Confrontación con Ayuso y pacto con Aragonès: el doble discurso del Gobierno en educación

Tanto en Madrid como en Cataluña, la educación se ha convertido en los últimos meses en una de las cuestiones políticas centrales, aunque por motivos distintos. En la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso es por la aplicación de la nueva Ley educativa (Lomloe), que se resiste a desplegar al pie de la letra, mientras que en la comunidad que preside Pere Aragonès es por el cumplimiento de una sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano, que se niega a aceptar. Sin embargo, el Gobierno está actuando de forma distinta en un lado y en otro: en Madrid, con mano dura; en Cataluña, con guante de seda.

Así, este miércoles, la diputada y portavoz de Educación del PSOE, Luz Martínez, ha avisado desde el Congreso que el Gobierno presentará un requerimiento si el ejecutivo de la Comunidad de Madrid incumple la Ley educativa, aprobada en diciembre de 2020, aunque empieza a aplicarse el curso que viene. En las últimas semanas, Ayuso ha anunciado medidas que permitan sortear, en lo posible, algunos puntos de la Lomloe: por ejemplo, tratará de evitar que los alumnos puedan pasar de curso con asignaturas suspendidas o ha recomendado a los colegios que no utilicen los nuevos libros de texto y mantengan los del curso pasado porque, a su juicio, los materiales correspondientes a la nueva Ley adoctrinan a los estudiantes.

Martínez, eso sí, también ha rechazado que se vaya a plantear la aplicación del artículo 155 de la Constitución en esta guerra entre administraciones, pero sí que ha abierto la puerta a que todo esto acabe en un proceso judicial (siempre que se active el requerimiento). “Un 155 educativo no procede. Si no cumple, hay un requerimiento que llevaría un proceso judicial”, ha asegurado la diputada socialista. “No es nada bueno lo que hace Ayuso. No hay lugar para el incumplimiento de la Ley”, ha añadido.

Ayuso ya presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno por el real decreto del currículo de Bachillerato, mientras el PP ha presentado una proposición no de Ley en el Congreso en la que también se insta a Moncloa a retirar tanto el decreto del currículo de Bachillerato, como el de las etapas infantil, primaria y secundaria. Los populares, a su vez, reclaman que se diseñe un currículo común para todo el sistema educativo no universitario. Además, también piden “criterios objetivos” para promocionar, evaluar y titular que “tengan en cuenta el esfuerzo (...) y sean comunes en todo el territorio nacional”: es decir, para intentar evitar que los alumnos puedan pasar de curso y obtener el título con suspensos.

Lo cierto es que esta forma de actuar del PSOE se contrapone a la que ha tenido en Cataluña con la sentencia del 25%, muy alejada de la confrontación. Los socialistas han buscado acuerdos con el independentismo para tratar de hallar puntos de encuentro sobre cómo gestionar la sentencia del 25%, en vez de instar a su cumplimiento tal y como la dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Para ello, el PSC pactó con Esquerra, JxCat y Podemos una Ley que permite darle cumplimiento con flexibilidad (la intención es que ese porcentaje de clases en castellano varíe según la zona de Cataluña), aunque el Govern, como era de prever, ha dejado en agua de borrajas ese plan porque aprobó un decreto que obviaba el castellano e ignoraba explícitamente los porcentajes.

El Gobierno, en lugar de recurrir ese decreto o hacer un llamamiento al Govern para que rectifique (el propio PSC se opone al decreto), aguarda al TSJC para que lo valore y considere si cumple con la sentencia del 25% o no. De hecho, el ejecutivo nacional tiene la potestad de recurrir ante el Tribunal Constitucional para que quede suspendido inmediatamente, pero tampoco ha activado esa vía que han pedido ya PP o Ciudadanos.

Es decir, ha evitado todo movimiento que pueda incomodar a Esquerra, socio de la mayoría de investidura al que está intentando reconquistar tras el deterioro de las relaciones por el espionaje, mientras la confrontación con la Comunidad de Madrid va adquiriendo cada vez más cuerpo.

En la proposición no de Ley del PP también se reclama que se tomen “cuantas medidas sean necesarias” para que en las comunidades autónomas con lengua cooficial se garantice la utilización de ambas lenguas como vehiculares: los populares se han encontrado con el rechazo del PSOE a sus iniciativas para obligar al cumplimiento del 25% de castellano en Cataluña (una de ellas, una proposición de Ley para crear un cuerpo de Alta Inspección que vele, entre otras cosas, por que se aplique la resolución judicial).