El Gobierno allana el terreno para sortear al CGPJ con la Ley de Vivienda: “Es sólida y está bien armada”

El Consejo de Ministros que hoy se ha celebrado en la Moncloa estaba marcado en rojo desde hace semanas en el calendario del Ejecutivo como una fecha importante para la agenda legislativa del Gabinete. La ansiada Ley de Vivienda, que tantos quebraderos de cabeza ha causado entre los socios de coalición, por fin vería la luz. Sin embargo, un nuevo obstáculo, esta vez, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ponía freno a los planes gubernamentales. Esto ha obligado a recalcular los plazos, pero no la vocación de sacar la norma adelante. Una norma sobre la que no se prevé hacer cambios significativos y desde el Ejecutivo ya están allanando el terreno para sortear el diagnóstico que haga el CGPJ.

Fuentes de Moncloa señalaban ayer que “nada nos iba a distraer” del objetivo de hacer del derecho a la vivienda el “quinto pilar del Estado del Bienestar”. Y aunque sea una cuestión de tiempo, desde el Gobierno defienden la solvencia jurídica de la norma, que “es sólida y está bien armada” y que “cumple escrupulosamente la ley”. En estos términos se ha expresado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que hoy presentaba un paquete de vivienda, en el que figura el bono joven de 250 euros, pero que en parte quedaba cojo por la falta de la ley estrella. La titular de Transportes ha querido lanzar “un mensaje de tranquilidad y confianza” de que la normativa “va a ser una realidad y contará con todas las garantías y seguridad jurídica que requiere”.

Sánchez ha querido dejar claro, ante las dudas generadas por parte Unidas Podemos por las dilaciones indebidas, que “hemos cumplido los plazos”. Ha repetido en varias ocasiones que el dictamen del CGPJ es “preceptivo, pero no vinculante”, porque se modifican tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto es, que el Gobierno debe pedir el informe, pero no está obligado a atender las recomendaciones que se hagan. En todo caso, asegura que el Gobierno solicitó al Poder Judicial el 1 de diciembre “por trámite de urgencia”, lo que supone que el informe debía remitirse 15 días, mucho menos del tiempo en el que efectivamente se ha hecho. “Esperaremos a que se emita ese informe y cuando se emita, lo valoraremos y llevaremos la ley al Consejo de Ministros y a su posterior aprobación parlamentaria”.

La ministra de Transportes también ha desvelado que habló con Ione Belarra cuando se conoció la decisión del CGPJ y ambas coincidieron en que lo más prudente era esperar. No obstante, Sánchez ha mostrado su “convencimiento de que se que respeta la ley” y ha mostrado la “voluntad inequívoca” del Gobierno de tramitar una ley absolutamente necesaria. “Es un buen texto y estamos convencidos de su validez”, ha repetido.

Podemos no quiere cambiar ni una coma

Desde Unidas Podemos, por su parte, ya se ha advertido al PSOE de que no aceptará “ningún cambio” sobre lo pactado en la Ley de Vivienda aunque se emita un informe negativo contra la normativa. Así lo han trasladado fuentes del espacio confederal, que vaticinan un dictamen “muy duro” por parte del organismo judicial, después de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, haya dicho esta mañana que tomarán en consideración el contenido del informe que sea definitivo “para poder adaptar la ley si es preciso a las consideraciones que se realicen”.

Unidas Podemos cree que el CGPJ se posicionara “a favor de proteger los intereses del mercado inmobiliario y los fondos buitre”. Este mismo lunes, la coportavoz estatal de la formación morada, Alejandra Jacinto, cuestionó la imparcialidad del órgano de gobierno de los jueces y entiende que se ha extralimitado de sus funciones.