La Fiscalía pide a los fiscales que actualicen los datos de investigaciones sobre residencias de ancianos

El Ministerio Público envía un oficio a los responsables territoriales remarcando la importancia de que los familiares de las víctimas sean escuchados

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, atiende a los medios antes del inicio de la Junta General de la Fiscalía Especial Antidroga, en el Pazo de Mariñán, a 19 de septiembre de 2022, en Bergondo, A Coruña, Galicia (España
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, atiende a los medios antes del inicio de la Junta General de la Fiscalía Especial Antidroga, en el Pazo de Mariñán, a 19 de septiembre de 2022, en Bergondo, A Coruña, Galicia (España FOTO: M. Dylan Europa Press

La Fiscalía General del Estado ha enviado un oficio a los fiscales superiores para pedirles que en el plazo de un mes remitan información actualizada sobre el número de investigaciones abiertas por las muertes de Covid-19 en las residencias de ancianos. El Ministerio Público pone el foco y da instrucciones para que los familiares de los fallecidos, que son “víctimas directas”, sean “oídos e informados” en todo momento.

El oficio con fecha de este jueves -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- da una serie de órdenes claras: primero, involucrar a los familiares en estas investigaciones; segundo, que se les tome declaración y que se haga con “todas aquellas declaraciones testificales que resulten de relevancia en el proceso”; y, tercero, que los fiscales se aseguren que forman parte del procedimiento si el órgano judicial no lo ha acordado. En definitiva, las fuentes del Ministerio Público reseñan que lo que se pretende es colocar en el centro a las víctimas directas del coronavirus en las residencias. “Resulta aquí de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les puede dispensar, garantizando su protección”, señala.

Asimismo, en este escrito que firma el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, se solicita que en el plazo de 30 días se envíe a la sede central todas las causas que haya en marcha. Tanto el número de diligencias que ya estén en curso por los fiscales, como las denuncias o querellas interpuestas por las fiscalías por comunidades autónomas, como los procedimientos judiciales que ya estén en manos del juez.

Esto no es la primera vez que ocurre. Ya en los primeros meses del confinamiento, la Fiscalía General “fue elaborando un compendio diario de datos de cada comunidad autónoma con información pormenorizada de la situación y las circunstancias concurrentes en las residencias de la tercera edad”. Pero ahora, según dice Villafañe, “se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad”.

En aras de esto es preciso “adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecidos acaecidos en las residencias”.

86 investigaciones en residencias de ancianos

En el primer mapeo que hizo el Ministerio Público hace ya dos años, Madrid y Cataluña estaban a la cabeza del total de residencias de ancianos bajo el foco. En los datos que fueron facilitado en abril de 2020 se calculó que había 86 diligencias de investigación penales incoadas respecto a residencias de ancianos.

De esas, la mayoría eran en la capital con un total de 40 centros de mayores, seguida de la ciudad condal con 20 residencias. Después seguía Castilla y León con siete y Galicia, Extremadura y Castilla La Mancha con cinco en cada comunidad. Además de esto, la Fiscalía mantenía abiertas otras 121 diligencias civiles.

Ahora con todos estos datos por territorios se podrá volver a evaluar la situación global y hacer balance de cómo han avanzado todos estos casos.