La ley de Vivienda se le atraganta al Gobierno

Nuevo retraso en la ley de Vivienda, una normativa que ha generado innumerables tensiones dentro del Ejecutivo de coalición. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido hoy tumbar el informe que validaba el anteproyecto de Ley de Vivienda, a las puertas de su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes 18 de enero. Según fuentes del Gobierno, esto altera los planes previstos y no se podrá llevar a esta reunión para su aval.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han rechazado el informe del anteproyecto de la Ley de Vivienda del Gobierno por “sesgo ideológico” y “falta de solvencia técnica”. El informe ha sido tumbado con 15 votos y solo seis a favor. Así, una mayoría de vocales desechan el anteproyecto de ley al considerar imprecisos algunos de los aspectos como, por ejemplo, el reparto de competencias entre las administraciones.

La negociación de la ley de Vivienda fue uno de los grandes asuntos que centró ya parte del trabajo gubernamental del ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que abandonó Moncloa sin cumplir con el compromiso de dar luz verde a la norma en tiempo y forma, a pesar de ser uno de los pactos con el presidente Pedro Sánchez en la negociación presupuestaria de 2020, donde los morados retiraron su órdago de tumbar las cuentas tras avenirse los socialistas a regular, entonces, el alquiler en cuatro meses.

La norma, sin embargo, siguió dilatándose en el tiempo. El PSOE se había comprometido a presentar la ley en enero de 2021 en Consejo de Ministros, obligado por sus socios morados, dado que la negociación estaba incluida dentro del acuerdo de coalición firmado por ambos partidos. La ley de Vivienda continuó encallada hasta el mes de octubre del pasado año, cuando los morados volvieron a advertir a los socialistas de que la no aprobación de la norma dificultaría su “sí” a los Presupuestos Generales del Estado de 2021. La guerra por la regulación de los alquileres dividía al ministerio de Transportes y de Derechos Sociales y se entendió como un nuevo órdago en la coalición con el que los morados contaron con el beneplácito de los socios de investidura.

El 5 de octubre, el Gobierno logró alcanzar un acuerdo en el seno del Gobierno para la aprobación del los Presupuestos, tras haber desbloqueado la ley de Vivienda. En un primer nivel la negociación descansó en el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pero fue necesaria una reunión posterior a dos entre el presidente del Gobierno y la líder de Unidas Podemos en Moncloa, Yolanda Díaz, para darle el plácet definitivo.

Ahora, la decisión del Consejo General del Poder Judicial tiene una consecuencia inmediata. La ley de Vivienda no llegará al Consejo de Ministros en primera lectura, con toda probabilidad, hasta el mes de febrero, después de que el Pleno del CGPJ haya decidido posponer el informe sobre la ley estatal de vivienda hasta el 27 de enero. Una decisión que ha hecho a los morados salir en tromba a denunciar los “retrasos injustificables” en una ley que, consideran “incluye avances históricos”.

Fuentes de Unidas Podemos trasladan su “preocupación” por estos retrasos “injustificables a una ley que tiene que dar respuesta a la emergencia habitacional que vive nuestro país”. Los morados subrayan que la ley “permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos”. Por su parte, desde Moncloa se muestran prudentes y quieren esperar a recibir la notificación oficial del CGPJ para posicionarse sobre esta cuestión. El informe del CGPJ no es vinculante, sí preceptivo, pero el Ejecutivo no quiere legislar a espaldas del Poder Judicial, porque son conscientes de que la ley se enfrentará a futuros recursos por parte de la derecha y quieren que sea lo más “solvente” posible.