El nuevo fiscal general, al cuerpo a cuerpo en el Congreso

El sustituto de Dolores Delgado afrontará hoy un cuerpo a cuerpo con la oposición en su preceptivo paso por la Comisión de Justicia del Congreso, el último paso antes de su nombramiento por el Consejo de Ministros y su toma de posesión en Zarzuela el próximo martes. No tendrá que someterse a ninguna votación ni el parecer de los grupos parlamentarios puede hacer descarrilar su designación, pero a juzgar por lo que sucedió en la comparecencia de Dolores Delgado en 2020, a Álvaro García Ortiz, hasta ahora jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, le espera una sesión bronca en la Cámara Baja.

Una sesión en la que tendrá que zafarse con las preguntas de los portavoces de la oposición y en la que PP, Vox y Ciudadanos no se lo pondrán fácil. El sustituto de Delgado tendrá que aguantar el chaparrón. No en vano, su comparecencia viene precedida del duro voto particular que siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) firmaron tras la sesión que avaló, con doce votos a favor, la designación de Álvaro García Ortiz para el cargo.

Un voto discrepante que incide en similares argumentos a los que, a buen seguro, se escucharán hoy en la Comisión de Justicia. En primer lugar, su propuesta de nombramiento está bajo sospecha por su supuesta cercanía al PSOE –participó en diciembre de 2019 en un acto de los socialistas gallegos–, un hecho al que desde fuentes de la Fiscalía General se le resta importancia porque «no era un mitin ni un acto electoral» y porque «su participación fue previamente autorizada por la inspección fiscal de la Fiscalía General del Estado y avalada también por el Consejo Fiscal».

“Apariencia de vinculación” con el Gobierno

Sin embargo, los vocales del CGPJ que rechazan su idoneidad para el cargo consideran que con su participación en el acto (un laboratorio de ideas) dio «sustento ideológico» al PSOE, lo que supone, dicen, «un serio impedimento» para garantizar su independencia, pues llega al cargo con la sombra de una «apariencia de vinculación» con el Gobierno.

Su cercanía a Dolores Delgado –cuestionada desde su misma designación por haber pasado sin solución de continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez y la bancada socialista en el Congreso al cargo de fiscal general del Estado– también saldrá sin duda a la palestra. El PP hará suya la valoración de los siete vocales conservadores del CGPJ para quienes García Ortiz está vinculado inevitablemente a «episodios no elogiosos» de la gestión.

Entre ellos, la gestión del «caso Stampa» –la investigación interna al fiscal Ignacio Stampa que terminó por apartarle de Anticorrupción– o la réplica al Tribunal Supremo (TS) en la política de nombramientos discrecionales (especialmente tras anular el alto tribunal la designación del fiscal de Sala de Menores).

El sustituto de Delgado también tendrá que esclarecer su posición en el «caso Miguel Ángel Blanco», tras la controversia entre el hasta ahora fiscal del caso y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional (avalado por el propio García Ortiz) sobre el cómputo de la prescripción, que puede descafeinar la investigación a los exjefes de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua en 1997.

El precedente de Delgado en el Congreso

Su propio desempeño profesional al frente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado también se pondrá en cuestión. Los vocales del CGPJ en contra de su designación señalaron que «en todo ese período no se ha formulado ni una sola circular que contribuya a la formación de doctrina o a esclarecer el sentido de las leyes o la jurisprudencia».

La comparecencia de Delgado ante la Comisión de Justicia ya estuvo repleta de reproches por parte de PP, Vox y Cs sobre su «falta de imparcialidad», vaticinando que sería una fiscal general «genuflexa» con el Ejecutivo. Una tensa comparecencia que previsiblemente se repetirá en esta ocasión.

Una vez García Ortiz supere el trámite parlamentario y sea designado fiscal general, su primera decisión relevante (la plaza se prevé que salga a concurso tras el próximo Consejo Fiscal de septiembre) será si mantiene al frente de la Fiscalía Anticorrupción a Alejandro Luzón, cuyo mandato expiró el pasado junio, o designa a otro fiscal jefe al mando de las investigaciones de mayor calado y repercusión mediática del Ministerio Público.