Juzgar crímenes franquistas sin la ley de Memoria

Gobierno y socios siguen enredados para avanzar en los trabajos para dar luz verde a la nueva ley de Memoria Democrática. Una de las medidas más esperadas por los grupos parlamentarios que sostienen a PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados continúa estancada después de que hace cinco meses superara su primer trámite en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la falta de consensos y el hecho de que el proyecto no tenga un plazo determinado hace que la norma siga retrasándose ante la disparidad de opiniones sobre en qué debe materializarse y puede, incluso, retrasarse a lo largo de toda la legislatura.

Ante este escenario, ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Junts, CUP y el BNG exploran una vía alternativa para que los tribunales españoles puedan juzgar los crímenes del franquismo. Hoy, el Pleno del Congreso deberá votar si tramita la proposición de ley registrada por estos grupos en 2020. El fin de estos partidos es el de incorporar al Código Penal una disposición para que no se impida ni el juicio ni la condena de actos que en el momento de su comisión constituían delitos de genocidio o de lesa humanidad, entre otros. Según consta en la proposición de ley se trata de «una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».

Los socios demandan la introducción de un artículo 2 bis para dejar claro que lo previsto en el Código Penal «no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos de genocidio, lesa humanidad, y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado».

La ley de Memoria, parada

El embrollo de la norma, y que hace que se dilate en el tiempo su aprobación, se encuentra en la exigencia de los republicanos para que se derogue la Ley de Amnistía del año 1977 y que se reconozca cualquier prejuicio económico o patrimonio al sufrido por las víctimas físicas o jurídicas y su derecho a la reparación, entre otros. Estas reclamaciones no se encuentran pactadas entre PSOE y Unidas Podemos, que en noviembre si dieron luz verde a un acuerdo de enmiendas del articulado pero sin nombrar la derogación de la Ley de la Amnistía.

Mientras, la norma que promueve el Gobierno tiene por objetivo eliminar las entidades que exalten al franquismo, la localización y exhumación de víctimas de las fosas comunes, o la puesta en marcha de un Banco Nacional de ADN con muestras biológicas de los familiares para compararlas con las de las víctimas que se exhumen en las fosas comunes. Se contempla revocar títulos nobiliarios y condecoraciones concedidas a agentes policiales si formaban parte «del aparato de represión franquista». También se prevé considerar nulas las sanciones por «motivos ideológicos, políticos o de conciencia o creencia religiosa».