El detective de Método 3 intenta resucitar la causa sobre el registro a la agencia en Cataluña

A penas hubo avances desde que en 2020 el dueño de la agencia de espías Método 3 Francisco Marco denunció que su detención hace casi diez años había sido ilegal hasta que el juez de la Audiencia Nacional decidió el pasado 19 de octubre decretar el archivo del caso. Dos años de causa sin informes policiales, ni grandes diligencias pedidas por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de esta línea de investigación del macrocaso “Tándem”. Tal y como llegó se cerró porque el magistrado Manuel García Castellón entiende ahora que los hechos ya han sido investigados por otros juzgados. Pero como el denunciante no está de acuerdo ha solicitado que se le aclare si allí se indagó sobre la legalidad de su detención o si hurgaban en una revelación de secretos para saber a quién puede recurrir.

En el escrito -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- Marco pide “aclarar” si en estos años “se ha investigado solamente acerca del posible delito de revelación de secretos o bien, también se ha incluido la investigación sobre los posibles delitos de detención ilegal y denuncia falsa cometidos por el Sr. José Manuel Villarejo Pérez”. El instructor decidió en 2020 abrir una nueva pieza separada, la número 27 en la causa sobre las actividades del comisario, para ver si él también estuvo detrás de una operación que se llevó a cabo en Cataluña y que terminó con el registro de la agencia de detectives Método 3 y la detención de su dueño y varios trabajadores.

Marco está seguro de que la mano del comisario fue la que movió los hilos después de que se filtrara a la prensa una grabación en el restaurante La Camarga en la que aparecían la exnovia de Jordi Pujol hijo y la entonces presidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho. García Castellón justificó la apertura de esta nueva pieza en esta misma teoría: “una pluralidad de hechos que tendrían su origen en la desavenencias del denunciante con la persona Antonio Giménez Raso [un policía en segunda actividad], quien serviría de los servicios de José Manuel Villarejo para interferir en la actividad de su empresa y que determinarán una serie de chantajes y extorsiones mediante el empleo de los servicios de Cenyt [la empresa del comisario]”.

Pero meses después el giro ha sido de 180 grados, impulsado primero por la Fiscalía Anticorrupción que ya en julio pidió el sobreseimiento. El juez esperó y prorrogó la causa para escuchar a un extrabajador de Método 3 que quiso personarse como perjudicado. Julián Peribáñez declaró el 11 de octubre desligándose de cualquier relación con Villarejo, a quien dijo conocer solo de un día, y de Giménez Raso di quien dijo ser “amigo personal”, pero no tener con él ningún tipo de relación laboral.

De hecho sostuvo que Marco tiene otros intereses espurios en mantener viva esta investigación. “Entiendo que detrás de esta querella hay terceras personas con intenciones de que este procedimiento se dirima aquí en la Audiencia Nacional”, señaló según los audios de su declaración. “¿Qué beneficio ha podido tener el señor Marco a través de este procedimiento?”, le llegó a preguntar el abogado de Villarejo. “Si ustedes analizan las cuentas del señor Marco hay un incremento en los beneficios sobre la facturación que no cuadrarían [...]. Cabría pensar que el señor Marco entre 2019 y 2020 se le ha pagado una importante cantidad de dinero por un trabajo que no genere gastos y no se pueda justificar”, sostuvo ante el juez, relacionándolo con políticos del antiguo partido Convergencia.

El instructor García Castellón, que por cierto mostró bastante urgencia porque el interrogatorio fuera breve, decidió a la semana siguiente terminar con el caso, como adelantó este periódico. Lo justificó, principalmente, en que todo el tema de la grabación de La Camarga ya estuvo judicializado en distintos juzgados de Barcelona (terminó en archivo) y en que, además, las diligencias chocan con otras piezas del “caso Villarejo” que están pendiente de sentencia. “Tras las diligencias desarrolladas en esta instrucción, no ha sido posible concretar los indicios de criminalidad que dieron lugar a su apertura, y que tampoco se aprecian nuevas diligencias de investigación que se puedan reputar como pertinentes, útiles y necesarias”, remarcó el magistrado.

Marco solicita la aclaración “para saber a que tribunal” poder dirigirse en la que sería la última bala para poder investigar el enlace entre Villarejo y el registro de la agencia de detectives en 2013.