Nueve años (cuatro de bloqueo) de un CGPJ histórico

El actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha batido únicamente el récord de ser el más longevo de la historia de la democracia española. El 4 de diciembre cumplirá cuatro años de mandato caducado que se sumarán a los cinco oficiales que empezaron a contar cuando en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy los designó. Los veinte vocales y el presidente, que hasta el lunes era Carlos Lesmes, han tenido que dirigirse a dos líderes del Ejecutivo (Rajoy y Pedro Sánchez) y a cinco ministros de Justicia (Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá, Dolores Delgado, Juan Carlos Campo y Pilar Llop) así como valorar a seis fiscales generales del Estado distintos (Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar, Mª José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz). Han opinado sobre decenas de leyes y han designado a cientos de magistrados en las cúpulas judiciales hasta que en 2021 se produjo la limitación de sus funciones. Un punto de inflexión en su mandato que supone el mayor de los retos para el CGPJ venidero si, por fin, PP y PSOE logran el acuerdo para la renovación

«Lo más impactante, mi primer día y mi primer pleno: participar en el debate sobre la expulsión de la carrera judicial de un magistrado por un tema que abriría el vodevil del procés», comenta el vocal José María Macías a LA RAZÓN. Ellos han sido espectadores de instantes que han convulsionado el país y que han terminado en los tribunales, como el desafío independentista catalán o la pandemia en la que fueron los encargados de llevar la batuta de la reorganización de los jueces en toda España. «Los mejores momentos han sido muchos: planes de refuerzo, modernización de la formación, trabajo para dar respuesta a la situación creada por el Covid, los planes de choque», enumera el vocal Álvaro Cuesta.

Han leído decisiones judiciales sin precedentes como el visto bueno del Tribunal Supremo para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos o la rectificación de la Sala de lo Penal del alto tribunal sobre la sentencia de La Manada para que el caso terminara en condena por agresión y no por abuso sexual. En estos años algunos de los veredictos de magistrados han provocado reacciones en el seno del CGPJ. Como cuando el presidente Carlos Lesmes salió a pedir perdón y a hacer una «llamada de confianza» en la Justicia por la crisis de las hipotecas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo falló primero que era el banco y no el cliente el que tenía que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, pero luego la decisión se elevó al pleno y se decidió lo contrario. Todas las miradas fueron para el presidente de esa Sala Luis Díez-Picazo que había sido elegido por el propio Consejo y que los vocales decidieron no renovar más. En su lugar designaron al actual César Tolosa.

Esta, la de los nombramientos, es una de las funciones más mediáticas del CGPJ. Por sus manos pasan todos y cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo y sus presidencias. Han escogido a Manuel Marchena (Sala de lo Penal) a Jacobo Barja de Quiroga (Sala de lo Militar) o a María Luisa Segoviano (Sala de lo Social), entre otros muchos. «Todos los nombramientos son importantes. La aplicación de las normas de transparencia y la motivación de las decisiones han guiado siempre al Consejo. Por destacar un nombramiento emblemático: el de la primera mujer Presidenta de una Sala [Segoviano]», realza Juan Martínez Moya.

Los nombres se pactan de forma discrecional entre conservadores y progresistas y tienen mucho eco en la carrera. Por eso, cuando el Gobierno vació este cometido mientras el CGPJ estuviera en funciones se enfrentó a los vocales. «Lo mejor ha sido haber contribuido y puesto mi granito de arena para garantizar la independencia judicial. No sin antes superar obstáculos como la reforma que nos limitaba», reseña la vocal Carmen Llopart. «El pleno advierte de que la tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo de reforma que limita sus funciones no respeta las exigencias del principio de separación de poderes», redactaron tras un pleno extraordinario en enero de 2021. PSOE y Unidas Podemos decretaron en marzo de ese año que los vocales no podían nombrar más.

Desde entonces se han acumulado 66 vacantes, 15 de ellas en el Tribunal Supremo, otras 30 en tribunales superiores de justicia, otras 20 en audiencias provinciales y la última en la Audiencia Nacional, según datos del CGPJ ofrecidos a este periódico.

«Mi momento más feliz, cuando conseguimos que los alumnos de la escuela judicial hicieran presente de forma entusiasta al Rey en el acto de entrega de despachos», recuerda José Antonio Ballesteros. Otro hecho sin precedentes. Felipe VI no acudió por primera vez al acto en 2020 en el que cada año se ponen la toga los nuevos jueces. La polémica giró en torno a que el Gobierno aludía a razones de seguridad por ser en Cataluña, pero los vocales afearon este gesto y Lesmes pronunció un discurso muy duro.

Y no ha sido el único desencuentro con el Ejecutivo. El CGPJ se ha levantado en varias ocasiones mostrando su rechazo a manifestaciones, especialmente de miembros de Podemos. Dos veces han emitido comunicados expresando su malestar por las palabras del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y otra, la última, sobre la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra que dijo que la condena al diputado Alberto Rodríguez era una prevaricación de los jueces. «Estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión», dijeron.

Tampoco ha habido especialmente sintonía en algunos de los informes consultivos que el CGPJ confecciona para los ministerios. De hecho, tras la polémica sobre la «Ley del sí es sí» en la que los vocales dijeron que se estaban borrando las líneas de la presunción de inocencia, la ministra de Igualdad, Irene Montero, convirtió la Ley del aborto en urgente para sortear que tuviera que pasar por el Consejo. En casi una década, los vocales se han pronunciado sobre leyes de todos los colores, la creación de la Fiscalía Europea, la eutanasia, la memoria democrática, la Ley trans o la Ley de vivienda. Entre las que todavía están en un cajón y que pueden llegar al nuevo CGPJ está la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que cambia el paradigma judicial para entregar la investigación a los fiscales.

«El peor día sin duda el del fallecimiento de Victoria Cinto. Gran amiga y una pérdida irreparable», reconoce Ángeles Carmona. «El momento más triste, sin duda, el que el presidente, al comienzo de una sesión de finales de junio, nos comunicó la muerte de nuestra compañera», coincide no solo Ballesteros sino prácticamente todos los consultados. De los 20 vocales que iniciaron la andadura, el fallecimiento de Cinto y la jubilación de Rafael Fernández Valverde los ha reducido a 18. La última baja, la del presidente Carlos Lesmes. «Para mí un modelo de servidor público que ha dignificado al Poder Judicial como poder y como servicio público, y que no merecía esta salida», destaca el vocal Martínez Moya. Su dimisión ha escrito una página más de los hechos históricos vividos por este CGPJ.