El Gobierno esperará al CGPJ para renovar el Tribunal Constitucional

El Gobierno se mantiene en compás de espera. Tras la abrupta ruptura de las negociaciones para impulsar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Moncloa se impone la prudencia. No hay ningún incentivo para acelerar el ritmo ni para desvelar anticipadamente los siguientes movimientos que todavía se estudia dar. En el Ejecutivo creen que el tiempo juega ahora a su favor y quieren explotar al máximo el «marco» que ha propiciado la implosión del acuerdo con el PP para poner fin a casi cuatro años de bloqueo del CGPJ. La estrategia pasa, a día de hoy, por «colocar todo el foco ahí», en lo «antidemocrático» y la «anomalía» que supone, aseguran fuentes gubernamentales, que «un partido diga que no va a cumplir la Constitución». «Renovar el CGPJ es una exigencia constitucional, no podemos naturalizar algo que es muy grave», señalan las citadas fuentes.

El Gobierno no quiere hablar de la siguiente pantalla, de la salida «legal» que buscan al bloqueo judicial; prefiere, por el momento, exprimir al máximo la palanca de presión sobre Alberto Núñez Feijóo, para insistir en el cuestionamiento de su perfil moderado y de hombre de Estado. A pesar de que Pedro Sánchez evitó ayer exhibir un tono duro contra la portavoz popular, Cuca Gamarra, en la sesión de control al Gobierno, fuentes de Moncloa defienden su intervención como «contundente en el fondo» –en la que exigió cumplir la Constitución– y aseguran que esa es la línea que van a seguir.

«Estamos donde tenemos que estar», en contraposición, a un PP al que definen como «radicalizado» y que tiene que recurrir a Carles Puigdemont como argumento para desgastarles. «Están en la desesperación absoluta y en la descalificación», dicen en el Gobierno sobre el principal partido de la oposición. En Moncloa creen que la «espantada» de Feijóo con el CGPJ se suma a los «muchos errores» que ha cometido en los últimos meses y entre los que enumeran su posición sobre los impuestos a la banca y las energéticas –que hoy se debaten en el Congreso– y sobre el debate energético, en concreto, citan la excepción ibérica. «No hay un proyecto, no hay liderazgo», aseguran.

Sin embargo, más allá de explotar la crítica y elevar al máximo la presión sobre el principal partido de la oposición, el Ejecutivo no muestra una actitud proactiva para acabar con el bloqueo. Aseguran que «no podemos estar en esta situación otros cuatro años», pero no desvelan cuál es su hoja de ruta para evitarlo. La reforma que rebaja el sistema de mayorías para la elección parlamentaria de los vocales del CGPJ –que permitiría sortear el veto del PP y que Unidas Podemos defiende con vehemencia– no está sobre la mesa. Sigue guardada en el cajón al que el Gobierno la condenó tras las advertencias del Consejo de Europa por la falta de garantías, ya que podía suponer «una violación de las normas anticorrupción».

En el Ejecutivo miden bien sus pasos. Si no hay prisa, tampoco se prevé hacer experimentos. Por ello, tal como confirman fuentes gubernamentales, el Gobierno no valora –tras dinamitarse el acuerdo para el CGPJ– impulsar en solitario el nombramiento de los dos candidatos que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional. «Vamos a esperar a ver qué hace el CGPJ», dicen, sobre el actual órgano de gobierno de los jueces, al que le corresponde elegir a los otros dos magistrados para el Alto Tribunal. Cuando el pacto parecía inminente, el Consejo interrumpió su actividad porque consideraba que la renovación del TC debía quedar en manos del órgano entrante, pero, ahora que todo ha estallado, han vuelto a «activar los trabajos», según confirman en Moncloa, donde se muestran optimistas sobre que lleguen a culminar el «mandato legislativo», que, por otro lado, llevan incumpliendo desde que expirara el plazo establecido, el pasado 13 de septiembre.