Debate de totalidad
El Congreso da el aval a tramitar los impuestos a la banca y energéticas pese al aviso del BCE
Los socios del Gobierno exigen elevar más el gravamen y convertirlo en “permanente”
El Congreso ha rechazado la enmienda a la totalidad que ha presentado Ciudadanos contra la proposición de ley de PSOE y Podemos para gravar los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas. En concreto, la enmienda que buscaba tumbar la norma ha conseguido cosechar solo el apoyo de 61 diputados (Ciudadanos y Vox). El PP se ha abstenido porque no comparte ni el texto alternativo presentado por Ciudadanos ni la propuesta legislativa de los socialistas: Cuca Gamarra ha considerado que el aviso mandado por el Banco Central Europeo es “muy contundente” sobre las posibles consecuencias negativas para el sector financiero porque advierte de que se tiene que legislar “desde la rigurosidad y no desde el populismo”. En todo caso, la proposición de ley continuará su tramitación y ahora se abre el periodo de enmiendas parciales, donde también los socios del Gobierno van a ser exigentes.
Así las cosas, el diputado del PP, Gabriel Elorriaga, ha reprochado que la proposición de ley supone un “fraude” en diferentes ámbitos. A nivel legislativo, ya que se tramita como un proposición de ley impulsada por los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos y por la vía de urgencia para eludir “todos los controles internos de legalidad” (como el dictamen del Consejo de Estado) y porque en “un trámite posterior, como enmienda, se introducirá el impuesto a las grandes fortunas”. También a nivel político porque con “artimañas populistas”, el Gobierno genera “confrontaciones entre pobre y ricos” y reprocha la subida de impuestos desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno: “Son el único Gobierno incapaz de devolver al PIB previo de la pandemia mientras la presión fiscal crece, pasando de 35,4% que había en 2018 al 39% en 2022″. Asimismo, considera que el nuevo impuesto “atenta contra la seguridad jurídica” porque grava bases imponibles que tienen impuestos y es “arbitrario” porque no se concreta por qué se han escogido unos sectores (banca y energéticas) y no otros ni la magnitud para el cálculo.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,ha relativizado el aviso del BCE ya que no pide “ni siquiera la paralización” de la tramitación de la ley. “Es un pronunciamiento respecto a la prudencia a la hora de evaluar la puesta en marcha del tributo”, ha señalado en el Congreso, y ha aducido que, precisamente, han elaborado este impuesto con una duración de dos años “para evaluar su funcionamiento”. “El informe plantea recomendaciones generales a las que estamos acostumbrados”, ha resumido.
En paralelo, los socios del Gobierno ya advierten de sus intenciones durante la tramitación. Tanto Esquerra como Bildu han avisado que son ambiciosos y rechazan aceptar estos impuestos como “temporales”: aspiran a convertirlos en “permanentes” y a gravar con mayor intensidad los beneficios de ambos sectores. “Vamos a ser insaciables”, ha avisado Oskar Matute (Bildu). “Vamos a presentar una enmienda para que este impuesto que el Gobierno baraja como temporal sea permanente”, ha expuesto Joan Margall (ERC). Txema Guijarro (Podemos), por su lado, ha dicho que el gravamen “ni de lejos” se acerca a “las prebendas que han recibido del Estado” ambos sectores, por lo que ha venido a decir que debería elevarse para lograr mayor recaudación.
Finalmente, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, ha asegurado que están de acuerdo con el “fondo” de estos gravámenes “avalados por Europa” y “bien recibidos por la sociedad” para “financiar el alivio” con medidas solidarias, pero ha criticado las “formas” porque ven “ciertos problemas técnicos para la seguridad jurídica y pueden acabar siendo medidas anuladas por tribunales”.
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