirá el debate y aprobación en Pleno del dictamen de las comisiones– y otras iniciativas, como la Ley de Memoria Democrática, en la que los republicanos están comprometiendo el aval final de la misma. De hecho, los socialistas han tendido la mano abiertamente a Aragonès para aprobar las cuentas, como alternativa a las exigencias de sus socios de investidura.

Esta aspiración del Gobierno central, de dar estabilidad a Cataluña a cambio de un giro de timón en la hoja de ruta soberanista, se ha encontrado, por el momento, con el portazo sistemático de la Generalitat. «Vamos a ser responsables. Es importante que los catalanes formen parte de la recuperación justa y para ello se necesitan unos presupuestos en Cataluña. Aragonès sabe que, si no se pone de acuerdo con sus socios, tiene la mano tendida del PSC y de Salvador Illa para poder hablar de esas cuentas», aseguran fuentes socialistas.

Pero lo cierto es que Aragonès sigue cerrando la puerta a cualquier acuerdo con el PSC. De hecho, mantuvo una reunión ayer con Salvador Illa en la que rechazó hablar de presupuestos. El dirigente socialista, que ganó las elecciones, sigue afanándose en obtener protagonismo y no ser un convidado de piedra en una legislatura en la que se encomendó a no repetir los errores de Inés Arrimadas en 2017, que también ganó los comicios pero asumió una posición irrelevante tras el pacto de gobierno independentista. Illa ha tendido la mano tanto como ha podido al Govern, pero se ha encontrado sistemáticamente con su rechazo. Los Comunes también lo están intentando y Aragonès accedió ayer a mantener una reunión con los morados ante el temor a que falle la CUP.

Lo cierto es que con los anticapitalistas las cosas están complicadas, aunque hay bastante margen para el acuerdo. La CUP ha planteado cinco nuevas exigencias, pero tampoco pide que se cumplan todas. En este sentido, algunas de ellas son más que sensibles, como un aumento de los impuestos –línea roja de Giró–; retirada de las acusaciones de la Generalitat contra activistas independentistas; supresión de macroproyectos, como el de ocio del Hard Rock de Salou, la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno o el Gran Premio de la Fórmula 1; o, acelerar en el proceso independentista. El precio a pagar por un acuerdo con la CUP es alto, aunque, a ojos de Esquerra, es mayor con el PSC y los Comunes. En todo caso, el Govern no se puede permitir prorrogar los presupuestos porque arrastran los de 2020 (previos a la pandemia).