El BCE advierte de que el impuesto a la banca de Sánchez pone en riesgo la concesión de crédito y la estabilidad financiera

Varapalo al Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). En su esperado dictamen sobre el nuevo impuesto sobre la banca, valora de forma negativa su aprobación por ser “contraproducente” en aspectos como la concesión de crédito o la estabilidad del sistema financiero. En su comunicación reclama al Gobierno español que realicen un “análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas” que el impuesto vaya a tener sobre la banca y el propio sistema financiero, con el objetivo de “garantizar” que éste no plantee “riesgos verdaderos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico”.

Las advertencias no se quedan aquí y critican especialmente el sentido de este tributo especial dirigido únicamente a algunas entidades españolas, lo que podría “falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria”. Además, el BCE recalca que el hecho de que la confusa redacción del tributo sobre los beneficios obligue a pagar a entidades en pérdidas o sin beneficios extraordinarios “distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario”.

En este sentido, los expertos del BCE no dejan títere con cabeza a sus críticas a este impuesto, actualmente en trámite parlamentario, y cargan tanto contra su estructura como su propio diseño, dado que el gravamen temporal atiende a los ingresos totales por intereses y comisiones correspondientes a 2019, por lo que es posible que estas entidades registren unos beneficios bajos o pérdidas en el momento en que se recaude de forma efectiva el gravamen. “Si la capacidad de las entidades de crédito para alcanzar posiciones de capital adecuadas se ve perjudicada, esto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general a través de los bancos”, advierte.

En su dictamen, publicado y firmado por la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, avisa de las graves inconsistencias de este gravamen e insta al Gobierno a frenar su tramitación hasta que se haya hecho “un riguroso análisis” de sus consecuencias en el sector y en la economía, cuyos “efectos puede ser contraproducentes” y contrarios al objetivo que se quiere alcanzar. Así, el BCE recomienda que la propuesta legislativa vaya acompañada de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, detallando, en particular, el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que “se garantice que su aplicación no plantee riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos”, sostiene el organismo.

El supervisor bancario insiste en su texto en que la base sobre la que se establecería el gravamen temporal “no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no comprende, entre otros, los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito, por lo que el importe del gravamen temporal podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito”. Por ello entiende el BCE que, como consecuencia de la aplicación general del gravamen temporal, las entidades de crédito que “no se benefician necesariamente de las condiciones actuales del mercado y podrían ser menos capaces de absorber los posibles riesgos a la baja de una recesión económica”.

También ve el organismo bancario falta de información sobre el papel que otorgará el Gobierno al Banco de España para que garantice “el cumplimiento por parte de las entidades de crédito del requisito establecido en la proposición de ley de no trasladar el importe del gravamen temporal a sus clientes”, y sobre cuáles serán los instrumentos que se activarán para llevar a cabo su mandato de control.

El impuesto a la banca y a las energéticas firmado por PSOE y Podemos propone gravar el 1,2% de las ventas de las energéticas con una facturación superior a los 1.000 millones de euros, así como el 4,8% del margen de intereses más comisiones de los bancos con más de 800 millones de ingresos. Su objetivo sería recaudar entre ambos conceptos unos 7.000 millones durante los dos próximos ejercicios.

El dictamen del BCE no es vinculante para el Gobierno, pero sí marca un camino recto que tanto el Ministerio de Hacienda como el de Asuntos Económicos no pueden ignorar sin poner en peligro la credibilidad del sistema financiero español y provocar un impacto negativo entre los inversores. Como recalca el BCE, esta recomendación es “especialmente pertinente en el actual entorno económico y financiero, que presenta una gran incertidumbre, y ante la perspectiva de que las provisiones para pérdidas crediticias de las entidades de crédito aumenten debido a la acusada ralentización prevista de la actividad económica”.