La Fiscalía encarga a policías expertos en lesa humanidad el rastreo de crímenes de Ucrania

En la Comisaría General de Información de la Policía toda la estructura es secreta. Ni siquiera los agentes de otras unidades saben lo que allí se despacha. Y así, secretas también, permanecen las diligencias que la Fiscalía abrió sobre los crímenes de Ucrania a raíz de la guerra a través de un decreto que firmó la fiscal general del Estado, Dolores Delgado,el pasado 8 de marzo. Desde ese momento, poco ha trascendido sobre cómo avanzan las indagaciones, pero diversas fuentes conocedoras de éstas explican a LA RAZÓN que uno de los cometidos ha sido encomendado a un grupo dentro de la policía experto en delitos internacionales.

Los agentes se encuentran en una fase de “recabar información”. A efectos prácticos la actuación que España puede llevar a cabo sobre el terreno es muy limitada porque la jurisdicción allí está estrictamente acotada por los supuestos que la Ley del Poder Judicial indica: hechos cometidos contra españoles o contra ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España (artículo 23.4). “En el presente caso nadie puede dudar de la existencia de víctimas de nacionalidad española, y es precisamente por ello que su identificación y la determinación y concreción de los hechos que les afecten” debe ser investigada, firmó Delgado en la apertura de estas actuaciones.

Así pues, es precisamente en esto en lo que los agentes del grupo de Delitos contra la Comunidad Internacional se están fijando. Esta decena de agentes hace escasos años que trabajan dentro de la Unidad central de información contra el Terrorismo con el foco puesto en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y derecho universal. Antes realizaban trabajos de forma dispersa, pero desde hace un tiempo se han unido para aflorar este tipo de delitos con estrechas colaboraciones internacionales.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, a cargo de estas pesquisas, encargó esta compleja labor de “recopilar elementos de prueba que puedan ser usados en investigaciones de todo tipo”, como rubricó la jefa del Ministerio Público. Delgado tiene un ojo puesto en estos trabajos y, prueba de ello, es que las diligencias se han alojado en la sede de la Fiscalía General y no en la Audiencia Nacional aunque sea el jefe de este órgano el competente de las actuaciones. Nadie duda de la “trascendencia” de esta investigación, dicen las fuentes fiscales consultadas.

No es la primera vez que estos agentes de Información se enfrentan a delitos de lesa humanidad y, ahora, en la discreción de su trabajo diario está encontrar potenciales víctimas españolas en la guerra ucraniana, buscar relatos con detalles interesantes entre los refugiados, cribar imágenes con información relevante o discriminar vídeos con datos sustanciales. Las fuentes conocedoras de estas tareas explican que hay muchas cosas posibles de hacer a través de una pantalla y sin estar físicamente en territorio ucraniano. Así, una parte importante de los esfuerzos se centran en encontrar a personas que estén dispuestas a declarar ante la Fiscalía y tengan detalles relevantes que aportar sobre el conflicto.

El recorrido de este encargo se mueve en dos direcciones. Por un lado y la principal, la colaboración con otros países. Y para este marco colaborativo la propia Delgado firmó con su homóloga ucraniana, Iryna Venediktova, un Memorándum el pasado 14 de marzo, que es el instrumento que utilizan las fiscalías para la cooperación mutua. “Garantizar una cooperación eficaz entre ambas fiscalías y asegurar los objetivos de la justicia en los crímenes y violaciones de derechos humanos de acuerdo con las normas y tratados internacionales”, expuso Delgado en el comunicado que emitió unos días después de su reunión con la fiscal general de Ucrania.

Y, por el otro, si alguna de las indagaciones policiales fructifica en algún caso concreto dentro del paraguas de la jurisdicción española, la Fiscalía puede presentar la correspondiente querella en la Audiencia Nacional para abrir una investigación judicial, explican las citadas fuentes.

Una fiscalía de Sala en espera

La actual jefa del Ministerio Fiscal se ha propuesto durante su mandato colocar en el mapa la lucha de los derechos humanos y la justicia universal. En el último plan de estudios aprobado por la Fiscalía este es uno de los ejes fundamentales, por ejemplo.

Además, cabe recordar que hace justo un año el pleno del Consejo Fiscal aprobó el informe relativo al Anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática que, si bien está paralizada en su tramitación en el Congreso, contemplaba la creación de una nueva Fiscalía de Sala. En el análisis que se hizo desde el Ministerio Público en ese momento se decía que era una “oportunidad de mejora en la especialización de la carrera, abordando la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. Aunque desde la Fiscalía General no se atreven a aventurar qué hubiera pasado si esta especialidad ya estuviera rodando, otras fuentes fiscales con experiencia en derechos humanos creen que, sin duda, habrían recaído en esta Fiscalía de Sala.