Dolores Delgado firma un decreto para guardar pruebas contra la guerra en Ucrania

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha firmado este martes un decreto para poder guardar todo el material que pueda servir de prueba en futuros procesos judiciales derivados de la guerra en Ucrania. Estas diligencias han sido encomendadas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que será el encargado de recabar todo lo que tenga relación con la invasión rusa. Según el documento la Ley otorga la competencia a los tribunales españoles para “conocer de distintos hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse” como algún delito dentro del ordenamiento jurídico de España.

La finalidad es, por tanto, establecer un paraguas legal que sea el soporte de las actuaciones futuras. Es decir, participar de forma activa en la cooperación internacional para asegurar, por un lado, que no se destruyen pruebas y, por el otro, que se canalizan de forma correcta a los homólogos competentes en Ucrania. Se permitirá así recopilar elementos de prueba que puedan usarse en investigaciones de todo tipo.

“La agresión que padece la nación soberana de Ucrania no solo es un acto de guerra injustificada y, por tanto, no amparado en normativa internacional alguna, sino que además de la violación de su soberanía se están originando otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario”, explica Delgado citando dentro del Derecho Internacional los Convenios de la Haya de 1899 y 1907, así como el Convenio de Ginebra de 1949.

En la enumeración que hace el propio Ministerio Fiscal sobre lo que posibilita este decreto está preservar los elementos del delito, poder señalar, en su caso, a las personas responsables y a las víctimas, garantizar la integridad de los elementos de prueba, constituir vía adecuada internacional y asistir a los países que lo necesiten, así como transmitir y recibir información.

Dice Delgado que “Rusia y sus dirigentes” no están amparadas por la legalidad en sus actuaciones y que, además, la Carta de Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza no solo porque hay que respetar la paz, sino porque hay que preservar la soberanía, independencia e integridad territorial de los Estados miembros. “No existe legítima defensa en el ilícito actuar por parte de la Federación de Rusia”, expone el decreto, ni hay autorización de la ONU para lo que se ha hecho.

La legalidad para investigar fuera

Con todo este telón de fondo, la Fiscal General detalla los mimbres legales sobre los que abre esta investigación. Aunque una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -realizada en 2014 por el Gobierno del PP- limitó las competencias de los jueces españoles para indagar en el extranjero, Delgado se agarra a la Constitución española. Concretamente al artículo 10.2 que dice que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España”.

Asimismo menciona tratados internacionales y la propia Ley española en el sentido de que “nadie pude dudar de la existencia de víctimas de nacionalidad española” allí. Y, por tanto, si hay españoles implicados en las consecuencias de la contienda la “defensa de sus intereses solo se puede realizar a través de los cauces” de la Fiscalía.

El ordenamiento jurídico aquí prevé que la Justicia española llegue a conocer delitos de genocidio, lesa humanidad o contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español, contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada”. Pero Delgado con la citada frase en la que dice que todavía pueden producirse víctimas españolas estira la jurisdicción española hasta cubrir el conflicto bélico ucraniano.

Monitorización de los casos rusos en España

Delgado, ha comenzado esta cooperación en dos frentes: además de dar los soportes jurídicos puede a la Fiscalía ucraniana para hipotéticas derivadas judiciales internacionales en el futuro está recabando información de todas las causas de rusos en España para una monitorización exhaustiva por si éstas pudieran tener implicaciones transnacionales, según informan fuentes fiscales.

El conflicto bélico desatado en el este de Europa tiene todavía coletazos imprevisibles y, por eso, se hace necesario conocer qué diligencias se están llevando a cabo dentro del territorio nacional a ciudadanos rusos, sobre qué versan estas y qué consecuencias puede tener. Esto en aras de dar una respuesta acertada dentro del nuevo contexto internacional, es decir, no se concibe en los mismos términos una extradición a Rusia hace dos semanas que hoy. Hay que tener en cuenta muchas más variables y Delgado no es ajena a los nuevos factores en el tablero.

El objetivo no es hacer un listado por provincias como sucedió con las investigaciones por abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Sobre todo porque no se ha enviado ningún oficio a las Fiscalías territoriales, pero sí tener una panorámica de la situación para que se puedan “monitorizar” los procedimientos que hay en curso. “Hay que analizar todas las implicaciones jurídicas que pueda tener una situación extraordinaria como esta”, aclaran estas fuentes fiscales a LA RAZÓN.

En este sentido, hay territorios específicos que destacan como la Costa del Sol en la que se han implantado oligarcas rusos que, en determinados casos, presentan problemas fiscales o, incluso, pertenecen a mafias rusas. Así lo explican otras fuentes que señalan la importancia de tener controladas a estas organizaciones criminales que, en ocasiones pueden tener vínculos con el Kremlin, para no perder el foco de las actuaciones que puedan derivar de la guerra iniciada por Vladimir Putin.

Delgado se reunió el pasado sábado con la representante del ministerio público ucraniano para estudiar la contribución a la justicia universal desde la Fiscalía española y ya avanzó estas líneas.