El Gobierno se enreda con la investigación de los crímenes franquistas

El pretendido gesto del Gobierno al independentismo para que ERC avale la Ley de Memoria Democrática ha tenido un efecto tan limitado como la enmienda que PSOE y Podemos han pactado sobre la Ley de Amnistía. Ineficaz para persuadir a sus aliados, que calificaron desde el primer momento el movimiento como una maniobra para «engañar al personal» y «vender humo», e ineficaz jurídicamente por sus nulos efectos penales. Incluso el ministro del ramo, Félix Bolaños, no ha tenido más remedio que reconocer, ante las críticas de que el PSOE buscaba dinamitar el legado de la Transición, que lo que hace la norma no es derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977, sino todo lo contrario, porque «ratifica su vigencia» y «reafirma» que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

En una entrevista en Onda Cero, Bolaños admitió abiertamente que cuando la Ley de Memoria Democrática entre en vigor –algo para lo que, de momento, no dan los números–, la situación jurídica en España seguirá siendo exactamente la misma que ahora. «Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002», aseguró, retrotrayéndose al momento en que se ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se estableció que la ley debía aplicarse siguiendo el derecho internacional.

Siguiendo con las limitaciones, el ministro también reconoció que las dificultades que existen ahora para juzgar los crímenes del franquismo seguirán plenamente vigentes, por la irretroactividad de la legislación penal. «No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72», destacó. En este sentido, además hay que reseñar que al no ser la Ley de Memoria Democrática una ley orgánica, no va a afectar a la legislación penal.

Sin embargo, en Podemos no comparten esta visión y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Enrique Santiago, puntualizó en su cuenta de Twitter que «el derecho internacional dicta que los graves crímenes contra la Comunidad Internacional (genocidio, tortura, lesa humanidad y de guerra) no pueden quedar en impunidad. Son imprescriptibles y nunca les alcanza la amnistía».

El PSOE, por su parte, rechaza de plano derogar la Ley de Amnistía del 77 como le piden sus socios de ERC y desde el Gobierno reivindican el proceso de Transición, del que fueron parte activa los socialistas. «Fue muy importante para la consolidación de la democracia. Quien la pidió fue la izquierda y consiguió que muchas personas que estaban en la cárcel por sus ideas, que no habían cometido ningún delito, salieran», señaló Bolaños, buscando sortear las críticas recibidas en las últimas horas. Así, el ministro de Memoria Democrática aseguró que, lejos de pretender desactivarla, en realidad lo que pretenden el PSOE y Unidas Podemos con la polémica enmienda en la que se menciona la Ley de Amnistía es «simple y llanamente» poner «en valor» tanto esa norma como los tratados internacionales. «Lo único que hace es ratificar la vigencia de la ley de amnistía», aseguró.

En Moncloa trabajan con la expectativa de poder sacar adelante la Ley de Memoria Democrática, pero la aritmética se está complicando. Los socialistas negociaban en paralelo con sus socios habituales y también con Ciudadanos. Sin embargo, con la promoción de la citada enmienda no han logrado acercar a ERC y han perdido definitivamente a los de Inés Arrimadas por «reinterpretar» la Ley de Amnistía. En todo caso, en el Gobierno han hecho suyo parte del discurso de sus socios en lo relativo a reconocer «inercias de la dictadura» con posibles vulneraciones de derechos fundamentales entre el 78 y el 82, cuando comenzó a gobernar Felipe González, para lo que se creará un comité de expertos que estudie estas situaciones.