El Gobierno aprueba la “hoja de ruta” de transparencia de la Casa Real

La puerta la abrió el propio Pedro Sánchez cuando, en la rueda de prensa de balance de final del año 2020, avanzó que el Rey estaba “trabajando”, con el apoyo de Moncloa, en una “hoja de ruta” basada en la “renovación de la Corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad”. Ahí quedó el asunto y pese a haber sido interpelado en numerosas ocasiones por el avance de la iniciativa, desde el Gobierno siempre se despejaba el balón hacia la Zarzuela, porque “las reformas que hayan de emprenderse no son una cuestión que implique solo al Gobierno”. “Cuando haya noticias, os diremos”, replicaba el presidente toda vez que se le demandaban concreciones.

Con el horizonte judicial de Don Juan Carlos allanado en España, tras el archivo por parte del Supremo de las investigaciones en torno a su figura, esa “hoja de ruta” ve finalmente la luz. El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes un real decreto por el que se reformará la estructura y el funcionamiento de la Casa de Su Majestad el Rey. “Este Real Decreto reforzará la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado de Su Majestad Felipe VI”, ha informado La Moncloa.

Gobierno y Casa Real han avanzado de la mano en esta cuestión, pero desde Moncloa dejaban muy claro que era el Rey quien “marca el paso y los tiempos”. Es más, la citada reforma llevaría tiempo diseñada y se buscaba el momento más idóneo para impulsarla, de manera que no se viera “contaminada” por otro tipo de polémicas. En todo caso, desde el Ejecutivo llevaban tiempo avanzando que se producirían «gestos» por parte de Zarzuela y apuntaban a sus “normas internas”, no a una Ley de la Corona, como se llegó a especular durante un tiempo, y que se descartó por la complejidad que llevaba aparejada.

“Quizá no serán todo lo ambiciosos que cabría esperar, pero sí serán una muestra del compromiso y el rumbo con que quiere dirigirse la Jefatura del Estado, hacia una Monarquía del siglo XXI”, aseguraban a este diario fuentes gubernamentales. Descartada la Ley de la Corona, entre las posibilidades que se barajan y que encajan con esta voluntad de dotar de mayor transparencia y ejemplaridad estaría una reforma en la ley de Presupuestos para establecer un mayor control sobre las cuentas de la Casa Real, de manera que se arrojara luz sobre algunos gastos que a día de hoy no pueden ser controlados por las Cortes. Esto iría en la línea de que el Tribunal de Cuentas fiscalizase también a Zarzuela como hace con partidos y organismos públicos.

Otro de los aspectos sobre los que el propio Sánchez se ha mostrado dispuesto a avanzar es la revisión de la inviolabilidad del Rey y circunscribirla únicamente a su ámbito de actuación como jefe de Estado, pero desde el Ejecutivo ya se ha asumido también que tendrán que renunciar, por el momento, a ello porque no se da el contexto ni las mayorías para hacerlo. “No está sobre la mesa”, zanjan. Todo lo que rodea a la institución se cuida con mimo desde Moncloa, conscientes de que genera importantes fricciones con sus socios de coalición.

De hecho, los morados no participan de las decisiones -aunque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sí estaba al tanto- y se limitan a informarles con carácter previo a que se vaya a producir su anuncio. Así ocurrió con la salida de España de Don Juan Carlos, por ejemplo. Esta controvertida convivencia hace que una de las razones por las que se desechó la posibilidad de impulsar una Ley de la Corona fue porque sería tanto como convertir el debate «en un referéndum sobre el modelo de Estado: entre Monarquía o República», señalaban fuentes gubernamentales a LA RAZÓN, que descartaban «abrir ese melón». En todo caso, más allá de la opinión del Gobierno, el hecho de que cualquier movimiento sea pactado con Zarzuela deja a Felipe VI la última palabra.