Moncloa activa su plan B para renovar el Tribunal Constitucional

Moncloa activa su plan B para forzar la renovación del Tribunal Constitucional (TC), que es lo que de verdad le importa desde hace meses. El bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido en un instrumento accesorio, la vía para conseguir cambiar las mayorías del Constitucional, y si fallase de nuevo este camino, el Gobierno se plantea muy en serio formalizar el nombramiento de los dos vocales del TC que le corresponden.

Por debajo de la bronca política subyacen los efectos colaterales en el ámbito judicial de la ruptura de la negociación, sin marcha atrás. Por más mensajes cruzados que puedan seguir enviándose Gobierno y PP, en su estrategia de sacudirse de encima la responsabilidad de que no haya sido posible el acuerdo, la realidad es que el tema se da ya por zanjado. En la cúpula judicial asumen que el camino de la negociación no tiene más recorrido, y en Moncloa están convencidos de que esta situación puede afectar al bloque conservador en el Consejo, provocando una ruptura que en el pasado no fueron capaces de lograr ni siquiera gracias a la mediación del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes (dimitió por no haber sido posible el acuerdo).

Moncloa se pone a ejecutar ese Plan B, que en las filas populares sospechan que puede que haya sido en todo momento el Plan A, pese a la apariencia de negociación que se ha mantenido durante semanas. En paralelo al ataque al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, la jugada se completa con la puesta en marcha de nuevas presiones para conseguir que el CGPJ nombre a sus dos candidatos al TC. Hasta ahora, en el Consejo quedaba la esperanza de ver si iba a ser posible la renovación, esto ya ha quedado claro que no tiene salida, y Moncloa va contando que le llega que hay vocales que van diciendo que ahora «sí van a nombrar».

¿A qué aspira Moncloa? A que Gobierno y Consejo cubran los cuatro puestos que le corresponden en el TC sin que el PP tenga nada que decir. La vacante por cubrir en el Senado, que es cuota PP, necesita de los votos del PSOE.

Cubriendo o no esa baja, el PSOE se haría con el control del TC (7-4 o 7-5), y lo secundario es que el Consejo General del Poder Judicial se quede sin renovar y las vacantes judiciales sin cubrir.

Moncloa está convencida de que «los vocales del CGPJ son plenamente conscientes de la situación a la que se enfrentan», y que deben anteponer la aplicación de la ley sobre cualquier otra consideración ideológica en relación con los nombramientos del TC.

El actual sistema de elección requiere el voto de 3/5 del Congreso. Una mayoría reforzada de 210 diputados. En octubre de 2020, el PSOE y Unidas Podemos registraron una iniciativa para que se pudiesen elegir los vocales por mayoría absoluta de 176 diputados en segunda instancia. La reforma se congeló poco después de presentarse, y no es bien vista en la UE porque choca con su exigencia de despolitización del sistema judicial español.

El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, adelantó ayer, en una entrevista con Carlos Alsina en «Más de Uno», en Onda Cero, que había mantenido una conversación con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, pero no quiso informar sobre el sentido de esta conversación.

Reynders viajó a Madrid para tomar contacto con las dos partes antes de la dimisión de Lesmes y de que se abriese la negociación para el pacto de Estado. Pero el Gobierno no ha ocultado nunca sus recelos hacia el comisario, al que señala por su proximidad al PP. La dirección anterior del PP se movió en Bruselas contra el Gobierno de coalición por su gestión de la Justicia, y ahora está por ver también qué respuesta llega de la capital comunitaria al reventón del diálogo para cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ y del TC, y para establecer un nuevo sistema de elección de los vocales del Consejo.

Además, el PP estudia la iniciativa que presentará en el Congreso para que se someta a votación su propuesta de despolitización y para acabar con las puertas giratorias, basada en la negociación que hasta el viernes mantuvo abierta con el Gobierno. Así lo adelantó también González Pons en la entrevista con Carlos Alsina. El vicesecretario del PP aseguró que tiene por escrito los mensajes del ministro de la Presidencia desmintiendo que en la agenda del Gobierno estuviera la reforma del delito de sedición. Pese a que Pedro Sánchez se lo confirmó personalmente al líder popular en la última conversación que mantuvieron el pasado viernes. «El Gobierno ha elegido a los independentistas», señaló Pons.