El Gobierno se conjura para desactivar las protestas en la calle

Sánchez intenta acelerar la recuperación, multiplicando la acción ejecutiva hasta final de año

Casado, ayer en el acto que protagonizó en el Congreso con sus diputados y senadores
Casado, ayer en el acto que protagonizó en el Congreso con sus diputados y senadores FOTO: EUROPA PRESS/E. Parra. POOL Europa Press

El Gobierno quiere tomar la iniciativa o, al menos, trasladar públicamente una imagen de hiperactividad. En un contexto económico adverso en el que la recuperación no acaba de materializarse con la «justicia» que Pedro Sánchez había prometido, Moncloa ha decidido pisar el acelerador de la acción ejecutiva para tratar de desactivar el malestar social que recorre la calle y que la oposición está intentando capitalizar para desgastar al Gabinete. El temor a que la sexta ola, con la nueva variante ómicron, lastre todavía más las previsiones del Ejecutivo obliga a reaccionar y aligerar la reactivación económica, con la ejecución de los fondos europeos.

El presidente quiere apagar este germen de «otoño caliente» antes de que entre en combustión y ha dado la orden de multiplicar las reuniones de su Consejo de Ministros este mes de diciembre. Esto se concretará en dos reuniones semanales: la tradicional de los martes y otra extraordinaria, previsiblemente, los viernes para marcar la agenda y aumentar el número de iniciativas aprobadas. Hasta un total de diez reuniones del Gabinete antes de que finalice el año, cuando Sánchez comparecerá para hacer el tradicional balance de su gestión, en el que debe presentar la actualización de su plan: «Cumpliendo», donde dará cuenta del grado de cumplimiento de los compromisos acometidos por el Ejecutivo. El objetivo es, según fuentes gubernamentales, acelerar la actividad económica del Gobierno y consolidar la recuperación. El volumen de reformas por aprobar, de las que dependen la transferencia de los fondos europeos, obliga a «trabajar el doble» en lo que resta de 2021.

Moncloa se conjura para trasladar a la ciudadanía que se preocupa por resolver sus problemáticas. En la reunión que celebrará hoy el Consejo de Ministros se tramitará el anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empleo y, en paralelo, en el Congreso se aprobará esta semana el real decreto sobre pensiones y la ley de cadena alimentaria. Una ley, esta, que ve la luz en pleno conato de rebelión del sector agroalimentario, que ayer se reunió con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en el Ministerio, amenazando con ir a la huelga. Por otro lado, el Gobierno resalta la importancia de que esta semana se vaya a reunir en España la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que considera que va a consolidar al país como de referencia del turismo seguro.

Fuentes gubernamentales anticipan, además, «muy buenos datos» de empleo y afiliación a la Seguridad Social, que se harán públicos esta semana. Moncloa intenta así trasladar la sensación de que el Gobierno se mueve y que sus actuaciones sí están teniendo un resultado positivo, en contra del sentir que se percibe en la sociedad, con movilizaciones que recorren el país y los diferentes sectores productivos. La estrategia del Gobierno se orienta en intentar contraponer sus resultados a los datos económicos adversos, como el de la inflación, que se hizo público ayer y que apunta un aumento del IPC hasta el 5,6%, su máximo en los últimos 29 años. Un récord con el que el Gobierno no contaba en sus cálculos.

En el Gobierno cunde la preocupación por la ralentización de la recuperación, a la que han fiado sus opciones de revalidar el poder en 2023. Y lo hace después de que la semana pasada celebraran con pompa y boato haber aprobado sus segundos presupuestos con una solvente mayoría de 188 votos y con el apoyo de hasta 11 partidos políticos. Unas cuentas que para la oposición son ya «papel mojado» porque las previsiones económicas del Gobierno han quedado superadas por la realidad. Desde el Gobierno no se oculta que su prioridad ahora es la agenda económica, relegando incluso normas de profundo calado como la Ley de Memoria Democrática, para la que no le dan los números.