Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se ha cumplido el guion previsto y los socios de Pedro Sánchez,que tienen casi más interés que el Gobierno de coalición en que la legislatura dure, ganan tiempo para conseguir que se siga avanzando en el cumplimiento de su agenda de exigencias. Sánchez está en manos del acuerdo con ERC y PNV para aguantar esta legislatura y para repetir mandato, si las urnas le abren esta posibilidad. Los socios tienen más o menos encarriladas sus prioridades económicas, aunque se quejan de que todavía esté sin ejecutar hasta buena parte del programa de los Presupuestos de 2019.

Pero, tras la aparente calma, ahora viene el segundo asalto en clave de identidad nacional y más vale que el Gobierno, y, sobre todo, sus barones, vayan preparándose porque ERC, pero también el PNV, intentarán llenar la agenda de lo que resta de legislatura con la cuestión territorial. Un debate en el que el PSOE como partido no tiene nada que ganar fuera de Cataluña, y allí, si acaso.

Los independentistas catalanes tienen la «mesa» bilateral de negociación, que reactivarán a la fuerza, quiera o no quiera el Gobierno, para buscar alternativas honrosas para ellos, y también rentables, a la declaración unilateral de independencia, camino que ya han visto que, de momento, es intransitable.

La pretensión de un nuevo Estatuto está entre los planes de trabajo, aunque no dejen de hablar de la amnistía y de la autodeterminación, y también es una opción que estudian despertar los nacionalistas vascos, en este último caso siempre desde una visión mucho más pragmática que el aventurerismo del secesionismo catalán. El PNV no retomará la vía Ibarretxe, ni pondrá en riesgo la estabilidad del «país», pero en su competición con EH Bildu no le viene nada mal introducir en la agenda otras cuestiones que vayan más allá de las partidas económicas que saque de Madrid por su apoyo a la estabilidad del Gobierno de coalición.

El término «nacionalidad» lo dan por agotado en Cataluña y en el País Vasco. Y la ventaja para Sánchez es que sus socios reconocen que no tienen alternativa para poder seguir «ordeñando» en Madrid a cambio de sus escaños porque la dependencia del PP de Vox les hace incompatibles con cualquier otra opción de Gobierno nacional. Si el término «nacionalidad» ya no sirve, sin órdagos, y con mucha más mano izquierda de la que emplearon Carles Puigdemont y Oriol Junqueras con el «procés», ahora lo que pretenden es aprovechar la etapa del «sanchismo» para avanzar hacia otros mecanismos que permitan blindar el status quo, su condición de sujetos políticos con atributos propios. Hay coincidencia, por supuesto, en articular nuevas fórmulas de blindaje competencial, y en el nuevo paso adelante que debe darse en el reconocimiento nacional. En la diana entra también el Tribunal Constitucional (TC), al menos para que los conflictos de competencias no queden en manos del Pleno, con la justificación de su politización, y pasen a depender de otra sala de arbitraje. La negociación entre Gobierno y PP, y el bochornoso espectáculo que ha rodeado a la votación del acuerdo sobre la última renovación en este órgano, es otro incentivo para «atacar» por ese flanco.

Los intereses de los socios catalanes y vascos son completamente opuestos al interés del PSOE, máxime en un contexto electoral. El ruido territorial, y de la cesión, es demoledor para los socialistas en Andalucía, por ejemplo, y el coste se agrava si viene asociado a un contexto de crisis como el actual donde los agravios territoriales son mucho más penalizados por la opinión pública. Por tanto, el peaje es inevitable, y en el horizonte se consolida un futuro que desde el punto de vista electoral deja al PSOE hipotecado por completo a ese gran acuerdo con Cataluña (ERC) y País Vasco (PNV), a la misma altura, o casi con más predominio, que la alianza con la izquierda. La tentación de Sánchez es ir tejiendo el marco para buscar complicidades con EH Bildu, y soñar incluso con un acuerdo futuro de gobierno, a la izquierda, en el País Vasco, si bien necesita todavía de tiempo para poder articularse. No puede estar Arnaldo Otegi, y debe haber un relevo generacional más amplio en la formación abertzale para que ese acuerdo de gobierno sea «decente» ante el resto de la opinión pública. Pero Sánchez seguirá invirtiendo en Bildu, y los de Otegi no le limitarán la vida porque ellos también necesitan ganar tiempo para que puedan presentar una hoja de servicios en la excarcelación de presos etarras mucho más amplia de la que tienen en la actualidad. Quiera o no quiera, el PSOE está atado al independentismo y al nacionalismo si quiere gobernar.