Alberto Casero, citado a declarar en el Supremo como investigado por seis contratos bajo sospecha

El diputado del PP Alberto Casero tendrá que declarar en el Tribunal Supremo (TS) como investigado de forma voluntaria el próximo 20 de junio en relación con seis contratos bajo sospechacuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) entre 2017 y 2018 en los que la Fiscalía Anticorrupción ve indicios de prevaricación y malversación.

Así lo ha acordado el instructor de la causa, el magistrado Andrés Palomo, después de que el Tribunal Supremo decidiera el pasado marzo asumir la competencia para investigar los hechos, una vez el Juzgado de Primera Instancia número 2 de la localidad extremeña pusiera en sus manos el asunto por tratarse de un aforado y ver indicios delictivos.

La instructora del procedimiento en el juzgado de Trujillo expuso al Supremo que esos contratos se habrían adjudicado obviando los procedimientos administrativos legalmente establecidos y que Casero -que fue decisivo al equivocarse en el voto telemático para que se aprobara la reforma laboral el pasado febrero- comprometió el gasto “sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios”, por lo que veía “indicios sólidos” de un posible delito de prevaricación, al que la Fiscalía suma una posible malversación.

Un psicólogo y la promoción de la Feria del Queso

En marzo de 2017, según el relato de la instructora, “contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto”. Ya en septiembre, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros. Y según consta en la exposición razonada (la relación de indicios que la magistrada remitió al Supremo) lo hizo sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento y sin que el acuerdo fuera aprobado previamente ni se sometiera a información pública ni se publicara en el BOE.

También en 2017, “acordó verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento, señala la exposición”.

Casero también deberá dar explicaciones por otros tres contratos firmados en 2018 en los que supuestamente se orillaron los procedimientos de contratación: un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros; otro con Icaro Consultores en Comunicación para organizar un evento por 14.303 euros más IVA; y por último la contratación el 30 de diciembre con Radio Interior SL por servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo a cambio de más de 15.000 euros.