Vocales del CGPJ plantean acudir al Tribunal Constitucional por la reforma que limita sus funciones

Lesmes encarga un informe sobre el alcance de la reforma. Tres asociaciones judiciales piden al Consejo que no permanezca impasible

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)Eduardo Parra

La reforma aprobada ayer definitivamente que impide ya realizar nombramientos discrecionales al Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentre en funciones, una vez vencido su mandato, sigue provocando reacciones y un profundo malestar en gran parte de la Carrera judicial. De hecho, el propio Consejo ha decidido hoy encargar un informe al gabinete técnico para detalle el alcance de la reforma, y, a la vista del contenido del mismo, algunos vocales del Consejo podrían plantear emprender algún tipo de acciones. La decisión se adoptará en un Pleno que celebrará el órgano de gobierno de los jueces y magistrados el próximo 22 de abril. Entre esas acciones que algunos vocales plantean es la posibilidad de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del propio Consejo.

Fue en el punto de “ruegos y preguntas” del Pleno celebrado hoy por el CGPJ cuando el vocal Rafael Fernández Valverde planteó la opción de solicitar al gabinete técnico un informe para que defina el alcance de la reforma , para, entre otras cuestiones, analizar las acciones que puede o no realizar a partir de estos momentos. Por ejemplo, señala al respecto un integrante del Consejo al respecto, “está claro que no podemos hacer nombramientos pero no sabemos si podemos convocar las plazas o no, porque ello puede afectar a candidatos que ahora no reunirían los requisitos pero más adelantes, quizás sí”. “Será una especie de guía práctica de la reforma, para saber lo que podemos y no hacer, pero no entrará ni planteará si es no constitucional o si hay que acudir al Tribunal Constitucional”, especificaron al respecto fuentes oficiales del Consejo.

La vocal Concepción Sáez, propuesta en su día por IU, protestó ante esa petición, pero Carlos Lesmes, zanjó el debate al dejar claro que la petición de informes es una potestad del presidente, por lo que decidió encargar la elaboración del mismo al gabinete técnico.

Será posteriormente, en el Pleno del día 22 de abril cuando se pueda plantear por algunos vocales si “hay opciones que podríamos tomar, entre otras la más viable, si se pude emprender alguna, es la de plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional”, pero ello al margen del contenido del citado informe, que no entrará en ese aspecto.

Esta decisión se produjo casi de forma simultánea a que todas las asociaciones judiciales, excepto Juezas y Jueces para la Democracia, presentaran ante la Comisión Permanente del Consejo, en la que les instaban a no permanecer impasible ante una reforma que le reduce a “un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la Inspección y el régimen disciplinario. Lo que era el palo y la zanahoria se queda sólo en el palo”.

La petición ha sido realizada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria -las dos de mayor representación dentro de la Carrera- y el Foro Judicial Independiente, al considerar que el Consejo debe reaccionar ante la “mutilación” de una de sus principales funciones, como es la de realizar nombramientos, pese a que haya vencido su mandato y hasta su renovación. En concreto, reclaman del Consejo para que “a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución”.

“Asalto disimulado al Poder Judicial”

Estas acciones podrían ser tanto en el ámbito interno como a nivel internacional, y aunque las asociaciones no concretan ninguna, sino que es algo que el propio CGPJ debe estudiar para, en palabras de Jorge Fernández, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, “poner coto a ese asalto disimulado al Poder Judicial”, al permitir la reforma a que el Consejo pueda estar con funciones limitadas de forma indefinida, “sólo con el hecho de evitar la renovación hasta que a los partidos les convenga”.

Junto a ello, las tres asociaciones judiciales denuncian que tras más de dos años, a lo largo de los cuales las formaciones políticas han evidenciado su “incapacidad para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que sean los jueces y magistrados quienes elijan democráticamente a 12 de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces, así como cumplir las obligaciones que les impone la Constitución y renovar en plazo las instituciones”, ahora trasladan las consecuencias de su incompetencia al órgano de gobierno del Poder Judicial, “privándole de una de sus funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política”.

Y, junto a ello, en lugar de garantizarse el funcionamiento de los órganos e instituciones constitucionales, “en particular aquellas diseñadas para asegurar el respeto a los valores y pilares que sustentan el Estado de Derecho y actuar como contrapeso frente a cualquier intento de control o desestabilización, incluidos los que eventualmente pudieran proceder de esos mismos Poderes” ,lejos de trabajar en este objetivo, la reforma se aprobó ayer “sin escuchar a nadie y por vía de urgencia” para impedir que el CGPJ “pueda ejercer plenamente sus competencias constitucionales”.

Por ello, sostiene que con la reforma en cuestión se ha logrado el objetivo que se pretendía: “Reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario. Lo que era el palo y la zanahoria se queda sólo en el palo”. Nada de esto hubiera sucedido, añaden las tres asociaciones judiciales, en lo que es una posición asumida por el Comité de Ministros de la UE, el TEDH, el Grupo GRECO o la Comisión de Venecia, si los vocales de origen judicial del CGPJ fueran elegidos directamente por los jueces.

Por eso, es por lo que se insta al CGPJ a fin de que, a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución.