El Gobierno no renovará hasta 2030 siete aviones anticuados contra incendios

El Gobierno no renovará hasta 2030 siete aviones para la extinción de incendios que están anticuados. Los medios de la Administración General del Estado para sofocar las llamas de la peor crisis forestal en tres décadas se han convertido en el caballo de batalla del PP, que cuestiona al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su «falta de previsión».

Y lo cierto es que el Tribunal de Cuentas señala en un informe de fiscalización, fechado en octubre de 2023, que las unidades (18) propiedad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «están compuestas por aeronaves en el tramo final de su vida operativa, con más de 30 años en servicio, junto con otras más modernas, puestas en servicio a partir de 2013».

El citado informe, que actualiza uno previo de 2018, refiere que el Ministerio «tiene prevista la adquisición de siete aeronaves de extinción de incendios del modelo DHC-515 cuya entrega está prevista para el año 2030». Además, se precisa que el Gobierno «pretende modernizar cuatro aviones CL-415 con una antigüedad inferior a 15 años para ampliar su vida útil a 25».

Además, el informe sostiene que «hay determinadas medidas recogidas en la Estrategia Forestal Española y en el Plan Forestal Español destinadas a una mejora en la extinción de los incendios forestales que no se han llevado a cabo, como, por ejemplo, las subvenciones a primas de seguros obligatorios de reforestación, cuando se trate de un monte de utilidad pública, o no existan coberturas privadas en la línea de la operativa de los seguros agrarios».

A su vez, siempre según este informe, «se encuentra pendiente la valoración de la viabilidad de algunas medidas, como la limitación de las reforestaciones en zonas de alto riesgo de incendios o la coordinación de la política agraria para fomentar roturaciones o cultivos no combustibles en zonas declaradas de alto interés estratégico, actuando como cortafuego».

El Tribunal de Cuentas recuerda que las competencias de extinción son de las comunidades autónomas, pero explicita que algunos organismos dependientes del Ejecutivo central tienen autonomía suficiente para actuar por su cuenta sin esperar directriz política alguna.

Es el caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bajo el mando del Ministerio de Defensa. Esta unidad del Ejército es uno de los medios con los que cuenta el Ejecutivo central para reforzar a las comunidades junto con los citados medios aéreos y terrestres de titularidad o contratados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La UME, ante este tipo de catástrofes, actúa una vez que el Ministerio del Interior, previa petición de la comunidad autónoma correspondiente, solicita al Ministerio de Defensa su despliegue.

«La regla general es que el despliegue de los medios estatales se produzca previa petición de las comunidades, cuando el incendio se considera de nivel 2. No obstante, habida cuenta de que los medios estatales, tanto terrestres como aéreos se encuentran distribuidos geográficamente por el territorio nacional, existe un procedimiento denominado de despacho automático previsto para incendios que se produzcan en un radio geográfico de 50 km desde la base».

La riña política no hace más que subir los decibelios. El Gobierno pudo declarar la emergencia nacional al amparo de la ley. Pero optó por respetar la competencia autonómica.

Precisamente, el informe del Tribunal de Cuentas achaca la posible existencia de disfunciones en la coordinación entre todas las administraciones del Estado a «la falta de conocimiento del detalle exacto del conjunto de medios existentes por parte de las comunidades autónomas».