El juez del «caso Dina» no descarta citar a Iglesias después de que la Policía no haya accedido a la tarjeta

El «caso Dina» que se investiga en la Audiencia Nacional acaba de entrar en una nueva fase después de que el juez haya recibido un informe clave sobre la destrucción de la tarjeta del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham. Esta línea de investigación del macrocaso «Tándem» llevaba meses paralizada a la espera de las conclusiones del análisis de la Policía Científica sobre el dispositivo. El examen no ha sido concluyente porque los agentes no han podido acceder al contenido para determinar quién o en qué circunstancias se destruyó la micro SD. Por eso, según fuentes judiciales consultadas, el juez todavía no ha descartado la citación de Pablo Iglesias para esclarecer su papel en esta causa.

Desde que en mayo de 2020 el instructor quitara al exvicepresidente del Gobierno la condición de perjudicado, Manuel García Castellón ha sostenido que hay indicios para investigarlo por delitos de daños informáticos -al haber obtenido la tarjeta en buen estado y, después, habérsela entregado a Bousselham inservible- y revelación de secretos (si bien éste necesita la denuncia de la afectada). Con esta «hipótesis alternativa» a la inicial el juez elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para imputarlo (cuando era aforado), pero los magistrados del alto tribunal se negaron y devolvieron la causa a la Audiencia Nacional para que practicara más diligencias. Entre ellas, este informe cuyo fin era despejar las diversas incógnitas sobre el limado de la tarjeta que contenía archivos personales de Bousselham.

Una vez hecho el análisis -que ha llevado al juez incluso a pedir ayuda a técnicos de Samsung de Corea para conseguir acceder a los datos- no hay una conclusión clara. La Policía Científica no logra ni siquiera de forma parcial introducirse en el dispositivo y da por imposible su lectura, pero el informe afianza la teoría del instructor de que la tarjeta fue rota de forma consciente, según fuentes del procedimiento.

Por eso, aunque no existe ningún indicio sólido que apunte directamente a Iglesias, «no está descartada» su citación para esclarecer qué pasó, por qué unos periodistas de la extinta revista Interviú le entregaron en 2016 la tarjeta que él guardó durante meses («sin decírselo a su propietaria», según indica el juez en el sumario) y cuando se la entregó ya estaba inutilizable. Esta puerta está, por tanto, abierta y el instructor sopesa la idea de escuchar a Iglesias. Podría hacerlo citándolo como testigo y no como investigado, puesto que la última vez que el exlíder de Podemos explicó su versión fue en marzo de 2019 y, desde entonces, la causa ha dado un vuelco.

En mayo de 2021, cuando Iglesias renunció a sus cargos políticos y perdió la condición de aforado, el juez rechazó imputarle por considerarlo «precipitado». Primero quería tener sobre la mesa el análisis de la Policía Científica para, a partir de ahí, tomar decisiones. El resultado ha llegadoy es momento de avanzar en la instrucción para terminar con esta pieza número 10 del procedimiento.

Dentro de las certezas, se producirá una declaración de Bousselham y otra de su entonces pareja que estaba con ella el día que se produjo el robo de su teléfono en 2015. La duda aquí está también en si el instructor los llamará como investigados. En este momento son perjudicados, pero las reiteradas contradicciones en sus testimonios (primero ella dijo que cuando su jefe le entregó la tarjeta estaba inaccesible, pero a medida que la causa judicial avanzó cambió de versión) han ampliado la posibilidad de que tengan que acudir con un abogado para defenderse. Ambas declaraciones son igualmente un mandato del Tribunal Supremo, cuyos magistrados aclararon al juez que si quiere acusar a Iglesias del delito de revelación de secretos (por haber tenido en su poder el material íntimo de la exasesora sin decirle nada) ella tiene que estar de acuerdo. Y en las anteriores citaciones se ha pronunciado en sentido contrario, es decir, no tiene intención de denunciar a Iglesias.

Asimismo, tendrá que pasar por el pasillo de la Audiencia Nacional una vez más el exDirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino para aclarar si él sabía algo de todo este asunto. Este es mandato de la Sala de lo Penal del mismo órgano que revirtió la decisión del juez de enviar a juicio a los dos periodistas que tuvieron la micro SD y al comisario José Manuel Villarejo. Los periodistas indican que si entregaron la tarjeta a Villarejo fue porque éste se las requirió en calidad de policía. La Sala solicita a García Castellón que lo compruebe y que pregunte a Pino, en ese momento máximo cargo dentro del cuerpo, si él estaba al tanto y si esto formó parte de una operación policial.