Sánchez solo quiere dar dinero a ERC y PNV a cambio de su apoyo

El Gobierno ha conseguido cerrar los Presupuestos en el seno de la coalición. Lo que podría parecer la parte más fácil de la negociación ha tenido tensiones hasta el final y cuitas ideológicas por rentabilizar las medidas de corte más social. Estas podrían ser las últimas cuentas antes de las elecciones, puesto que en la recta final de la legislatura todas las formaciones buscarán marcar distancias con quienes serán sus futuros rivales políticos en las urnas. En este contexto, los socios del Gobierno, tanto dentro como fuera de la coalición, pugnan por marcar perfil y no venderán barato su apoyo a los Presupuestos. Mientras se escenifica una impostada tensión, en privado los contactos avanzan. En ambas partes hay una certeza y es que existe una dependencia mutua.

El Gobierno ya no puede amagar con la geometría variable. Ciudadanos se ha borrado de la ecuación y solo es posible una mayoría: la de la investidura. Por su parte, quienes integran esa mayoría saben que no pueden dejar caer al Gobierno, porque la alternativa (por la derecha) es perjudicial para sus intereses. Además, necesitan vehicular la inyección de fondos europeos en sus territorios para justificar su papel de socio preferente del Gobierno central. En esta coyuntura, Moncloa ubica las transferencias e inversiones como moneda de cambio por el apoyo de nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, mientras busca rebajar el precio ideológico de algunas de las exigencias que se demandan y que no son susceptibles de conceder.

ERC vuelve a ser, una vez más, clave en la ecuación presupuestaria y su negativa acarrearía el fracaso de la operación. Pedro Sánchez y Pere Aragonès se han ocupado de consolidar su entente en los últimos meses y solo la detención de Carles Puigdemont pudo introducir un factor desestabilizador. En Moncloa son conscientes de que tendrán que premiar la apuesta de Esquerra por el diálogo, para que puedan justificar ante su electorado la interlocución con el Gobierno. En esta ocasión, además de dinero, los soberanistas quieren arrancar al Ejecutivo cuestiones más simbólicas que sean percibidas por la parroquia independentista como gestos de distensión. En este ámbito se ubica el blindaje del catalán en la ley audiovisual que ultima Moncloa o la reconversión de la comisaría de Vía Laietana en un centro de memoria democrática. También avanzar en transferencias, como la del servicio de cercanías, rodalíes.

Negociación “discreta”

El PNV negocia con discreción y va ganando batallas como la del impuesto al diésel, que no se incluirá en las cuentas públicas. Sin exhibir los avances siguen arrancando compromisos al Gobierno y exigen el cumplimiento de los que ya se comprometieron anteriormente como la gestión del Ingreso Mínimo Vital o las pensiones, así como el impulso a las obras del tren de alta velocidad. También la gestión integra de lo que les corresponde del maná europeo. En el Ejecutivo son conscientes de que los jeltzales son un pilar fundamental de su mayoría y para cuidar esta entente hay que ponderar los gestos con Bildu. Nacionalistas y abertzales pugnan por el rol de interlocutor vasco con el Gobierno central y el PNV no está dispuesto a ceder su estatus tradicional.

Sin embargo, los votos de Bildu también importan para completar la mayoría. Por el momento, los abertzales han vinculado su apoyo al Gobierno a iniciativas que no tienen un reflejo presupuestario, como la derogación de la reforma laboral –que ya comprometieron en una de las prórrogas del estado de alarma-, la eliminación de la ley mordaza o la supresión de algunos aspectos de la ley de secretos oficiales. En Podemos consideran que sus aportaciones a las cuentas facilitan el apoyo de la mayoría de la investidura, a pesar de que los partidos que la integran enfríen este optimismo y se rearmen para la negociación oficial que tiene que cerrarse una vez que las cuentas lleguen esta semana al Congreso de los Diputados.